La Marea de Residencias denuncia que la situación de “precariedad” en estos centros “sigue siendo la misma”

La Marea de Residencias afirma que la situación de “precariedad” de estos centros en Castilla-La Mancha “sigue siendo la misma”. El movimiento ciudadano convocó una concentración en Toledo, en la que lamentaron la “inacción” de la Consejería de Bienestar Social en la región y también apuntaron a que el “último cambio legislativo” ha “empeorado” la situación de “todas las personas vulnerables y dependientes” que viven en las residencias. Esto, afirman, que es por “anteponer el interés económico a los derechos y el cuidado centrado en la persona”.

De este modo, alegaron que son centros que “no proporcionan un cuidado digno”, debido a la “precariedad laboral” de los trabajadores, que están “sometidos” a jornadas con “gran carga de trabajo” debido al número de residentes. Se trata de “ratios”, señalan, que “solo les permite realizar las actividades básicas de la vida diaria con prisas, tiempos pautados y sin medios”.

Esta falta de personal que señalan provoca “estrés y lesiones” en las plantillas, y, por tanto, una “deficiente atención a los residentes”. “Los trabajadores no son los responsables, es el sistema. Un sistema y estructura basados en el máximo beneficio si hablamos de centros privados o del mínimo gasto si nos referimos a los centros públicos”, señalaba el manifiesto leído durante la concentración en plena Plaza de Zocodover.

En resumen, señalaron que los cuidados en la comunidad autónoma están articulados sobre un sistema basado en el negocio “no en un modelo de atención centrado en la persona”. “El modelo de atención de la señora Bárbara García Torijano es un modelo centrado en el negocio que permite que centros privados con infraestructuras obsoletas y sin medios continúen funcionando y beneficiándose del dinero público, el dinero de los impuestos de los ciudadanos castellanomanchegos”, recalcaron.

El cambio legislativo al que hacen referencia es el decreto 2/2022 de enero del año pasado, y señalan que “no ha puesto solución” porque “así lo ha querido el gobierno de Castilla-La Mancha”. “Centros que no respetan derechos fundamentales como es la autonomía personal, centros inaccesibles que no cumplen con la legislación en materia de igualdad. Sin equipos multidisciplinares imprescindibles para dar una asistencia integral a la persona, sin los recursos imprescindibles que proporcionen una alimentación saludable con los medios adecuados. Centros que son aparcamientos”, afirman.

“La responsable es la consejera que utiliza las inspecciones para maquillar una realidad: el incumplimientos flagrante respecto de instalaciones, servicios y plantillas”, concluían. De este modo, exigían residencias “públicas de calidad y de acuerdo al modelo de atención”; un modelo que esté “centrado en la persona” y con un trato “digno, no discriminatorio y respetuoso” así como cuidados “dignos”, plantilla “suficiente” y con una remuneración “adecuada” y, finalmente, “cambios legislativos que no permitan el funcionamiento inmediato de centros que no respeten la ley”.

Igualmente, el movimiento ha pedido el cese de la financiación pública de centros privados “que no cumplen con los mínimos requisitos de accesibliidad y plantilla” y el cese de concesiones a las empresas gestoras que “incumplan los pliegos de condiciones”. “¡Residencias públicas y de calidad!”, clamaban en la concentración.