El 72% de las reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia en Castilla y León se presentan porque la Administración no ha respondido

El 72% de las reclamaciones se presentan ante el Comisionado de Transparencia porque la Administración en cuestión no ha respondido expresamente a la petición ciudadana de Transparencia. En 2024, el Comisionado de Transparencia tramitó y adoptó 498 resoluciones, el mayor número desde su creación. Esta entidad recibió 546 reclamaciones de las cuales 350 eran relativas a las entidades locales, 154 ante la Junta de Castilla y León. 128 de las reclamaciones recibidas fueron realizadas por representantes locales (110 por concejales y 18 por vocales de juntas vecinales), pero también se han detectado otros grupos especialmente implicados: los representantes de los trabajadores, las asociaciones ecologistas, los profesionales de los medios de comunicación y las asociaciones de ciudadanos. El comisionado, que dirige Tomás Quintana, ha recibido 29 reclamaciones más que en 2023.

El Comisionado de Transparencia reitera su petición de implantar un sistema sancionador que sea coercitivo para las Administraciones que no cumplan las resoluciones de esta entidad, que son de obligado cumplimiento (actos administrativos vinculantes y ejecutivos). De hecho, esta laguna legal permite que el 32% de las resoluciones estimadas por el Comisionado en 2024 todavía seguían pendientes de cumplimiento en julio de 2025. El Ayuntamiento más incumplidor ha sido el de la Adrada (Ávila), con seis resoluciones pendientes de cumplimiento, y Antigüedad (Palencia), con cinco.

El informe también señala las tres resoluciones pendientes de Navas de Oro (Segovia) y las dos de Atapuerca (Burgos), Carcedo de Burgos (Burgos) y Folgoso de la Ribera (León). También son administraciones no colaboradoras los Ayuntamientos de Béjar (Salamanca), Cabrerizos (Salamanca), Cebreros (Ávila), La Bañeza (León), Monasterio de Rodilla (Burgos), Pradoluengo (Burgos), Sancti-Spíritus (Salamanca), Santibáñez del Val (Burgos), San Millán de los Caballeros (León) y Valencia de Don Juan (León). Todos estos consistorios tienen una reclamación pendiente.

Esta entidad también informa de la escasa publicidad activa que realizan estos municipios de menos de 5.000 habitantes por “la escasez o carencia de medios que pueden ser destinados”.

Cuestionarios de autoevaluación

El 81% de las entidades supervisadas ha rellenado el cuestionario de autoevaluación: todas las entidades del sector público autonómico salvo la empresa pública Somacyl, todas las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo y las cuatro universidades públicas. Entre los que no remitieron este cuestionario de autoevaluación están los Ayuntamientos de Laguna de Duero, Medina del Campo, Aranda de Duero, Astorga, La Bañeza y Béjar, entre otros. Tampoco atendieron a la petición del Comisionado de Transparencia varios consejos de Colegios profesionales: el de aparejadores y arquitectos técnicos, el de Periodistas, el de Procuradores y el de Médicos.

A pesar de que se publica más información, el Comisionado considera que las entidades necesitan mejorar la accesibilidad de los datos para personas con discapacidad. Además, persiste la práctica de publicar datos cruciales —como la información económica y presupuestaria— predominantemente en formatos no reutilizables, como el PDF, en lugar de formatos abiertos como XLS o CSV, lo que limita la fiscalización ciudadana.