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Unos 300 trabajadores castellanomanchegos están llamados a la huelga en Lidl para exigir seguridad

Lidl dejará de vender artículos de plástico de un solo uso en 2019

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Cerca de 300 trabajadoras y trabajadores de Castilla-La Mancha llamados mañana jueves, día 4 de junio, a secundar la jornada de huelga convocada por CCOO y UGT en los hipermercados Lidl. Exigen a la multinacional alemana el cumplimiento de los compromisos firmados al inicio del estado de alarma y la implantación de protocolos de prevención para iniciar la actividad de forma segura en secciones recién abiertas al público como el textil.

El pasado viernes, empresa y sindicatos mayoritarios se reunieron en el Servicio Interconfederal de Mediación y Artibraje (SIMA) pero el acuerdo no fue posible. Por eso los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga, que en esta comunidad autónoma afecta a las 284 personas que trabajan en los 21 establecimientos que Lidl posee en la región: 7 en Albacete, con 67 personas en plantilla; cinco en Ciudad Real (92 trabajadoras y trabajadores); dos en cuenca (21); tres en Guadalajara (41) y cuatro en Toledo (63).

“El procedimiento de mediación y arbitraje es muy útil siempre y cuando las partes estén dispuestas a negociar y acordar. Pero lo que CCOO y UGT se encontraron el viernes en la Fundación SIMA fue una empresa cerrada a cualquier diálogo. La dirección de Lidl sólo acudió a cumplir un trámite, negando sistemáticamente los hechos y sin ninguna voluntad de llegar a acuerdos”, denuncia Miguel Ángel Cubillo, secretario general CCOO-Servicios de Castilla-La Mancha.

Ni prevención ni importe de horas extra

Según explica, la empresa “ni siquiera acepta implantar protocolos de prevención para iniciar la actividad de forma segura en las secciones que abren ahora al público”. Afirma además que “se niega también a cumplir el acuerdo suscrito al inicio del estado de alarma por el que se comprometía a pagar las horas extra al 150%, reconociendo así el sobresfuerzo que está realizando la plantilla”.

Para CCOO, esta actitud es grave porque sienta las bases para unas relaciones laborales “basadas en la desconfianza y en el conflicto” y porque “ha roto el diálogo con la representación legal de la plantilla, negándose a abordar hasta las cuestiones más básicas”.

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