Los municipios de la cabecera del Tajo estallan contra el Gobierno por infrautilizar las desaladoras

La asociación de Pueblos Ribereños de Entrepeñas y Buendía se levanta de nuevo contra la política hidráulica del Gobierno en relación con el Trasvase Tajo-Segura. La última protesta de esta plataforma, que reivindica el cierre definitivo de la tubería, se produce después de que se conociera que la Unión Europea sanciona a España por el uso inapropiado que ha hecho de las desaladoras.

En concreto, el Ejecutivo de Rajoy deberá hacer frente a una multa de 90 millones de euros por no haber puesto en funcionamiento cinco desaladoras, cuatro situadas en la Comunidad Valenciana y otra en Almería. Una sanción de 35 millones de euros por la infrautilización de las plantas de Oropesa y Moncofa, en la provincia de Castellón y otros 55 millones de euros a cargo de la desalinizadora de Torrevieja, en Alicante.

En cuanto a la infraestructura situada en Murcia solo se está explotando al 10% de su capacidad, en un momento extremo de sequía en todo el país y cuando los pantanos de Entrepeñas y Buendía se encuentran mermados a un nivel inferior al 10%. “Es una tomadura de pelo incomprensible y una muestra más de la mala gestión del Ministerio que, por un lado, está esquilmando los embalses y al mismo tiempo tiene que pagar sanciones por no haber utilizado las desaladoras”, afirma Francisco Pérez Torrecilla, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños a eldiarioclm.es.

Estas plantas desalinizadoras se construyeron, a través de fondos comunitarios en el marco del Plan Agua, aprobado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de paliar el déficit hídrico en la zona del Levante. El desarrollo de las desalinizadoras, que se llevó a cabo hace más de diez años, supuso entonces al Ministerio de Agricultura una inversión de 200 millones de euros. Ahora, según denuncia el presidente de los Ribereños, “por no ponerlas en marcha, el Gobierno tiene que devolver a la Unión Europea a costa de todos los españoles 90 millones de euros”, una cantidad con la que, a su juicio, “se podría haber subvencionado hasta 360 hectómetros cúbicos de agua desalada, la misma cantidad que ha sido trasvasada a Murcia desde 2015”.

En la actualidad, las plantas desaladoras de agua en Levante cumplen un papel esencial para satisfacer la demanda de regadío en un contexto en el que la tubería del Tajo Segura se encuentra en situación de Trasvase 0, después de que Agricultura decidiera cerrarla en mayo debido a la extrema sequía.

Por todo ello, desde esta agrupación reclaman al Ministerio que active las desalinizadoras a pleno rendimiento, porque “no se hacen trasvases por necesidad, sino porque es más rápido, fácil y el agua, subvencionada por todos los españoles, es más barata que la que procede de las desaladoras”, puntualiza Torrecilla a este digital. Así mismo, advierte al Sindicato de Regantes de Murcia (SCRATS) que “quizás, antes de seguir pidiendo más y más agua, convendría que en el Levante hiciesen sus deberes, pusiesen las desaladoras en marcha y aprovechasen esas 17.000 balsas de agua que tienen disponibles”.

Desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía calculan que cada año en torno a 160 hectómetros cúbicos de agua procedentes de las depuradoras del Levante no se reutilizan y acaban vertidas al mar. “Es una maniobra más del Gobierno para tener a los agricultores y al SCRATS debajo del brazo llevándoles agua que nos roban a nosotros y que está provocando la muerte del Tajo y la ruina de los pueblos ribereños”, apostilla el alcalde de Sacedón.

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha criticado la sanción interpuesta a España por infrautilizar las desalinizadoras calificando de “lujo” el no poner en marcha las desaladoras que se han hecho con dinero público de todos: “No podemos entender la irresponsabilidad de quien despilfarra el dinero y el agua de los castellano-manchegos”, al tiempo que ha recordado que la utilización de las plantas supondría “tener agua en cantidad y calidad en las zonas más secas de España, como Murcia y Valencia, en lugar de depender de un trasvase decimonónico que tiene machacada a la cabecera del Tajo”. La intención del grupo socialista es llevar el asunto de las desalinizadoras a las Cortes regionales para someterlo a debate con el resto de formaciones políticas en las próximas semanas.

Según estimaciones de esta entidad contraria al trasvase, desde el año 2011, cuando los embalses de la cabecera del Tajo se situaban al 52%, hasta 2017 se trasvasaron un total de 2.173 hectómetros cúbicos.

Lobby contra las desaladoras

El Partido Popular, ahora con Mariano Rajoy al frente y anteriormente durante el Gobierno de Zapatero, ha hecho campaña en contra del funcionamiento de las desaladoras como solución al déficit hídrico que sufre la Cuenca del Segura. Argumentan la escasa demanda de los agricultores levantinos para utilizar este tipo de agua como recurso de regadío, más costosa que la que procede del trasvase.

En 2008, la oposición del PP valenciano en este sentido se manifestó de forma evidente. Durante la precampaña de Rajoy a las elecciones generales, la plataforma en defensa del trasvase, Fundación Agua y Progreso, fundada por el PP valenciano y financiada a través de 7,2 millones de euros procedentes del presupuesto de la Generalitat y de otras administraciones gobernadas por este mismo partido como las diputaciones provinciales, lanzó una agresiva operación publicitaria. El objetivo, ensalzar las posición de los populares a favor de la tubería del Tajo-Segura y en contra de la construcción de las plantas desalinizadoras.

La ofensiva propagandista se tradujo en un gasto superior a los 400.000 euros, tal como han confirmado fuentes de la Generalitat valenciana. La mayor inversión de la campaña se destinó a la televisión autonómica. En concreto, una aportación de 235.590 euros, desglosada en cuatro facturas de la Fundación Agua y Progreso a Canal 9 con fecha de 15 de enero de 2008.

Sin embargo, durante los últimos meses y a medida que los efectos derivados de la falta de precipitaciones agravaban la situación de los embalses de la cabecera del Tajo, el Ministerio de Agricultura ha incrementado la inversión en estas infraestructuras hidráulicas. De este modo, el departamento que dirige Isabel García Tejerina autorizó en agosto una partida urgente de 11,5 millones de euros destinados a potenciar el rendimiento y el uso de seis plantas desalinizadoras emplazadas en los municipios de Alicante, Torrevieja, San Pedro del Pinatar, Valdelentisco y Águilas, en la región murciana, que pertenecen a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. El Ministerio justificaba su decisión para dar respuesta a una situación excepcional de sequía en regiones en las que la elevada demanda por el turismo se une a la necesidad de los agricultores.

Estas obras se engloban dentro de los Reales Decretos de sequía del Segura y del Júcar, aprobados en 2015. Esta norma da vía libre al Gobierno para que adopte medidas extraordinarias que reduzcan los efectos medioambientales, económicos y sociales producidos por la sequía como sucede actualmente en todo el país.