Impulsan una iniciativa popular para garantizar por ley un máximo de pacientes por enfermera

Castilla-La Mancha necesita un total de 5.811 enfermeras y enfermeros para alcanzar, al menos, la media europea. La ratio de estos profesionales por 1.000 habitantes en Castilla-La Mancha es 5,43 mientras que en Europa es 8,8 enfermeras y enfermeros por 1.000 habitante. Así lo ha dado a conocer el sindicato SATSE a través del estudio 'Análisis de la situación de los enfermeros y enfermeras en los centros sanitarios de Castilla-La Mancha'.

Según este documento, un profesional de Enfermería tiene a su cargo hasta 17 pacientes en una planta de hospital de la región mientras que la ratio segura es de entre seis y ocho pacientes. Por ello, se requeriría aumentar la actual plantilla hasta contar con 16.988 enfermeras o enfermeros.

Del total del 'déficit' de enfermeras y enfermeros, en Atención Especializada serían 3.210, mientras que en Atención Primaria se requieren 688. Por provincias, Albacete necesita un total de 730 enfermeras; Ciudad Real hasta 926; Cuenca 502; en Guadalajara, 1.021 y  2.632 necesita Toledo para alcanzar la media europea. 

Son las cifras que han llevado a esta organización sindical a iniciar una recogida de firmas en Castilla-La Mancha para que el Congreso de los Diputados debata una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que garantice por ley un número máximo de pacientes por profesional de Enfermería en esta comunidad autónoma y ofrecer así “una mejor atención sanitaria con mayor calidad y seguridad”. 

El secretario general de SATSE en Castilla-La Mancha, Juan Francisco Ruiz, ha explicado que, tras el visto bueno del Congreso a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular, el Sindicato de Enfermería iniciará una campaña de información y sensibilización social bajo el lema “La Sanidad que merecemos”, con el objetivo de aumentar las plantillas en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Una de sus principales acciones será recabar a lo largo de los próximos meses las 500.000 firmas necesarias para que la ILP se debata en el Parlamento nacional. 

En concreto, la organización sindical instalará a lo largo de los próximos meses múltiples mesas y puestos informativos en los hospitales y centros de salud de Castilla-La Mancha, además de en otros emplazamientos de numerosas localidades, para que profesionales y ciudadanos apoyen con su firma el aumento de las plantillas enfermeras en el Sescam.

“Un claro riesgo para la salud y para la seguridad”

Desde SATSE resaltan que el déficit de plantillas enfermeras en la región es muy preocupante y supone “un claro riesgo para la salud y para la seguridad de todos los castellano-manchegos”. Por ello, ha decidido impulsar esta Iniciativa Legislativa Popular y recabar en la comunidad autónoma el mayor número posible de firmas. La organización sindical mantendrá también reuniones con responsables de la Consejería de Sanidad, del Sescam, partidos políticos, instituciones y otros colectivos de interés al objeto de que se sumen a esta iniciativa. Igualmente, la propuesta será trasladada a las Cortes regionales, a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos.

La campaña incluye la difusión de distinto material informativo (carteles, folletos explicativos, pegatinas), vídeos temáticos, testimonios de personalidades públicas relevantes, así como el desarrollo de estrategias específicas de comunicación.

SATSE recuerda que en España no existe una legislación específica que regule la asignación de número máximo de pacientes por cada profesional. Por ello, en cada comunidad autónoma se establece el número de enfermeras y enfermeros de sus plantillas en función de criterios diversos en los que “cuenta más el interés por el ahorro económico que mejorar la calidad y seguridad de los cuidados”, apunta. 

Considera por tanto el Sindicato de Enfermería que si se aprueba esta Ley, los pacientes recibirán una atención “más segura, humana y de mayor calidad”, y serán tratados con los mismos niveles de cuidados independientemente del lugar en el que residan. Asimismo, los profesionales “trabajarán con una menor carga laboral, lo que repercutirá positivamente en su salud y seguridad en el trabajo”, y el sistema sanitario español, “además de mejorar la atención que presta, será más eficiente a nivel económico y social”.