El Plan Integral de Garantías Ciudadanas llegó a 111.000 hogares de la región en 2018

La cobertura de las prestaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas diseñado por el Gobierno regional a iniciativa de Podemos, aumentó en 2018 hasta alcanzar a 111.000 hogares de la región -frente a los 100.000 de 2017- que recibieron al menos una prestación social de las incluidas en dicho plan. 

En total se llevaron a cabo 153.466 prestaciones en Castilla-La Mancha, incluidas las periódicas, vinculadas a la garantía de rentas, la de mayor cobertura prestacional (83,7%), ayudas para suministros básicos del hogar (10,2% de las ayudas) o subvenciones para garantizar las necesidades habitacionales (6,1%).

Algunos hogares castellano-manchegos se beneficiaron de más de una de estas prestaciones (fue una de las novedades incorporadas al plan el pasado año).

Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del informe de seguimiento del Plan Integral de Garantías Ciudadanas 2018 presentado este martes en el seno del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha con el que, según ha explicado la consejera de coordinación del citado plan, Inmaculada Herranz “se da continuidad a la tarea evaluativa de las prestaciones y programas que incluye” desde que PSOE y Podemos acordasen lanzarlo en 2017.

Por provincias, las prestaciones se han producido sobre todo en Toledo con el 37,9% del total, seguida de Ciudad Real con el 24,4% y Albacete con el 19,7%. “Se corresponde el número de prestaciones con el peso que tienen estas provincias sobre la población total de Castilla-La Mancha”, ha explicado Herranz.

Donde sí hay un mayor “equilibrio” en el reparto de prestaciones es en el que tiene que ver con la distribución de ayudas hombre-mujer. En el análisis de los datos sobre el impacto de género del plan destacan algunos datos: respecto al Ingreso Mínimo de Solidaridad el 67,3%  de perceptores son de mujeres frente al 32,7 de varones y en el caso de las ayudas para emergencias el 70% fueron concedidas a mujeres y el 29% a varones.

En el caso del empleo, la consejera ha explicado que hay una mayor representación de las mujeres en los planes de empleo, ya que el 59,4% son contrataciones a mujeres. Y sin embargo eso cambio con los programas para mayores de 55 años donde la “masculinización” de ayudas es mayor (el 80% de ellas se destinaron a hombres).

Se trataba, ha dicho la consejera de  “disponer de datos” para diseñar “de forma racional y realista” una estrategia que permita dar solución “a las necesidades de las personas”. 

Inmaculada Herranz, que ha estado acompañada por el vicepresidente segundo, José García Molina,  ha destacado que la herramienta informática utilizada para implementar y agilizar el plan ha permitido también establecer la correlación entre unas y otras medidas puestas en marcha de manera transversal en distintos departamentos del Gobierno regional.

Ha puesto como ejemplo que  el 39,2% de los perceptores de ayudas a familia numerosa han recibido también alguna ayuda de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o que el 28% de los titulares de la ayuda para garantizar suministros energéticos percibe una ayuda para material curricular como libros. 

También ha destacado que tras implementarse un sistema más flexible para el Ingreso Mínimo de Solidaridad en 2018, han aumentado las ayudas concedidas en un 45,3% y se ha producido un 23,7% más de solicitudes. También ha aumentado la cuantía medida concedida hasta los 513,06 euros.

Otra de las mejoras del pasado año fue la ampliación de la percepción de las ayudas de emergencia en situaciones de pobreza energética pudiéndose percibir más de una, por lo que 542 unidades familiares han recibido en 2018 más de una ayuda a suministros. A eso se suma que los cambios en el acceso a determinadas prestaciones de educación han supuesto que, en las bonificaciones en las escuelas infantiles de la Junta, el 47,9% de los matriculados tenga una exención del 100% en la matrícula.

La consejera ha finalizado con una referencia al proyecto de ley aprobado el pasado febrero en Consejo de Gobierno y que incluye el Plan de Integral de Garantías Ciudadanas a través de las garantías complementarias, articulando, ha dicho, “un nuevo derecho de garantía de ingresos para todos aquellos hogares de bajos ingresos”.

Una ley que, sin embargo, no se espera que vea la luz en esta legislatura aunque desde Podemos han reiterado hoy que “no renuncian a nada” y que si no pasa por las Cortes regionales serán otros ( aludiendo al PSOE sin citarlo) los que tengan que dar explicaciones.

La Ley de Participación Ciudadana, a Consejo Consultivo

Otra ley que previsiblemente no verá la luz en esta legislatura y que está auspiciada por Podemos en el seno del Gobierno regional es la que regula la participación ciudadana en la región. 

Este martes el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al texto que será remitido a  Consejo Consultivo. “Hemos pedido que el dictamen se haga de urgencia”, decía José García Molina.

El vicepresidente segundo sostiene que su proceso de elaboración ha sido “el más participado de la historia de la Junta” ya que ha contado con aportaciones de más de 700 personas y más de 70 entidades . “Es de por sí una muy buena noticia”, se congratulaba.

“Veníamos a cumplir un mandato constitucional y de propio Estatuto de Autonomía”, ha dicho, para elaborar una ley que, según ha reconocido ha tenido como “guía” las de otras regiones como Andalucía, Navarra y Aragón.