La Junta planteará defender “con una sola voz” el modelo de financiación autonómica
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, presentará en unos días un documento a los grupos políticos con las propuestas que llevaría Castilla-La Mancha al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
Se trata, según explicaba el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, de que Castilla-La Mancha tenga “una sola voz” ante el Gobierno central defendiendo los “principios” que debería incluir el nuevo modelo. El Ejecutivo regional buscará el consenso político en la región con el objetivo de garantizar un nivel de prestación de servicios con recursos “suficientes” y teniendo en cuenta las competencias que en la actualidad tiene asumidas la región. Un modelo dotado económicamente y que además “se mantenga en el tiempo y evolucione según se incrementen los ingresos totales del Estado”.
Ruiz Molina asegura que Castilla-La Mancha “no quiere discutir sobre cómo se reparten los recursos sino poner sobre la mesa el conjunto de ingresos a distribuir entre los distintos niveles de las administraciones públicas”, y, además, teniendo en cuenta las competencias que asumen.
Para el consejero es “importante” que el nuevo modelo de financiación autonómica contemple los “costes reales” en los que incurre cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta variables como la superficie, la dispersión de la población o la tasa de envejecimiento porque “no es lo mismo prestar la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha que en otras zonas donde la población está más concentrada”.
Otra de las cuestiones que incluiría el documento se refiere a hacer “efectivo” el principio de solidaridad, modificando el Fondo de Compensación Territorial y dotándolo adecuadamente. “El modelo debe ser instrumento de convergencia de todas las Comunidades Autónomas”, decía el consejero.
El tercer aspecto en el que quiere incidir el Gobierno regional es la “lealtad institucional”.El consejero se mostró confiado en poder negociar cuanto antes el nuevo modelo que “lleva un retraso de dos años” y mientras, en el ámbito de Castilla-La Mancha, espera contar “con el respaldo de todas las fuerzas políticas para lograr financiación acorde con las competencias asumidas y el coste real de educación”.
Un objetivo de déficit para 2016 “más relajado”
Un objetivo de déficit para 2016 “más relajado”El consejero ha valorado la asignación del objetivo de déficit a las Comunidades Autónomas para este año 2016 que se cifra en el 0,7% sobre el PIB, cuatro décimas por encima del inicialmente previsto. Un objetivo dijo “más relajado” y que dejará margen al Ejecutivo regional para cubrir necesidades relacionadas con el gasto social y, en particular, con la intención del presidente regional, Emiliano García-Page, de “terminar con los barracones en Educación. Ese puede ser el destino del margen”, aseguraba Ruiz Molina.
No obstante, para Juan Alfonso Ruiz Molina, el 'ideal' de objetivo de déficit para Castilla-La Mancha estaría en torno al 1,2% sobre el PIB, teniendo en cuenta, dijo, que las Comunidades Autónomas asumen una parte importante de competencias vinculadas al Estado de Bienestar.
El consejero lamentó también el “retraso” en la percepción del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de cuyo montante, dijo, se dispondrá “de forma inmediata” y permitirá pagar el Plan Extraordinario de Empleo a los ayuntamientos.
Mensaje al PP sobre la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias
Mensaje al PP sobre la Ley de Medidas Administrativas y TributariasAdemás, el consejero pidió al Partido Popular su voto favorable en el pleno de las Cortes regionales de este jueves para la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. “No aprobar esta ley sería dar un paso atrás en los derechos de los funcionarios que ahora pide recuperar el PP”, dijo. “Espero que vote al favor porque afecta a funcionarios, dependientes y a quienes peor lo están pasando”. Y es que, entre otras cosas, también supondría un “complemento” para la entrada en vigor del Plan de Rescate Ciudadano, dotado con 629 millones de euros y que está contemplado en los presupuestos regionales pero también en la propia Ley de Medidas Administrativas y Tributarias.
