La descentralización fallida de Castilla y León: tres instituciones fuera de Valladolid en 30 años

El debate sobre la descentralización de sedes oficiales que ha abierto el Gobierno en las últimas semanas ha agitado el clima político en Castilla y León. PP y Ciudadanos piden al Gobierno concreción, o ironizan con las promesas incumplidas de Pedro Sánchez, al tiempo que sacan pecho por lo que ya se ha hecho en la Comunidad. Según el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, “Castilla y León es una comunidad que practica la descentralización”. Pero la dispersión de organismos en otras provincias es anecdótica.

Aunque Castilla y León no tenga capital oficial, la mayoría de sus sedes están en Valladolid: se sitúan todas las consejerías, el parlamento autonómico (las Cortes) y la sede de la Presidencia de la Junta. Tan solo hay tres organismos, dependientes de las Cortes y llamados “instituciones propias” que están fuera de la capital del Pisuerga. El Procurador del Común (León), el Consejo Consultivo (Zamora) y el Consejo de Cuentas (Palencia). Las tres instituciones se crearon de cero por lo que no hubo que trasladarlas.

Estos órganos se crearon entre mediados de los noventa y principios de los 2000 y apenas suman un centenar de empleados entre ellas. Llevar sedes de organismos públicos a otras ciudades puede contribuir a fijar población, o al menos ese es uno de los objetivos de los poderes públicos al abrir el debate. Sin embargo, el volumen de empleados de los tres organismos castellanos y leoneses. El Procurador del Común -Defensor del Pueblo de Castilla y León- se instaló en León en 1995 y cuenta con 34 trabajadores. Todos ellos trabajan de forma presencial en la sede de León conforme al calendario y horario laborales, y “prácticamente la totalidad de la plantilla es de León”.

Estas cifras son similares en el Consejo Consultivo, con sede en Zamora desde 2006, aunque sus primeros tres años de vida se situó en Valladolid. Son 26 empleados, y aproximadamente la mitad reside en Zamora. El resto, en otras provincias como Valladolid, a apenas a una hora de viaje. Sin embargo, ninguno de sus cuatro consejeros, entre ellos el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, residen en la localidad zamorana. Para su traslado, los consejeros cuentan con chófer oficial que les traslada desde sus ciudades de residencia.

El Consejo de Cuentas tiene sede en Palencia desde 2003 y es algo mayor que las otras dos instituciones. Se dedica a tareas de fiscalización externa en materia de gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León Cuenta con una plantilla medio centenar de trabajadores en el área de fiscalización, a los que se suman otra veintena de puestos, distribuidos en la asesoría jurídica y los departamentos de documentación e informática. “Hay un número destacado de efectivos que residen en Palencia y su provincia, aunque también los hay de Valladolid, Burgos y León”, explican desde el Consejo de Cuentas.

Los tres organismos consideran que ejercen sus funciones “sin ninguna dificultad” a pesar de estar en localidades en las que no radican la mayoría de las instituciones de autogobierno de Castilla y León. Aunque en una rueda de prensa Igea sacó pecho también porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León está en Burgos, este no puede considerarse una institución autonómica ni adscrita al Gobierno autonómico. Solo hay un organismo de la Junta que está fuera de Valladolid: el Ente Público Regional de la Energía, el EREN, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda y situado en León. Según los trabajadores, el EREN, cuenta con unos 60 empleados y la mayoría, un 90%, vive en la propia ciudad de León o en la provincia.

Estas cuatro instituciones se pudieron situar en otras ciudades distintas a Valladolid porque eran de nueva creación. Si bien en los primeros días de funcionamiento su sede estuvo de facto también en la ciudad del Pisuerga. Esta semana, el pleno de las Cortes debatió sobre la descentralización autonómica por iniciativa del PSOE, UPL y Por Ávila. En su intervención, Luis Tudanca, líder de los socialistas hablaba de que la descentralización autonómica tiene un carácter simbólico, también cuenta con una derivada práctica: la oposición de los sindicatos. Porque tal y como explica el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Tomás Pérez, “la legislación no contempla que se mueva a los funcionarios”. Sí se podría desplazar al personal laboral utilizando la llamada “movilidad forzosa”, pero esta requiere de una compensación al trabajador.

Lo mismo sucedería con los trabajadores de la Administración General del Estado. “Primarían los derechos de los trabajadores y la movilidad debería ser voluntaria. Si se cambia un ministerio, una secretaría o una consejería, el trabajador tendría derecho a quedarse en su ciudad se le tendría que reubicar en el mismo rango con las mismas condiciones. Es algo que nunca se ha producido. Requeriría un estudio muy detallado y muchos cambios legislativos”, sentencia Ovidio Martínez, responsable de Administración General del Estado del mismo sindicato.

Los expertos difieren también sobre el impacto de estos traslados. “Por un lado, estamos en una época en la que los servicios digitales están en boga y descentralizar tampoco tiene tanta influencia como antes, en cuanto a necesidades de personal presencial y cuando la cercanía con el servicio era algo básico”, explica Eduardo Presencio, presidente del Colegio Profesional de Geografía de Castilla y León. La digitalización también facilita la posibilidad de deslocalizar las sedes, con lo que se podría beneficiar a zonas menos pobladas que tradicionalmente se han sentido maltratadas.

“Personalmente, no me parece muy relevante donde tengan las sedes los órganos autonómicos, más allá de que resulte aconsejable que existan en varias ciudades para hacer comunidad, sino la existencia de un poder ejecutivo (Junta de Castilla y León) anclado en gran medida en la ciudad de Valladolid”, opina el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos, Santiago A. Bello Paredes Con todo, el impacto de trasladar organismos incluso más grandes como una consejería, es limitado. “Estos elementos mueven una cantidad de población minúscula”, apunta Presencio. Para Tomás Pérez, de UGT, la descentralización llevada a cabo por la Junta o la propuesta por el Gobierno tampoco son relevantes. “Lo que se ha hecho hasta ahora no sirve para fijar población. Son las empresas las que generan los empleos y para ello, los poderes públicos tienen herramientas como invertir en infraestructuras. Eso que es lo que genera empleo. No una consejería”.