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Page, a Pere Aragonès: “Es mejor ir a la Conferencia de Presidentes que a Waterloo”

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha

Carmen Bachiller

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado la ausencia de la Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes en Salamanca, del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.

“Me hubiera gustado que fuera todo el mundo. Alguno se va a ausentar. Es mejor eso que tanto viaje a Waterloo. Le vendría muy bien a toda Catalunya que nos dijéramos a la cara lo que pensamos”.

Para García-Page “estamos en la hora de la verdad hablando de dinero” porque esa, asegura, “es la ideología que manda en el mundo” y ha afirmado que no va a consentir que Castilla-La Mancha se quede atrás. “Muchos piensan que es una región muy humilde. Sí, pero va a ser tan protagonista en el escenario nacional como cualquiera”.

“Vamos a discutir bien” en Salamanca, decía, porque “va a llegar más dinero en cinco años que lo que ha llegado en los últimos 25. Hay que aprovecharlo bien. No para crear gasto absurdo. Hay que hacer las cosas con cabeza, en buenas inversiones, sin malgastar”.

Añadía que en la cumbre de presidentes autonómicos de este mes de julio, “estamos ante la oportunidad para que el Estado se retrate sobre si vamos a tener o no una buena financiación y no hay que confundirlo con lo que llega de Europa. Eso es para un rato” porque, recordaba, los fondos tienen plazos y no durarán para siempre.

“Esta es también la hora de la verdad de la financiación autonómica”

Durante un acto celebrado para inaugurar un centro de salud de Alcolea del Pinar (Guadalajara) ha recordado que “esta es también la hora de la verdad para la financiación autonómica” porque “el 95% de lo que gastamos lo hacemos en servicios sociales, en educación y en sanidad”.

En la zona básica de Salud al que pertenece este pequeño municipio de Guadalajara el número de usuarios no llega a los 1.000. “Tenemos médicos que, solo ellos, tienen más de 1.200 cada uno y lo digo para que quede claro a dónde va el dinero de la gente. Si esto dependiera del Ministerio de Sanidad, las cartillas se hubieran llevado al Paseo de la Castellana porque es mucho más barato”.

La Sanidad, decía “es un derecho, no es un capricho y da igual el número de gente que viva aquí”, decía para recordar la lucha contra la despoblación en la región. “¿Qué debemos recibir para pagar Sanidad y Educación?”, se preguntaba para auto responder: “Lo mismo que si en vez de gestionarlo las comunidades autónomas lo hiciera el Gobierno de España”.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera “no ha cubierto” las expectativas de la región

Precisamente hoy el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina ha comentado en rueda de prensa la celebración, ayer, de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de forma telemática, para decir que le ha dejado “un sabor agridulce” y, aunque ha valorado “el esfuerzo hecho por el Ministerio de Hacienda para intentar atender lo más ampliamente posible las peticiones de las comunidades autónomas”, ha afirmado que otras propuestas “no han cubierto nuestras expectativas”.

Ruiz Molina ha analizado uno por uno los aspectos tratados en la reunión: el fondo COVID para 2021, del que se estima que Castilla-La Mancha pueda recibir una cuantía cercana a los 500 millones de euros; la devolución del IVA correspondiente a 2017, unos 130 millones de euros; la asunción por parte del Estado de la liquidación negativa de las entregas a cuenta del ejercicio 2020, con lo que la región no tendría que devolver 350 millones de euros; la tasa de referencia en relación al objetivo de déficit para 2022, fijada en un 0,6 por ciento del PIB regional; y las entregas a cuenta correspondientes a 2022, un montante que asciende a 5.333 millones de euros, un 6,3 por ciento más respecto a 2021.

Entre los “aspectos positivos”, el consejero ha resaltado que se han atendido las reivindicaciones del Gobierno regional al fijar como criterio de reparto del fondo COVID para 2021 la población ajustada frente al PIB y también ha valorado que el Gobierno de España haya dado a las comunidades autónomas una solución “muy satisfactoria” a las liquidaciones negativas del 2020, una postura “muy diferente” a la que adoptó el PP en su día, cuando obligó a las autonomías a devolver ese dinero “a plazos”, ha apuntado.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha hecho hincapié en que se confirma la devolución por parte del Estado a las comunidades autónomas del impago del IVA correspondiente a la cuota de diciembre de 2017, por un cambio del sistema de gestión aprobado por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido, ha indicado que “se nos ha pedido que retiremos los recursos que tenemos planteados”, en el caso de Castilla-La Mancha, a través de la Audiencia Nacional, lo que, según Ruiz Molina, se hará una vez que se tenga la certeza de que ese dinero va a llegar.

El Estado no contempla incluir en los Presupuestos Generales para 2022 un fondo COVID destinado a las comunidades autónomas

El consejero se ha referido, asimismo, a algunas propuestas que no fueron atendidas: la primera, que el Estado no contempla incluir en los Presupuestos Generales para 2022 un fondo COVID destinado a las comunidades autónomas, como el que han tenido en 2020 y 2021, de más de 700 millones y de unos 500, respectivamente.

En este punto, ha incidido en la importancia de que se mantenga en 2022, ya que también se va a seguir manteniendo el gasto relacionado con la pandemia, como el destinado a Educación para mantener una plantilla especial que atiende las posibles incidencias.

En segundo lugar, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho alusión al esfuerzo que se exige a las autonomías en relación a la reducción del déficit, que significaría pasar del 1,1 al 0,6%. “Estamos ante una reivindicación antigua en relación al reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas”, ha indicado.

Mientras que el Estado se reserva un déficit del 5%, para las comunidades autónomas la tasa de referencia es del 0,6%“. Por ello, desde Castilla-La Mancha se plantea ”un nivel de reparto más equitativo entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, en función de las competencias y del gasto que tenemos asumido“.

Presupuestos para 2022

En cualquier caso, Ruiz Molina ha aseverado que, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, “disponemos ya de los mimbres necesarios para elaborar el techo de gasto para 2022”, a la vez que ha subrayado la estabilidad política e institucional de la que goza Castilla-La Mancha.

En este contexto, ha dicho que los presupuestos del próximo ejercicio se van a elaborar en plazo, para que entren en vigor el 1 de enero de 2022, y que se está trabajando en unas cuentas que no exijan sacrificio a los ciudadanos y que garanticen los niveles de gasto en relación a la COVID-19 que sean necesarios, “sin escatimar un solo euro para combatir la pandemia y sus efectos derivados”, mientras se atienden todos los compromisos adquiridos por el presidente Emiliano García-Page con la ciudadanía.

Unos presupuestos que, como ha insistido, tendrán como prioridades fortalecer el Estado del Bienestar, especialmente, los servicios fundamentales; atenuar los efectos adversos que la pandemia podría seguir provocando en las empresas, especialmente pymes y autónomos; fomentar, con la ejecución de los fondos europeos de recuperación, un modelo de crecimiento económico que favorezca la creación de empleo y el impulso del tejido productivo basado en la digitalización y la transición verde; y adoptar las medidas necesarias para impulsar la lucha contra la despoblación.

“Y lo vamos a hacer desde la máxima ortodoxia presupuestaria, siendo rigurosos en el manejo de los caudales públicos y liderando el gasto sociosanitario destinado a la lucha contra el COVID”, ha sentenciado el consejero, quien también ha destacado la necesidad de abordar cuanto antes la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan recibir los mismos servicios públicos, independientemente de donde residan y de su capacidad económica.

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