Más de 130 millones de euros para la gestión y mantenimiento de las depuradoras y el impulso del empleo en el sector

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 102,5 millones de euros para mantener y gestionar adecuadamente 238 depuradoras de aguas residuales en la región que dan servicio a 265 localidades. El portavoz regional, Nacho Hernando, ha señalado que así se contrarrán las labores de mantenimiento, gestión y explotación de dichas depuradoras durante cuatro años, más una posible prórroga de otro año más.

El conjunto de tales depuradoras se ha dividido la Zona 1 para Toledo y zona de Anchuras (Ciudad Real); Zona 2 para Ciudad Real, Zona 3 para Albacete y zona sur y este de Cuenca más Ruidera (Ciudad Real), y Zona 4 para Guadalajara más zona norte y oeste de Cuenca. Este contrato supondrá la contratación de 34 operarios nuevos, en un total de 247 especialistas en depuración, una “cifra importante en términos de empleo y en un sector absolutamente fundamental para que tantos municipios grandes como pequeños puedan cumplir con la normativa medioambiental y no se vean expuestos a posibles sanciones por parte de la Unión Europea”.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de más de 4,8 millones de euros para mejorar el control del abastecimiento y la depuración de agua potable en 417 poblaciones de la región que aglutinan a una población superior a los 750.000 habitantes y que en verano puede sobrepasar el millón de personas.

La aprobación de este gasto permitirá contar con 35 técnicos especializadas en materia de agua, con sus correspondientes vehículos y todo el material necesario para prestar el servicio requerido, teniendo en cuenta la dificultad que conlleva la gran dispersión de las infraestructuras existentes en nuestra región y gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Igualmente, se ha aprobado una inversión de más de 24,7 millones de euros para los sistemas de abastecimiento de Picadas-Almoguera y la Mancomunidad ‘El Girasol'.

La medida permitirá seguir abasteciendo con agua de excedente calidad a más de medio millón de habitantes de las provincias de Toledo y Cuenca, incluida la capital regional, garantizando así el correcto funcionamiento del suministro hasta el 2023 en 125 municipios, incluyendo los 45 municipios de la Mancomunidad del Río Algodor; también se ha aprobado un gasto de casi cuatro millones de euros para la contratación del proyecto y obra para la mejora y ampliación de una de las dos depuradoras de aguas residuales de Tarancón.

Adendas al Plan de Empleo Regional

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de dos adendas a los convenios entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y las diputaciones provinciales de Albacete y Ciudad Real para complementar la aportación financiera de dichas Diputaciones al Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha 2018-2020 y compensar los efectos del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019.

Hernando ha afirmado que la Diputación de Toledo lo hará en breve y que el Ejecutivo autonómico “está a la espera de ver si también deciden suscribir estas adendas las diputaciones de Cuenca y Guadalajara”.

Aprobado el decreto de la “ITV” de los edificios

Por último, se ha aprobado el Decreto del Informe de Evaluación de los Edificios que establece la obligación de realizar este informe a toda edificación, cualquiera que sea su uso o destino, no solo el residencial como hasta ahora, y que tenga una antigüedad superior a 50 años. La modificación de este Decreto recoge una cuestión “muy demandada” por los colectivos profesionales y empresariales del sector de la construcción y obedece igualmente a un anterior Decreto de 2015, para así mejorar la tramitación y registro de estos instrumentos técnicos que garanticen el estado de conservación de los inmuebles.

El nuevo Decreto ahora aprobado regula la elaboración de los Informes de Evaluación de los Edificios, lo que, en palabras de Hernando, “viene siendo la ITV de los edificios”, y su inscripción en el Registro a través de una nueva plataforma informática de acceso general a la ciudadanía que moderniza la tramitación de este instrumento y simplifica notablemente la carga administrativa aparejada.