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Castilla y León retomará la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que beneficiará a menos del 1% de la población

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. EFE/Nacho Gallego/Archivo

Ángel Villascusa

16 de abril de 2021 13:41 h

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Castilla y León retomará la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que beneficiará a menos del 1% de la población. La medida, acordada junto Ciudadanos, su socio de Gobierno, debía haberse aprobado en 2020, pero se vio paralizada durante la pandemia. Será en el próximo Pleno de las Cortes cuando la comunidad apruebe eliminar ambos tributos para cónyuges, familiares en línea ascendente y descendente, así como parejas de hecho con convivencia estable de al menos dos años. Con su eliminación, la Junta dejará de ingresar 35 millones de euros al año, salvo en 2021, que será menor por su aplicación tardía, cuando no superará los 23 millones.

Según han anunciado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, la medida puede beneficiar a 5.000 o 15.000 contribuyentes, es decir, al 0,2% o el 0,6% de la población de Castilla y León. Sin embargo, para la Junta, la bonificación autonómica de este impuesto (el tributo es estatal y las comunidades no pueden eliminarlo), tendrá una repercusión positiva para toda la ciudadanía. “Va a favorecer la demanda interna, aumentar la renta de las familias, el ahorro familiar, la inversión y se va a incrementar el consumo. A medio plazo, va a favorecer el crecimiento económico”, ha insistido Mañueco a lo largo de su intervención.

La promesa de convertir a Castilla y León en una de las comunidades sin estos tributos aparece en el pacto de gobierno que firmaron Ciudadanos y el Partido Popular en mayo de 2019. Ambas formaciones han defendido a lo largo de estos dos años la necesidad de bajar estos impuestos, de hecho, en la anterior legislatura, con el PP todavía gobernando en solitario, aprobaron el aumento del mínimo exento para sucesiones, que pasó de 300.000 a 400.000 euros. Según ha defendido Mañueco, al contrario de lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la armonización fiscal, que el 'popular' ha definido como “hachazo fiscal”, la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones supondrá un “círculo virtuoso”, ya que se trata “fiscalidad inteligente” que beneficiará a todos los ciudadanos.

Las cuentas y los cuentos de la Junta

En un alarde pedagógico, el consejero de Economía y Hacienda ha explicado una decena de “supuestos prácticos” en los que ficticios ciudadanos castellanos y leoneses se beneficiaban de la medida. Un joven hijo único que hereda de su padre una finca agraria valorada de 505.000 euros por la que hasta ahora pagaría 13.000 euros en impuestos, pero que gracias a la rebaja se quedaría en 132 euros, con lo que podría continuar con la explotación agrícola. Una hija que recibe de su madre un local valorado en 100.000 euros y que con la rebaja del impuesto solo debe pagar 124 euros en lugar de 12.000, ahorro que podrá utilizar para iniciar un negocio. O la historia de una abuela que dona a su nieto una casa valorada en 200.000 euros para que este inicie un nuevo negocio de turismo rural... Carriedo ha tenido que matizar posteriormente que la supresión del impuesto de sucesiones también beneficiaría a aquellos ciudadanos que no quieran emprender negocios con el dinero de sus familiares.

La supresión, detenida por la pandemia

El trámite para la supresión del impuesto se inició en septiembre de 2019, con su publicación en la sede de Gobierno abierto. Posteriormente, el Consejo de Gobierno lo aprobó el 26 de diciembre de 2019, que remitió el texto a las Cortes de Castilla y León. El 19 de febrero de 2020, recibió el dictamen favorable de la Comisión de Economía del parlamento autonómico, por lo que su votación estaba prevista para el 19 de marzo, sesión que no se celebró debido al inicio del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Ahora, el Gobierno autonómico prevé que se apruebe en las Cortes los días 28 y 29 de abril y que entre en vigor una vez se haya publicado en el BOCYL. Sin embargo, tras la moción de censura fallida del PSOE y la huida de una procuradora de Ciudadanos, PP y Cs ya no disfrutan de mayoría absoluta en las Cortes, lo que podría dificultar la aprobación de la medida. Mañueco se ha mostrado tranquilo sobre el posible respaldo del único procurador de Por Ávila (escisión del PP): “Las negociaciones avanzan por buen camino”.

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