Estas serán las nuevas categorías de empresas de hostelería en la región, con un plazo de dos años para su identificación

Luz verde del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a dos decretos directamente relacionados con el sector turístico y que emanan precisamente de la Ley regional de Turismo de 1999. El primero de ellos establece una nueva ordenación, mediante seis categorías, de las empresas de restauración y hostelería de la comunidad autónoma, y el segundo, nuevas fórmulas de garantía para las personas consumidoras frente a empresas de intermediación como las agencias de viajes.

Ha detallado estas medidas la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patria Franco, quien ha destacado que se trata de seguir haciendo “política de 360 grados que mira en todas las direcciones”. En este caso, se trata de actualizar la normativa del sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19, y también continuar con los objetivos de “transformación estructural” establecidos para la presente legislatura.

El primer decreto actualiza la normativa de las empresas de restauración estableciendo seis categorías para su ordenación: restaurantes, cafeterías, bares, establecimientos de ocio y diversión, espacios para eventos y empresas de catering. En total, afectaría a más de 15.000 empresas, tanto en aspectos particulares como en estándares comunes referidos al suministro de agua y eléctrico, a la ventilación, a la insonorización o a los aseos.

El Gobierno regional marca así un plazo de dos años para que estas empresas realicen una declaración responsable donde detallen en qué categorías se clasifican y también para disponer de placas distintivas para cada tipo de establecimiento en la que figurará la marca de Castilla-La Mancha: el yelmo del Quijote.

Agencias de viajes

Por otra parte, el segundo decreto regula a las empresas de intermediación turística, derogando la anterior ordenación de 2007, debido a la evolución de este sector por los procesos de digitalización y a la adaptación a la normativa europea. Establece ue las diferentes actividades de venta de viajes combinados competen solo a las agencias de viajes, y tiene su principal novedad en la obligación, por parte de estas, de constituir una garantía para hacer frente a posibles situaciones de insolvencia.

La garantía puede ser de tres tipos: individual, con un seguro o aval bancario no inferior a 100.000 euros; colectiva, con un seguro o aval bancario, o fondo solidario de garantía promovido por asociaciones y colectivos, no inferiores a 2,5 millones de euros; o estableciendo esa garantía por cada viaje combinado, a través de seguros individualizados.

“Las agencias de viajes, alrededor de 420 en la región, tendrán un periodo de seis meses desde la entrada en vigor del Decreto para establecer estas garantías”, ha señalado Patricia Franco, que ha destacado que este esfuerzo normativo, que se ha dado en ámbitos como el turismo rural, el ecoturismo y el turismo activo, los campings y espacios de autocaravanas o los apartamentos de uso turístico, entre otros, “supone que los profesionales del sector puedan competir en igualdad y con garantías en nuestro territorio, y el usuario y el cliente final pueda acceder a sus servicios con total seguridad y garantías”.