Un juzgado de Albacete anula la prohibición de celebraciones religiosas por el confinamiento de Villamalea
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Albacete adopta las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Abogados Cristianos y acuerda suspender la orden de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha por la que se prohibía cualquier actividad religiosa en la localidad de Villamalea.
El juez asegura en su auto, al que ha tenido acceso Albacetecapital.com, que dicha orden “resulta excesiva y genérica en cuanto a su pretendido ámbito de aplicación, además de ambigua y carente de justificación concreta bastante para cercenar el ejercicio de un derecho fundamental”.
Este magistrado señala además que “el ejercicio de la libertad religiosa, con las limitaciones y condiciones ya impuestas por las normas estatales, no supone peligro cierto de contagio”, y añade que “el estado de la ciencia actual de público y notorio conocimiento, permite afirmar que los actos religiosos no están entre los elementos propagadores a diferencia de las celebraciones familiares, actividades lúdicas y recreativas y el ocio nocturno; eventos estos que no han sido suspendidos y cuyo desarrollo se ha sometido a condiciones concretas de ejercicio tras haber efectuado una ponderación de los intereses en conflicto”.
Querella contra el consejero de Sanidad
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebra la decisión e insiste en que “la justicia no puede permitir que algunos gobernantes utilicen la situación actual para imponer su laicismo extremo”.
En este sentido, asegura que “se trata de algo gravísimo que atenta contra derechos protegidos en la Constitución Española y en todos los convenios internacionales de protección de los Derechos Humanos. Y pide que el responsable de esta orden sea inhabilitado”.
La Asociación Española de Abogados Cristianos ya ha interpuesto una querella por este motivo contra el Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, por prevaricación y delito cometido por funcionario público contra el ejercicio de derechos fundamentales y no descarta acciones legales contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
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