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Mirar el cierre del tren desde la Constitución

La mayoría apuesta por reformar la Constitución como salida para Cataluña

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La Constitución española como norma suprema del Estado, garantiza nuestra convivencia democrática, dentro un orden económico y social justo. En estos tiempos en los que la desigualdad, la pobreza y la exclusión no paran de crecer, interesa subrayar que la ley fundamental configura al Estado español como social, lo que exige la intervención de los poderes públicos, para que se pueda lograr una igualdad real. La Constitución ha previsto la acción del Estado en el artículo 9.2, que establece: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos ... sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica cultural y social”.   

Cuarenta y cuatro años después de la aprobación de la Constitución, la ciudadanía de la provincia más despoblada de la región se puede preguntar: ¿hasta qué punto en nuestro territorio los poderes públicos promueven las condiciones para que exista una mayor igualdad? Lamentablemente, hay serias dudas de que el artículo 9.2 de la Constitución impregne las políticas para Cuenca. Un ejemplo es el cierre del ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia, en vísperas de que el viaje en tren se decretara gratuito. La creencia más generalizada entre la ciudadanía es que la decisión adoptada vulnera el valor constitucional de igualdad y es discriminatoria.  

Quizá los poderes públicos, central y autonómico, se han habituado a ejecutar en Cuenca políticas que no promueven la igualdad material, por ser la más atrasada de la región. Un efecto colateral de esas políticas es que a la ciudadanía se la está privando del derecho “a elegir libremente la residencia”, reconocido en el artículo 19.1 de la Constitución. ¿Por qué no tiene este derecho? Porque las condiciones en las que discurre su vida (desde el punto de vista social, económico, sanitario, educativo, cultural, laboral y de ocio), no permiten elegir con libertad quedarse, sino que obligan a irse a vivir a otro lugar. En consecuencia, son expulsadas de su tierra y se produce la despoblación.  

La despoblación se ha expandido en silencio, durante las últimas cuatro décadas, sin que ningún Gobierno prestara a la tragedia la debida atención. Según la Red de Áreas Escasamente Pobladas del sur de Europa, la provincia de Cuenca se encuentra en una situación tan crítica, que están en riesgo de desaparición muchos municipios de la provincia. Clausurar el tren y privar de viajes gratuitos a las personas que residen en sus pueblos ¿cómo puede afectar a la despoblación? La respuesta nos la ofrece el documento de la Junta de Castilla-La Mancha, que lleva por título La Estrategia Regional contra la Despoblación” (noviembre 2020) en el que se sostiene lo siguiente: “en cuanto a las líneas de ferrocarril convencional, estas tienen parada en numerosos núcleos rurales de la región, por lo que el mantenimiento y mejora de la infraestructura y los servicios ferroviarios es indispensable para fijar población”. Estas palabras que se leen en la página 98, se repiten, literalmente, en la página 112.  

Pues bien, existiendo esta recomendación de que para dar respuesta a la despoblación es indispensable el mantenimiento y mejora del ferrocarril, no se entiende que el gobierno de la Junta acepte que no se promueva la renovación del ferrocarril. Sobre todo, teniendo en cuenta el compromiso explícito de Emiliano García-Page, en su investidura de julio de 2019, que después de señalar “nosotros no somos competentes en líneas de ferrocarril, pero sí exigentes”, añadió que era necesario renovar “todas las vías, para que nadie entre en conflicto ni en agravio...”. Un planteamiento coherente con el que expuso cuando estaba en la oposición, proclamando su famoso eslogan de que iba a “pelear a muerte para evitar el cierre de líneas de tren convencional en Castilla-La Mancha”.

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