La hija de uno de los presuntos cabecillas del 'fraude carrusel' del IVA culpa a su padre “al cien por cien”

La hija de uno de los cabecillas en la trama por el supuesto fraude de IVA a través de un entramado de empresas pantalla ha declarado como investigada en la vista que sigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara, donde ha asegurado que era su padre “al cien por cien” el que tomaba las decisiones en temas de contabilidad y que sus funciones se podrían reducir a ser “los ojos” de su progenitor en la oficina y controlar los saldos de las cuentas porque este “desconfiaba” de su socio, con quien mantenía una relación “tóxica”.

Según T.G.G., ella no hacía nada de contabilidad ya que se pagaba a una gestoría para hacer todo ello, incluido el tema de impuestos, asegurando que el teléfono en el que se recibían las claves para acceder a las cuentas “lo usaba quien lo necesitaba” y que ella no era la única que tenía acceso a todo ello, ya que ni realizaba pagos ni transferencias ni estaba al tanto de la operativa de la organización.

Ha reconocido también que su padre le contaba, a veces, “ideas descabelladas” que no entendía y que lo que pensaba es que se dedicaba a la compraventa de material. En este sentido, ha insistido en que era su padre el que se reunía también con los gestores externos y que ella tenía “muy pocas funciones, al margen de la confianza” de este para que estuviera pendiente de las cuentas para que no robaran.

Así las cosas, según T.G.G., ella estaba allí para darle apoyo administrativo, asegurando que ni le gusta la contabilidad ni se le daba bien.De igual manera, ha precisado que si ha hecho alguna operación de pagos ha sido siempre por orden “expresa” de su padre y “no de manera autónoma”.

También ha incidido en que nunca ha desempeñado el cargo de jefa del departamento de Contabilidad. “Yo cumplía ordenes de mi padre y no las ponía en duda pero ahora ya pongo en duda a Dios”, ha señalado.

Una macrovista que se prolongará al menos hasta finales de junio ya que hay 27 personas investigadas que se enfrentan a penas que van desde los 12 años y seis meses a los 18 años y seis meses por fraude tributario y falsedad documental.

Los cabecillas niegan los hechos

Por su parte, los dos directivos que supuestamente crearon el entramado de empresas pantalla para la introducción en España de material informático sin ingresar el IVA repercutido, sirviéndose de facturas falsas que emitían entidades de la trama, ha prestado declaración en el segundo día de la macrovista que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara por fraude tributario y falsedad documental.

Un juicio que este jueves celebraba su segunda jornada, en la que han prestado declaración los entonces socios J.G.G. y J.C.M.B., eludiendo ambos su participación en este entramado y su vinculación con la labor de contabilidad que presuntamente se requería para esta defraudación de casi 30 millones de euros en IVA.

Así, en el primer caso, J.G.G. ha tratado de culpabilizar a terceros aludiendo a que la contabilidad se la llevaba una gestoría. Si bien ha reconocido que sí se encargaba de las contrataciones y de gestionar las empresas, e incluso constituirlas y de todo lo relacionado con los temas fiscales, ha asegurado que era más labor organizativa y no de gestión.

J.G.G., administrador de empresas como Brown Square, Soluciones Informáticas, Memomatic Unipessoal Lda, Informática 2013 o Bigpool, ha caído en algunas contradicciones, insistiendo en su declaración en que eran los gestores quienes preparaban las declaraciones de IVA, ni él ni su socio JC.M.B. lo hacían porque “para eso tenían gestores y bien caros”.

Sobre su hija, T.G.G., también involucrada en la trama, ha apuntado que si bien la Fiscalía del Estado sostiene que controlaba el departamento de Contabilidad, “no podía hacer ningún cobro o pago” sin que él lo dijera. “Mi hija, bajo ningún concepto sabía de eso” porque no tenía conocimiento de contabilidad, ha subrayado.

La vista se reanudará el próximo martes, fecha a partir de la cual, en principio, pasarán por la sala los otros 25 acusados, testigos y peritos, estando previsto que el juicio se prolongue hasta aproximadamente el próximo 29 de junio. Los acusados son juzgados por haber obtenido un beneficio patrimonial ilícito mediante la defraudación de IVA entre el 2014 y el 2017, por un valor cercano a los 30 millones de ellos, todo ello, sirviéndose de un entramado empresarial, solicitando la Fiscalía penas que van desde los 12 años y seis meses a los 18 años y seis meses.