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Foros y audiencias públicas para garantizar la participación social en Castilla-La Mancha

Foto: Europa Press

Alicia Avilés Pozo

  • Así lo contempla el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, que también recoge la creación de un Observatorio y un Programa Anual de gestión

Estrechamente ligado a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, recién aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha, el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana ofrece una serie de claves que cambiarán la forma en que hasta ahora se han entendido las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Cuando este texto entre en vigor, el objetivo es conseguir que haya una direccionalidad “de abajo hacia arriba” y que incluso la sociedad pueda auditar, aunque no sea en su totalidad, la gestión del Ejecutivo autonómico. Para ello, uno de los instrumentos contemplados en la Ley son las consultas ciudadanas, en varias modalidades.

Una de ellas es su ejecución, por parte de cada una de las consejerías del Gobierno, utilizando los mecanismos demoscópicos que en cada situación sean más adecuados  a la naturaleza o características del asunto, con el objeto de conocer la opinión de la  ciudadanía. Pero también incorpora la posibilidad más concreta de llevar a cabo audiencias ciudadanas. En este último caso se trataría de “garantizar que  las personas directamente afectadas por una política pública puedan ser escuchadas antes de adoptar una decisión sobre el asunto que les afecta”.

Otra alternativa incluida en el anteproyecto son los foros de consulta: espacios creados con carácter temporal para debatir y reflexionar sobre los efectos de una política pública, así como elaborar análisis valorativos de los efectos reales de dicha política en la calidad de vida de la ciudadanía.

Y además, incorpora otras dos modalidades muy novedosas: paneles ciudadanos, como espacios de información creados con carácter temporal y que tienen por finalidad responder a las consultas planteadas por la ciudadanía sobre cualquier asunto de interés público; y los consejos ciudadanos, como grupos creados para  analizar los efectos de una determinada acción, proyecto o programa llevado a cabo por la consejería que los constituye.

Al margen de las consultas, una Ley de este calibre necesita evaluar su propia gestión. Es el objetivo con el que se contempla la elaboración de un Programa Anual  de Participación Ciudadana. Se trata del documento estratégico que contendrá los proyectos normativos, planes o programas derivados de las políticas públicas que serán objeto de los procedimientos de participación.

Contenidos del Programa Anual de Participación

En este programa deberá estar incluida la elaboración de planes o programas de carácter plurianual; los proyectos normativos con rango de ley que afecten a derechos civiles, políticos y sociales; los programas operativos en el marco de la utilización de los fondos europeos; y otras políticas públicas que las consejerías competentes consideren oportuno someter a procedimientos o instrumentos de participación.

De hecho, la Consejería de Hacienda podrá proponer la inclusión en el Programa Anual de aspectos puntuales del gasto, cuyos créditos prevean incluirse en el anteproyecto de  ley  de  presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio siguiente, a los efectos de que pueda abrirse “un procedimiento de deliberación participativa sobre priorización de objetivos”.

Por su parte, desde la Vicepresidencia se elaborará un proyecto de Programa Anual de Participación Ciudadana con las informaciones recibidas y abrirá un periodo de información pública por un plazo mínimo de 20 días. Durante este plazo, los ciudadanos, directamente o a través de los órganos de participación previstos en esta u otras leyes, podrán proponer la inclusión de otros planes, programas, proyectos normativos o políticas públicas.

Concluido el trámite de información pública, la Comisión Interdepartamental de Participación Ciudadana (órgano de nueva creación) formulará la propuesta de Programa Anual de Participación Ciudadana, teniendo en cuenta, en su caso, las iniciativas y sugerencias efectuadas por la ciudadanía y por el Observatorio Ciudadano de Castilla La Mancha, otro órgano de nueva creación que estará adscrito a las Cortes Generales.

Todo llegará al nuevo Portal de Participación

Tras las actuaciones  anteriores, se elevará  la propuesta de Programa Anual de  Participación Ciudadana para su aprobación por el Consejo de Gobierno dentro del  primer trimestre de cada ejercicio. El programa será publicado en el Portal de Participación Ciudadana (que se creará en base a esta ley).

El primer programa de este tipo se elaborará y aprobará en los tres primeros meses del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, es decir, en 2018. Por su parte, el primer informe del Observatorio de la Participación se elaborará y aprobará cumplido el primer año de su actividad y referido al mismo.

Este anteproyecto de Ley ya ha sido tomado en consideración por parte del Consejo de Gobierno para su remisión al Consejo Consultivo. En su texto se recogen además un bloque de derechos de los ciudadanos como actores principales de la norma, principalmente su derecho a  la iniciativa, individual o colectiva, para promover instrumentos o procedimientos de participación ciudadana en el marco de gestión de los asuntos públicos.

También podrán disponer, con carácter previo y con el tiempo adecuado, de toda la información pública sobre la materia objeto de participación, a fin de formarse  elementos de juicio fundados. Se ha establecido también que en este sentido,  los  poderes públicos establezcan todas las medidas para garantizar el acceso a la  información de aquellos colectivos que se encuentren en condiciones desfavorables o especialmente vulnerables, en particular, mediante las nuevas tecnologías, con el soporte y asistencia técnica que proceda.

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