Reservas fluviales: la otra ofensiva judicial de Castilla-La Mancha en la defensa del agua
Un nuevo episodio de conflicto ha venido a sumarse a la batalla por el agua que ya existe entre Castilla-La Mancha y el Gobierno central de Mariano Rajoy. Se trata del recurso que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha interpuesto contra el Estado por la Declaración de Reservas Fluviales de la región. Es una figura prevista en los planes hidrológicos de los ríos, referente a aquellos tramos que requieren de mayor protección para que no sufran alteraciones por parte del ser humano. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido esta medida para defender las competencias de su gestión sobre estas áreas. Un asunto que prácticamente había pasado desapercibido pero que la organización federal de Ecologistas en Acción ha estado denunciando en las últimas semanas, arremetiendo contra la comunidad autónoma.
Concretamente ha sido su responsable de Agua a nivel nacional, Santiago Martín Barajas, quien ha insistido en preguntar a Emiliano García-Page sobre este recurso judicial y en criticarlo duramente. Es uno de los mayores expertos del país y ha participado junto a Raúl Urquiaga en el informe ‘Reservas Naturales Fluviales en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias e intercomunitarias’, elaborado por la organización ecologista y el Ministerio de Medio Ambiente.
Según este documento, en la demarcación hidrográfica del río Tajo, hay hasta 31 reservas naturales fluviales que abarcan casi 560 kilómetros de longitud en total. Asimismo, se explica que en el listado de 135 reservas naturales fluviales que se aprobaron en el Consejo Nacional del Agua en septiembre de 2015, no estaban presentes varias reservas que sí eran recogidas en los Planes Hidrológicos del primer y segundo ciclos de la Demarcación y que deben ser incluidas. Propone así la declaración de siete tramos fluviales como reservas naturales.
El pasado 20 de diciembre, Barajas publicó en Twitter que el “desprecio” hacia la protección de los ríos que “profesa” el Ejecutivo castellano-manchego le ha llevado a recurrir esta declaración de las reservas naturales fluviales y que ha sido el único gobierno que lo ha hecho. “De vergüenza”, afirmaba.
Una semana después insistía en que la gestión a este respecto del Gobierno regional estaba siendo “nefasta” pues está “contra la declaración de reservas fluviales” y “pretende que se legalicen los pozos ilegales”, por lo que “es difícil hacerlo peor”. Las críticas continuaban a principios de año cuando Barajas interpelaba directamente a García-Page preguntándole los motivos de tal recurso:
Antes, ya la organización ecologista había reclamado explicaciones a la Junta. La situación ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente a enviar un escrito al coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura. En la carta, el director general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero, le explica que los motivos del recurso se ciñen exclusivamente a la “reclamación de las competencias” que sobre la gestión de los espacios naturales protegidas ostenta la región.
La gestión del Gobierno central con el Tajo
“El Gobierno de Castilla-La Mancha está totalmente comprometido con la conservación de los hábitats y ecosistemas fluviales que han motivado cuestionar a la Administración General del Estado en la continuidad de su política hidráulica en la mayor parte de las cuencas que surcan esta región, fundamentalmente en la del Tajo”, agrega. Y añade que estas circunstancias “no las sufren tan directamente” otras comunidades autónomas. Pone así como ejemplo que el hecho de que la competencia la ejerza el Estado ha originado en el Tajo la desaparición de numerosos hábitats de la ribera, deterioro de hábitat de interés comunitario, salinización de los suelos, pérdida de funcionalidad, contaminación de las aguas y un “estado de conservación desfavorable”.
Con carácter general, el Gobierno recuerda que, entre otras actuaciones judiciales, ya ha recurrido los planes hidrológicos del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana, por “no contemplar las necesidades de agua suficientes para la conservación de hábitats y especies”; y que también mantiene recurso contras las cesiones de derechos entre particulares al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que supone “un auténtico comercio del agua”.
Precisamente, estipula que los “esfuerzos” del Ejecutivo castellano-manchego en la protección de los ecosistemas acuáticos desde hace más de 20 años han llevado también a la protección de los tramos fluviales “más valiosos”. Por ello se encuentran incluidos en espacios naturales protegidos todos los tramos excepto uno sobre los que el Gobierno central “pretende ahora su protección y asumir las competencias de gestión”. “Esta protección, así, llega tarde”, subraya el director general, defendiendo que esa gestión corresponde a las comunidades autónomas.
“No parece coherente ni ajustado a la realidad denunciar un desprecio hacia la protección de los ríos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha cuando el motivo de este recurso ha sido precisamente el contrario, y cuando hay motivos y es necesario aclarar la competencia”, concluye. La situación es muy similar a la que el Gobierno regional reclama en la normativa que prepara sobre el ciclo Integral del Agua donde pide que eta comunidad pueda emitir informe vinculante en las decisiones estatales que afecten a los ríos que transcurren por la región.
