Delegación del Gobierno acusa a Mañueco de invitar a vulnerar el estado de Derecho al anunciar la continuidad de Navacerrada

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de invitar a “vulnerar el estado de Derecho” para favorecer el interés privado por encima del interés general al anunciar la continuidad de la actividad en la estación de esquí de Navacerrada.

Asó lo ha aseverado Barcones después de que Fernández Mañueco asegurase este lunes, tras reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid que la concesionaria iba a mantener la actividad de las pistas ya que no hay “inconveniente alguno para que siga desarrollando esa actividad” porque es “perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública”.

Al respecto, Virginia Barcones ha aseverado que estas afirmaciones sobre la continuidad de la actividad en Navacerrada “parten de una premisa falsa que intenta confundir deliberadamente en el esquema de reparto de competencias”.

Y es que, como ha asegurado la delegada del Gobierno, cuando el presidente de la Junta dice que no hay inconveniente en que la concesionaria continúe desarrollando la actividad “está invitando a la vulneración de los derechos del propietario del monte, reconocidos en la Ley del Montes de Castilla y León y está invitando a vulnerar el procedimiento administrativo de concesiones”.

Pero además, según Barcones, “está invitando a vulnerar el estado de Derecho para favorecer el interés privado en lugar del interés general”.

Asimismo, Virginia Barcones ha explicado que la Junta es la administración competente para resolver las concesiones de dominio público forestal y por tanto “competente para tramitar el expediente ante una ocupación ilegal” como se está dando en los terrenos del puerto Navacerrada, en el pinar de Valsaín, ya que la concesión de la actividad de esquí caducó el pasado 3 de abril.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha dejado claro que a la Junta “no le compete decidir sobre la ocupación o no de unos terrenos públicos”, que son propiedad de Parque Nacionales, quien el pasado mes de octubre envió al Gobierno regional un requerimiento para que resolviera la extinción del título de concesión de las instalaciones de esquí, de acuerdo con los establecido en la Ley de Montes de Castilla y León.

“Este paso previo es necesario para que Parque Nacionales pueda recuperar la superficie del monte de su propiedad”, ha matizado Barcones, quien ha precisado que la Junta rechazó ese requerimiento, por lo que “ante esta dejación de competencias” por parte del Gobierno regional la abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso administrativo en el que pide medidas cautelares para que no se reabran las instalaciones y se lleve a cabo la práctica de esquí.