Castilla y León advierte al Gobierno de que tiene que establecer criterios para la desescalada y que “a ser posible, se correspondan con la realidad”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, no está de acuerdo con la falta de criterios claros para la desescalada, tras conocer el documento que ha facilitado el Ejecutivo nacional a las comunidades. Tanto es así que ha amenazado con pedir a su partido, Ciudadanos, que no apoye la prolongación del estado de alarma “porque no tiene sentido la restricción de derechos si no es para asegurar la salud de los ciudadanos”. También ha subrayado que “un páis democrático no puede permitirse decretar un estado de alarma en minoría”.

Igea ha explicado que el documento que recibió este domingo “no se establecen umbrales ni requisitos epidemiológicos” para pasar de una fase a otra. “Castilla y León fue la primera que pidió la declaración del estado de alarma, y era en un escenario - en la semana del 8 al 15 de marzo- con menos ingresos, con menos saturación hospitalaria, pero veíamos como se pasaba de una fase de contención a una de transmisión comunitaria y como el Gobierno no tomaba decisiones para preservar la salud de los ciudadanos. Pedimos que se decretase alarma para que el gobierno restringiese derechos y movilidad”, ha insistido. “El Gobierno tiene que ejercer la autoridad que le da el estado de alarma”, ha añadido.

Sobre los requisitos de desescalada, el vicepresidente ha precisado que sólo hay uno, “instalaciones hospitalarias y capacidad de respuesta”. Así, se establece un número mínimo de camas hospitalarias y camas en UCI. Para Igea es necesario que se evite una nueva crisis y no sólo que se resuelva si esta se produce.

Pero, además, ha informado que los hospitales de Castilla y León pueden cumplir con el número de camas UCI que exige el Gobierno pero no el de camas hospitalarias, porque este “no se corresponde con la realidad” ya que pide “2.000 camas más” de las que hay en extensión. Para el vicepresidente, esta exigencia no tiene sentido en una Comunidad en la que no han faltado camas en el peor pico de la crisis. “Los números ni siquiera se corresponden con la realidad y por lo menos tienen que cuadrar, con lo que se pide ninguna provincia pasaría a fase 1, ni ahora ni nunca”, ha afirmado. La Junta de Castilla y León pedirá que “se replantee” ese criterio.

A pesar del escaso contenido del documento de desescalada, Igea ha comentado que permite hacer la propuesta de la Comunidad, que deberá presentarse el día 6 y no este lunes como se había previsto. Así, Castilla y León insistirá en una propuesta de desescalada por zonas básicas de salud. “Creemos que debe ser una desescalada gradual progresiva y segura, todos queremos movernos y salir y todos queremos que no vuelva a suceder lo que sucedió”, ha dicho.

El vicepresidente y portavoz de la Junta ha advertido que no se trata de un “asunto político” y que no se deben tomar “decisiones políticas porque una comunidad quiere desescalar rápidamente”. En su momento, ha recordado, “el retraso en la toma de decisiones multiplicó los contagios”.

Igea tampoco está de acuerdo en cómo se ha anunciado la desescalada. “El sábado anuncio no sé bien qué, yo te pido un informe que no me das y a las doce de la noche publico el boletín -BOE-, esto no puede ser. Tiene que haber algún criterio”, ha criticado.

Respecto a la propuesta de Castilla y León, una desescalada a partir de zonas básicas de salud y no por provincias, Igea destaca ventajas como la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad. En este momento, 26 zonas básicas de salud de Castilla y León que aglutinan una población que supera las 53.500 personas no han registrado nuevos casos en la última semana y, de ellas, 13 llevan dos semanas sin casos nuevos.

La ausencia de casos en las 26 zonas básicas de salud en la última semana se refiere tanto al diagnóstico de sospecha recogido en la historia clínica de Atención Primaria, como por confirmación por test de serología o prueba de PCR, en la última semana. Por tanto, todas estas zonas básicas son candidatas a su inclusión en la siguiente fase de desescalada, en caso de mantener esta situación de 0 casos a lo largo de la siguiente semana.

Los principios básicos para la desescalada en Castilla y León en los que se sustenta la argumentación del Ejecutivo autonómico son la prudencia, el reescalado, el ámbito territorial y el control de la movilidad. La propuesta que se va a remitir al Gobierno de España parte de una consideración y una apelación general a la prudencia, en tanto que no se pueden dar pasos en falso debido a que las capacidades sanitarias aún se encuentran en estado de saturación. Algunos datos así lo acreditan, ya que las camas de UVI están al 103 por ciento de su dotación original y al 47 por ciento de su dotación extendida; y la ocupación en planta está ya por debajo del 60 por ciento de su capacidad original.

Reescalada

En el documento también se precisa que todas las medidas de desescalada podrán ser reversibles, en un plazo corto de tiempo, si la evolución no fuese la deseada. En este contexto, se considera esencial la atribución de competencias claras a las comunidades autónomas para adoptar medidas ágiles tanto de desescalada como de reescalada en caso necesario, sin menoscabo de la coordinación y revisión que se ejerza a nivel estatal. La Junta de Castilla y León incide en que “no se pueden repetir errores” y es necesario contar con un sistema de toma de decisiones lo suficientemente “ágil y pegado al terreno para evitar demoras con consecuencias dramáticas” como las ya conocidas, algo que resulta obligatorio dado el altísimo ritmo reproductivo de esta infección.

El Gobierno autonómico plantea valorar la necesidad de reescalado de algunas de las medidas, en función de circunstancias como el incremento del número de casos sospechosos o confirmados, en particular si existe sospecha de su transmisión comunitaria dentro de la zona básica de salud. Asimismo, también quiere precisar que los requisitos de camas que se solicitan no se corresponden con la realidad, dado que se exige una disponibilidad muy superior a las que se cuenta actualmente incluso extendidas, lo que impediría salir de la Fase 0.

0 casos en 14 días

La argumentación de que la zona básica de salud sea el ámbito geográfico de referencia no implica que se apliquen otros criterios de sectorialización dentro de la zona. Igea defendió que el criterio inicial propuesto para pasar a la siguiente fase de desescalada es el de cero casos en los 14 días anteriores en la zona básica de salud. A su juicio, este planteamiento de Castilla y León para la desescalada supone como ventajas la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad.

En su opinión, debe considerarse que la zona básica de salud, como ámbito territorial de Atención Primaria atendido por un centro de salud, permite una vigilancia más efectiva y unificada de la incidencia de casos así como un mejor control de estos y de sus contactos. Al tiempo, se valora que en un entorno poblacional reducido se facilita una mayor concienciación e implicación local para fomentar y mantener ese estatus de “zona en fase más avanzada”.

El compromiso municipal también constituye a su juicio una ventaja, pues el desescalado zona a zona provoca un ejercicio de competencia y corresponsabilidad que es ideal en estas circunstancias; con ello también se favorece la implicación de las autoridades municipales en aspectos básicos como son el mantenimiento de las medidas de higiene y aislamiento en el municipio y su colaboración en el control de la movilidad y de la trazabilidad de los casos. Y por último, en relación con el control de la movilidad, el territorio que abarca una zona básica de salud puede ser más fácilmente controlado en cuanto a su movilidad, vías de comunicación, etc.

La estrategia elaborada por la Junta de Castilla y León no obvia que tales planteamientos deben entenderse sin perjuicio de la valoración de indicadores provinciales o de área de salud, por ser el territorio de referencia de la atención hospitalaria y de recursos de consideración imprescindible para afrontar la desescalada: ejemplo de ello serían la dotación y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En consecuencia, se trataría de una condición sine qua non que podría suponer que no todas las zonas básicas de salud con cero casos avancen de manera automática en el proceso de desescalada.

El documento también contempla consideraciones respecto a los ámbitos semiurbanos y urbanos. Así, se indica que resulta más difícil la segmentación geográfica por zonas básicas de salud dentro de los municipios. Y se añade que es previsible que el desconfinamiento en estos ámbitos sea posterior al de muchas zonas rurales. Para estos municipios, que superan los 20.000 habitantes, la demarcación territorial sería el propio municipio o el área de salud, con segmentación sectorial y demográfica en función de la población de riesgo.