La Junta podría abonar 213 millones de euros por las expropiaciones del aeropuerto
Hasta 213 millones de euros podría llegar a abonar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en caso de que comiencen a llover las demandas para hacerla responsable subsidiaria de las expropiaciones del aeropuerto de Ciudad Real. Así, se desprende de una reciente sentencia y otra no tan reciente pero conocida esta semana por las que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha convierte al Gobierno regional en parte subsidiaria de los pagos que debe afrontar la sociedad Aeropuertos CR por las expropiaciones, al ser la encargada de fijar el justiprecio para expropiar los terrenos.
Los 213 millones de euros se obtienen de otra sentencia y que el año pasado consideraba que se habían vulnerado los derechos al calificar como proyecto de singular interés el aeropuerto. Así el precio de estos terrenos aumentó de más de 300 a más de 500 millones de euros, ya que no se debió de haber pagado como terreno agrícola, en base a la figura creada ex profeso dentro de la modificación de la Lotau, sino como suelo urbanizable.
“La Administración debe calibrar debidamente a favor de quién ejerce la potestad expropiatoria, que es la más agresiva y grave de las existentes en derecho respecto de la propiedad particular, ejercitándola a favor de quienes tengan plena capacidad para responder de la obligación de pago del justiprecio; pero si calibra mal y la ejerce a favor de quien carece de la mínima capacidad para cumplir con sus compromisos, entonces debe responder ella frente a los expropiados y a título expropiatorio, sin perjuicio de que esté en su pleno derecho de ejercer cuantas acciones considere oportunas contra el beneficiario a favor del cual ella misma actuó”. Estas son las palabras textuales que resumen el sentir de las sentencias, dictaminadas para dos de estos propietarios y a los que la Junta de Comunidades deberá abonar 1,4 millones de euros, aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo por estos hechos.
El razonamiento utilizado dentro del texto legal hace referencia a un caso recientemente juzgado sobre las autopistas radiales, cuyas concesionarias entraron en quiebra, igual que el aeropuerto, sin haber abonado las cantidades correspondientes a las expropiaciones. En este sentido, el Tribunal Supremo dictaminó que el Estado es parte subsidiaria de estos hechos, por lo que aunque no fuera el beneficiario final de las autopistas, en principio pensadas para ser privadas, sí debía hacer frente al pago de la compra de los terrenos al fijar su precio.
La Junta de Comunidades en los razonamientos esgrimidos contra la primera de las dos sentencias conocidas por el caso de las expropiaciones del aeropuerto, argumenta que el nuevo precio de las expropiaciones no indica quién debe abonarlo así como que aún se desconoce la situación futura del concurso de acreedores, solicitando, por último, que no se tengan en cuenta los razonamientos seguidos en el caso de las radiales. Todos estos argumentos no son admitidos por el Tribunal Superior quien quiere prevalecer la situación de desamparo de quienes son expropiados de una parte y de otra desligar el pago de estas expropiaciones del futuro del concurso del aeropuerto, argumentando que son dos aspectos separados y recordando al Gobierno regional su capacidad de personarse como parte contra la sociedad aeroportuaria en quiebra.
“No es la institución de la responsabilidad patrimonial de la que hace derivar la sentencia la obligación del pago del justiprecio por la Administración, sino que lo hace directamente de la expropiación, al estimar que, con independencia de que intervenga un tercero como beneficiario, la declaración formal de concurso y la incertidumbre que genera sobre la integridad y tiempo del pago del justiprecio, obligan a la Administración al pago del
mismo“, se indica de forma textual en el documento jurídico, haciendo referencia al hecho de que con independencia del concurso de acreedores y que la expropiación se haya efectuado por un tercero debe ser el Gobierno regional el encargado de pagar, debido a la incertidumbre en que se encuentra el aeropuerto.
Las dos sentencias suponen una posibilidad para que el resto de propietarios que fueron expropiados para la construcción de la infraestructura interpongan demandas contra el Gobierno regional reclamando el pago del justiprecio fijado como suelo urbanizable para los terrenos del aeropuerto y que suman esos 213 millones de euros, aunque aún no hay noticias de que se hayan interpuesto más demandas en este sentido, o si esta cantidad conocida después de la declaración del concurso de acreedores del aeropuerto pudiera ser mayor en caso de que en su día, cuando se efectuaron las expropiaciones, estas no se hubieran pagado.
Los terrenos del aeropuerto ya ocasionaron una agria polémica entre el PSOE y el PP regional a cuenta de la modificación de la Lotau y los costes que podría acarrear el cambio de los terrenos de agrícola a urbano en el pago de las expropiaciones. De producirse una lluvia de demandas y que estas fueran admitidas podrían llevar a que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha destinará más dinero a unas expropiaciones realizadas para una sociedad privada y para una infraestructura cerrada y en periodo de venta, que todo el gasto destinado en los presupuestos regionales a políticas de Empleo en 2014, unos 143 millones de euros.
