Ocho trasvases y un cambio de reserva mínima legal
Hasta 145.000 millones de litros de agua se han trasvasado de los embalses de la cabecera del río Tajo a la cuenca del Segura en todo el año. Es la suma de los ocho trasvases que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado desde comienzos de 2015, uno cada mes excepto en el mes de abril, en plena precampaña por las elecciones autonómicas. La última derivación de agua desde Entrepeñas y Buendía, 10 hectómetros cúbicos -10.000 millones de litros- se aprobó el pasado día 10 pero no se ha publicado en el BOE hasta hoy mismo. Todo ello, con los embalses de cabecera al 14,5% de su capacidad, tres veces menos que los del Segura, y con un fuerte rechazo social de las plataformas que agrupan a los municipios ribereños de ambos pantanos.
Aunque el nuevo trasvase es menor que el aprobado en agosto, que fue de 15 hectómetros cúbicos, la decisión ha provocado la misma reacción en el Gobierno de Castilla-La Mancha, que recurrirá de nuevo, y además ha sido conocida la misma semana en que las peticiones de la Plataforma Ciudadana de Afectados por el Trasvase Tajo-Segura han llegado hasta el Congreso de los Diputados.
Hasta agosto, la reserva mínima legal establecida para impedir nuevas derivaciones de agua estaba fijada en 400 hectómetros cúbicos en virtud del acuerdo de septiembre de 2014, pero ante la aprobación de un nuevo trasvase cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía bajaron de ese volumen de agua y entraron en alerta, el Ministerio se apresuró a detallar otra disposición: el mínimo se establecía en 300 hectómetros. Esto fue considerado un “engaño” por parte de la Junta de Castilla-La Mancha ya que hasta la propia expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, había reconocido el límite mínimo de los 400 hectómetros.
Desde entonces, son ya tres los recursos judiciales del Gobierno de Emiliano García-Page contra las decisiones del Ministerio. En ellos se argumenta que las evaluaciones de agua de las reservas se realizan a principio de mes, semanas antes de aprobar los trasvases. Por ejemplo, en el caso del trasvase publicado hoy en el BOE, se cuenta con una reserva del 15,5% en Entrepeñas y Buendía a comienzos de septiembre, cuando su volumen actual es del 14,5%.
Todo ello se suma a la inconstitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental de 2013, en virtud de un recurso presentado por el Gobierno de Aragón. El Gobierno central se limitó a solucionar esta cuestión mediante un memorándum incluido en la aprobada Ley de Montes, mediante el cual se intenta 'blindar' el Tajo, una polémica añadida a la situación de la cabecera del río.
