No habrá imputación de aforados por la donación a la campaña de Cospedal
No habrá imputados aforados en la causa que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga sobre el supuesto pago de 200.000 euros para una campaña electoral de María Dolores de Cospedal a cambio del contrato municipal que el Ayuntamiento de Toledo firmó en 2006 con Sacyr. El juez ha decidido inhibirse a favor de los Juzgados de Toledo por lo que ni la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, ni el actual presidente de las Cortes, Vicente Tirado (entonces secretario general del PP) serán imputados por estos hechos.
El auto dictado por el juez Ruz se refiere al procedimiento para investigar la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución en 2007 de un contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo, entonces gobernado por José Manuel Molina (PP), a la empresa Sufi, filial de Sacyr. Según el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas esta contrata se realizó como contrapartida a una donación.
Supuestamente, esta donación fue posteriormente utilizada para financiar la campaña de la presidenta de este partido, María Dolores de Cospedal, a las elecciones autonómicas. Se trata de un dinero cuyo ingreso los ‘populares’ han reconocido pero que no aparece en la contabilidad del partido, ni en la autonómica ni en la nacional.
Con esta decisión, el juez Ruz comparte la postura de la Fiscalía Anticorrupción, quien no vio indicios de delito en este supuesto pago, y aleja la posibilidad de que Cospedal y Tirado (únicos aforados en estas pesquisas) puedan ser finalmente imputados. Ahora la causa puede archivarse o continuar por el procedimiento ordinario mediante el encausamiento del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina; el exvicealcalde y extesorero del PP-CLM Lamberto García Pineda, y el exgerente del PP-CLM, José Ángel Cañas.
En el auto, Ruz afirma que remite esta causa al juzgado decano de Toledo ante la “falta de conexidad suficiente” con la causa de los papeles de Bárcenas dado que el propio extesorero desvinculó el caso de Toledo de las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sacyr en la “mecánica de funcionamiento de la caja B” del Partido Popular. Según apunta, en la actualidad no existen elementos indiciarios suficientes que justifiquen la investigación de aforados, cuya competencia recaería sobre la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
El juez ha tomado esta decisión cuando aún le quedaban siete días para finalizar su plaza en la Audiencia Nacional, vacante que ocupará José de la Mata. Hasta este momento, disponía de tres opciones: enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que tiene la potestad para iniciar procedimiento judicial contra aforados, no actuar y dejar la causa en manos de su sucesor, o remitirlo al juzgado ordinario como finalmente ha hecho.
