Castilla-La Mancha sigue con casi 9.000 personas en situación de dependencia en lista de espera

Las listas de espera para acceder al servicio estatal de dependencia crecen día a día. En nuestro país ya hay hasta 286.681 personas que esperan ser beneficiarias de esta prestación, según datos del Ministerio de Derechos Sociales. Castilla-La Mancha en este caso representa el 3% de esa cifra total, con 8.946 personas en lista de espera en junio de 2025, según detalla el presidente de la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Para ser beneficiario de la Ley de Dependencia en nuestro país se sigue el siguiente procedimiento: primero se presenta una solicitud en la comunidad autónoma que corresponde. Después el equipo técnico valora a la persona que vaya a ser beneficiaria en su domicilio o entorno habitual. Tras esa valoración inicial se fija el grado de dependencia que se le reconoce a la persona -Grado 1 o moderada, Grado 2 o severa, Grado 3 o gran dependencia- y por último se ponen a disposición del usuario los servicios y prestaciones que se haya acordado concederle.

Según el último Informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el 47,5% son personas que estarían esperando la valoración, el 43,2% se trata de personas que esperan que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA), para ver cuál es servicio que les corresponde; y por último, el 9,3% ya se les ha aprobado el PIA, pero están esperando a recibir la prestación o servicio.

Castilla-La Mancha dentro del plazo máximo de concesión por ley

Desde que se aprobase la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en España “se ha atendido a casi cuatro millones de personas, pero casi un millón ha fallecido esperando en una lista de espera”, según reivindican desde la Asociación estatal.

Además de las altas cifras en las listas de espera, el tiempo medio desde que comienza el procedimiento con los trámites para recibir una valoración hasta que se le concede a la persona beneficiaria la prestación es de casi un año, concretamente 342 días de media en España.

Las personas que se encuentran en limbo de espera en Castilla-La Mancha se han incrementado de manera muy preocupante, a pesar de estar por debajo de la media nacional

La normativa fija como plazo máximo 180 días -seis meses- para que la persona que ha comenzado los trámites sea beneficiaria o no de dicha ayuda. En comunidades autónomas como Andalucía, el plazo de concesión roza los 574 días.

“En Castilla-La Mancha el tiempo de espera para resolver el expediente es de 176 días, por lo que estaría dentro de lo que marca la ley. En los últimos seis meses de 2025 han llegado a rebajar en 10 días esa espera”. La comunidad autónoma es la tercera más rápida en tramitar el expediente.

Sin embargo, afea José Manuel Ramírez, en esta región, “las personas que se encuentran en limbo de espera se han incrementado de manera muy preocupante, a pesar de estar por debajo de la media nacional”, explica José Manuel Ramírez. De hecho, los datos del informe apuntan que Castilla-La Mancha es la segunda región, después de Canarias, donde más ha crecido el número de personas en el limbo de la dependencia en 2025, en un 40%.

La financiación del Estado también cojea

Sumado al tiempo de espera, la Ley de Dependencia tiene también un problema de financiación. Desde la Asociación estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señalan que el porcentaje de financiación por parte del Estado es de un 28,6%, “frente al 50% que sería lo ideal. Cada comunidad autónoma tiene variaciones. En el caso de Castilla-La Mancha es del 30% por parte del Gobierno de España, dejando el 70% restante al Gobierno regional”, explica José Manuel Ramírez.

Durante los años 2021 a 2023 se estableció un Plan de Choque que supuso un incremento anual de 600 millones de euros que recibieron las Comunidades Autónomas, según se detalla en el informe de la Asociación estatal.

Sin embargo, recuerdan que en los Presupuestos Generales de 2024 no ha habido ningún incremento presupuestario destinado a la dependencia. “Reclamamos que si no es posible a través de los presupuestos porque no están aprobados, que sea a través de un Real Decreto o alguna medida extraordinaria para que se pueda seguir financiando atender a estas personas”, apunta Ramírez.