La Junta de Castilla y León alude a “doctrina jurídica” para no facilitar información que pide el PSOE en la comisión de la Trama Eólica

La Junta de Castilla y León se niega a remitir la misma información que dio a los jueces instructores de los casos Trama Eólica y Perla Negra. Lo hace, según un comunicado, en virtud de un informe de los servicios jurídicos.

El pasado 20 de febrero, complementado con otro escrito de 25 de febrero, los Servicios Jurídicos de la Junta recibieron por parte de las Cortes de Castilla y León –Comisión de Investigación- la petición de envío de documentación sobre el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, sobre la adquisición de terrenos de Portillo para la construcción de un parque empresarial y la del Edificio Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, y sobre las oficinas del sector público de Castilla y León, con inclusión de ADE Internacional EXCAL en ciudades del exterior de España. La Junta ha solventado esta petición tres meses después, con un informe jurídico fechado el 22 de mayo. En él, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia diferencia tres clases de documentación, a efectos de poder entregársela a la comisión de investigación.

La documentación consistente en los expedientes administrativos previos a la investigación penal –constituye la mayor parte y la más voluminosa-, que sí debe enviarse desde la Junta de Castilla y León a las Cortes; la documentación propiamente judicial, que los Servicios Jurídicos de la Junta poseen por ser parte en el proceso judicial -que incluirán las resoluciones judiciales, diligencias de ordenación o autos, y los documentos administrativos o técnicos nuevos que se van elaborando e incorporando judicialmente al proceso de investigación a instancia del ministerio fiscal o de las partes-, que no puede enviarse desde la Junta al parlamento autonómico; y la documentación procesal de las partes personados en el proceso judicial -documentos de representación y defensa o acusación aportados por la fiscalía, las acusaciones o las defensas de las partes en el proceso judicial-, que tampoco puede enviarse por la Junta, ni sus Servicios Jurídicos, a las Cortes.

Entienden los letrados de la Junta que “estando en marcha investigaciones y procesos penales en los Juzgados sobre la materia solicitada”, la documentación judicial debe reclamarse a los órganos judiciales que los están tramitando, como así se intentó por las Cortes, y que obtuvo la negativa de los mismos a su entrega, en protección del proceso judicial y de las garantías procesales y de defensa de las partes en el litigio.

Por esta razón, también la Dirección de los Servicios Jurídicos adjuntó, antes de emitirlo, su proyecto de informe a los Juzgados afectados, en el que limita la documentación a entregar a la sede parlamentaria, con el fin de su constancia y conocimiento el estado de la tramitación de las solicitudes que habían efectuado las Cortes -Juzgado de Instrucción Nº 4 de Valladolid Diligencias Previas 658/2017, y Juzgado de Instrucción Nº 2 de Valladolid Diligencias Previas 5035/2013-.

Hacer secreta la comisión

Con ello, pretenden evitar acusaciones “por delito de desobediencia a lo ya acordado por el Juzgado de no entrega, o con la posibilidad de interposición de denuncias y/o querellas por aquellas personas que están siendo investigadas en los procedimientos penales”. Según el Gobierno autonómico, “la aplicación práctica y real de lo expuesto en el informe de los Servicios Jurídicos sobre la documentación trasladable, se traduce en que el 90 % o 95 % de toda la documentación solicitada por los grupos políticos de la Cámara ha sido entregada y puesta a su disposición de la comisión, y solo un 5 % o 10 % no, teniendo esta última además una naturaleza técnico jurídica para las defensas y acusaciones en el ámbito penal, que en nada entorpece el funcionamiento de la Comisión parlamentaria”.

Como el presidente de las Cortes ha reclamado la documentación, la Junta advierte que en su escrito “puede deducirse que la Comisión de Investigación no tiene carácter público” por lo que pide “para tener mayor certeza, y dada la trascendencia de la documentación solicitada, el carácter de sus deliberaciones, y la evitación de hipotéticas peticiones de responsabilidad de la Junta o de la Administración autonómica por afectación de derechos fundamentales de los investigados y los imputados”, que la Administración autonómica se cerciore de ello o, en su defecto, “procedería que se solicitara por la Junta de Castilla y León a las Cortes el carácter secreto de las actuaciones, al amparo del artículo 7.4 del Reglamento de las Cortes”.

Un “esperpento” y un archivo enviado por error que la Junta quiere “destruir”

El Grupo Parlamentario Socialista también se ha pronunciado sobre el asunto. La representante del PSOE en la comisión, Ana Sánchez, ha calificado la situación de “esperpento” basado en un informe jurídico que “no se sostiene”. Ha recordado que el caso Perla Negra ya no es información reservada puesto que en enero de este año, finalizada la instrucción, se decretó la apertura de juicio oral.

Además, se ha referido a la remisión de “la carpeta número 3” que corresponde a la información judicial del caso Perla Negra, que según la Junta, se ha enviado por error a la Mesa de las Cortes, por lo que debe ser “destruida”. Mientras el Ejecutivo pide al presidente que destruya el archivo, el PSOE ha dirigido un escrito al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, en el que demanda que no se tenga en cuenta la petición de la Junta y ha advertido de que si es preciso, solicitará que el juzgado requiera ese archivo a las Cortes para comprobar que es el mismo que obra en los autos.

Sánchez ha sido crítica con Ciudadanos, “un partido que venía a acabar con la corrupción del PP” y que ahora “se dedica a taparla”. Además, ha adelantado que los socialistas pedirán “un informe sobre el informe jurídico de la Junta” y que si es necesario, solicitarán amparo al presidente y llegarán hasta el Tribunal Constitucional tal y como hicieron en la anterior legislatura.