Rajoy mantiene sus planes con el silo nuclear y expropia varias fincas cercanas
Debido a las obras de condicionamiento del tramo de la carretera CM-3118, en el tramo Villar de Cañas-Villares del Saz para su enlace con la A-3, se detectó la necesidad de ocupar “superficies adicionales” en parcelas que ya habían sido expropiadas y también para sitios donde no se había expropiado con anterioridad. Así, lo confirma una resolución del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en una zona cercana a la elegida para ubicar el silo nuclear.
Es un total de 28 fincas con 31 terrenos diferenciados, y un total que supera los 10.500 metros cuadrados. 25 de los terrenos están catalogados catastralmente como de cultivo de secano, dos como pastos, otras tres como terreno de cultivo de olivos y una más como tierra de almendros. La publicación del DOCM sirve como notificación para que los interesados conozcan la situación.
Demanda contra el CSN por “presunta prevaricación” en el ATC
Ecologistas en Acción anunció este verano que estudia presentar una demanda por presunta prevaricación y coacciones contra el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el proceso seguido por el regulador atómico para informar favorablemente sobre el emplazamiento del silo nuclear en Villar de Cañas (Cuenca). Desde la organización, señalaron que disponen de “suficientes elementos” paraa la denuncia.
Esta, según afirmaron, podría concretarse antes del fin de verano y se basaría en informes externos como el realizado por la empresa americana URS que cuestiona el emplazamiento. Por otro, en la nota emitida por los técnicos del propio CSN. Y es que que, según apunta Castejón, “incluso los informes más negativos sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares están suavizados porque han recibido presiones”.
El pleno del Consejo de Seguridad 27 de julio de 2015 concedía a Enresa la autorización previa para la construcción del ATC “sin tener en cuenta ni el informe ni la nota”. En este pleno, cuatro de sus cinco miembros votaron a favor. Cristina Narbona fue la única en oponerse a la autorización a través de su voto particular, de ahí que la organización ecologista plantee dejar a la socialista fuera de la demanda.
