Piden ampliar la presencia de trabajadores sociales en políticas de vivienda pública
La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha inaugurado en la Facultad de Trabajo Social de Cuenca las jornadas de especialización para preparar a especialistas y aumentar sus conocimientos en materia de ejecuciones hipotecarias. Ha destacado que la formación es una mejora complementaria que el Gobierno regional ha implementado a través del Programa de Intermediación Hipotecaria y que con carácter previo a este curso, impartido por el Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, ha celebrado sendos cursos de especialización jurídica a través de los Colegios de Abogados de Guadalajara y Toledo.
Durante el acto de inauguración, al que ha asistido la vicerrectora María Ángeles Zurilla, la consejera de Fomento ha resaltado que las jornadas sirven para “contar la experiencia de las Oficinas de Intermediación” y para “mejorarlas” cuando están a punto de cumplir su primer año de existencia. De la Cruz ha revelado que la cifra de personas atendidas en la red supera ya las 1.100, con 36 amenazas de desahucio con procedimientos judiciales que llegaban a término evitadas. “Estamos satisfechos pero vamos a seguir creciendo, porque es el camino”, ha dicho.
Por su parte, el presidente del Colegio, Florencio Alfaro, ha destacado el papel que desempeñan los profesionales del Trabajo Social en el programa y ha abogado por seguir ampliando su presencia en otros aspectos derivados de la gestión de vivienda pública y en el ámbito de otras consejerías de la Junta de Comunidades. Alfaro ha destacado además “el componente social” que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha imprimido a la Consejería de Fomento.
“Todos tenemos claro que la vivienda es un derecho inalienable al individuo. Su disfrute es algo básico y su pérdida algo trágico”, ha añadido Alfaro, al tiempo que ha recordado que con la llegada de la crisis “se nos empezaron a hacer familiares palabras como desahucio, lanzamiento, embargo, dación en pago”. “Surgen actores destacados en toda esta historia, unos en el papel de ejecutores, otros en el papel de resistencia y por qué no decirlo, mucha indignación ciudadana”.
En nombre los trabajadores sociales, también ha querido resaltar la “función social” de la vivienda, del urbanismo, de la “importancia de planificar, construir, cuidar la vivienda, y su entorno como un elemento más del funcionamiento vital de la sociedad”.
Amplia formación para una amplia visión del problema de los desahucios
El curso, de dos días de duración, cuenta con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y pretende proporcionar a los 65 matriculados que completarán la formación una amplia visión del problema de los desahucios desde múltiples perspectivas que incluyen desde la intermediación social hasta la mediación extrajudicial, el derecho en la materia, la intervención de la administración de Justicia, las iniciativas en varias comunidades autónomas o el papel de notarios o registradores en los procesos de gestión hipotecaria.
El objetivo es continuar preparando profesionales para que Castilla-La Mancha incremente su eficacia en la erradicación total de los desahucios, tanto desde la perspectiva pública, que desarrolla la Junta de Comunidades a través del Programa de Intermediación y otros organismos que cuentan con sus propios recursos o que colaboran con el programa, como desde la perspectiva privada.
En este marco, el Programa del Gobierno regional para luchar contra los desahucios ha experimentado importantes avances en las últimas semanas, como la ampliación del acuerdo con los colegios de Abogados y Trabajadores Sociales para asesorar a personas o familias con dificultades para hacer frente al alquiler de la vivienda o el acuerdo con entidades bancarias como Globalcaja y Caixabank para ofrecer a sus clientes con problemas para pagar las hipotecas la posibilidad de recibir asistencia desde las OIH regionales.
La Consejería de Fomento también cerraba recientemente un convenio con Bankia que pone a disposición de personas en riesgo de exclusión residencial viviendas de las que es propietaria esta entidad.
