Podemos pide en Toledo “iniciar la actividad parlamentaria” para tramitar su ‘Ley 25’
Podemos presentaba anoche en Toledo su ‘Ley 25 de Emergencia Social’ dentro de la ronda que la formación morada realiza por toda la geografía nacional. Lo hacía un día antes de la reunión de la Mesa del Congreso donde Podemos espera, según confirmaba su vicepresidenta tercera y diputada de Podemos por Toledo, Gloria Elizo, que se pueda estudiar su “petición formal” para que “se inicie la actividad parlamentaria que es fundamental para sacar adelante esta proposición de Ley”.
Elizo criticó la “situación de incertidumbre política” que vive el país y aseguró que “España no puede esperar” para que se tramite su propuesta. Y es que, dice Podemos, la ‘ Ley 25’ no es otra cosa que “hacer efectivo el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos” por lo que confió en que el informe jurídico para su tramitación sea favorable.
El encuentro, al que asistía cerca de un centenar de personas, se celebraba en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia y contó con la presencia de Rafael Mayoral, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos. Sirvió para presentar una ley que se basa en tres pilares: el derecho a la vivienda, el rescate energético y el derecho a la salud.
Mayoral reconoce que se trata de “una ley de emergencia insuficiente, que no llega hasta el fondo pero que abre una grieta y un debate sobre los derechos de la gente”. “Solo decimos que se cumpla la ley”, aseguraba al afirmar que “hoy nuestro país está fuera de la legalidad internacional en materia de derechos humanos cuando hablamos de desalojos forzosos sin alternativa habitacional”. En este sentido, Podemos propone, entre otras cosas, limitar el reconocimiento de la deuda a los bienes hipotecados y que la alternativa no sea solo la dación en pago.
La ley “beneficiará a personas vulnerables”
La ley “beneficiará a personas vulnerables” La ‘Ley 25’ se plantea como un rechazo frontal al copago farmacéutico y como una propuesta que, según la senadora autonómica de Podemos, Virginia Felipe beneficiará a “personas vulnerables, entre ellas a los discapacitados”.
Felipe cargó contra el hecho de que el 80% de las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores no cumplan con la norma que reserva el 2% de empleos a personas con discapacidad. Lamentó que solo uno de cada cuatro discapacitados tengan un empleo por el que, dijo, “cobran un 16% menos” que el resto.
Virginia Felipe recordó que “solo un fisioterapeuta le cuesta a las familias el 50% de su salario. Así es difícil salir adelante”, lamentó, para explicar que la ‘Ley 25’ les permitirá “tener al menos un mínimo de calidad de vida”.
Una proposición de ley que, además, incidirá en la lucha contra la violencia de género. Según Gloria Elizo “es pertinente que la mujer tenga apoyo suficiente, con recursos públicos, para salir del hogar donde haya riesgo para su vida”.
El trabajo de Podemos en Castilla-La Mancha como ‘caballo de Troya’
El trabajo de Podemos en Castilla-La Mancha como ‘caballo de Troya’Dice Podemos que las medidas que recoge la ‘Ley 25’ se “reconducen y amplifican” en el ámbito autonómico. En concreto en Castilla-La Mancha, recuerdan, los dos diputados de Podemos ya introdujeron algunas de dichas medidas en el Pacto de Investidura suscrito con el PSOE. Sería una especie de 'caballo de Troya' en su implantación nacional. Fue un acuerdo “muy exigente”, decía secretario regional de la formación, José García Molina, del que sigue habiendo “malas noticias” en cuanto al derecho a la vivienda porque, como ya criticara hace algunas semanas, el gobierno de Emiliano García-Page “sigue reticente” a ir más allá de las oficinas antidesahucios.
García Molina en cambio considera “un buen inicio” el rescate energético puesto en marcha en Castilla-La Mancha con ayudas de 150 euros para familias con problemas para pagar la factura eléctrica así como el acuerdo con las suministradoras para que no se corte la luz durante el período invernal. Con respecto a la salud, habló de “algunos avances aún no efectivos de facto” como el derecho a la tarjeta sanitaria para cualquier residente en Castilla-La Mancha, independientemente de su condición.
“Hemos dado pasos para que el plan de rescate ciudadano se acabe concretando y blindando tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía”, reiteraba, pero en la formación morada no lo creen suficiente para paliar un índice de pobreza que, según David Llorente, diputado regional de Podemos por Guadalajara ha aumentado en más de ocho puntos en la región entre 2009 y 2013.
“Esto no es el resultado inevitable de la crisis sino el producto de decisiones políticas tomadas en beneficio de una minoría privilegiada”. Decisiones, dijo, como la desregulación del mercado laboral llevada a cabo por gobiernos del PP y del PSOE, una fiscalidad “débil” que no persigue el fraude fiscal o el desmantelamiento o privatización de los servicios públicos, “con recortes despiadados sobre todo en la última legislatura”.
