El Consejo de Cuentas publicará un análisis sobre las medidas contra la despoblación que se han aplicado y las que no en Castilla y León

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha informado de que el órgano estatutario prevé llevar a cabo “una presentación específica y especial” en torno al mes de junio del informe sobre las medidas contra la despoblación adoptadas en Castilla y León desde la premisa de que “a lo mejor se ha hecho muy poco de lo previsto”.

Amilivia se ha mostrado convencido de que este informe elaborado por el Consejo de Cuentas va a tener una “gran trascendencia” y una “gran utilidad” para la Comunidad, ya que permitirá conocer qué se hizo, qué no se hizo o qué fue útil y qué no lo fue, y ha destacado asimismo que se trata de un estudio “pionero” en todo el país.

Según ha recordado Amilivia a preguntas de los periodistas tras entregar este martes en las Cortes la Memoria de 2019 del Consejo de Cuentas, este informe está analizando, entre otras cosas, las medidas contempladas en la Agenda para la Población puesta en marcha por el Gobierno de Juan Vicente Herrera y cerca de 200 medidas “de todo tipo” acordadas por unanimidad por los grupos parlamentarios en 2003 dirigidas especialmente a las entidades locales.

Mario Amilivia ha defendido a este respecto que el Consejo de Cuentas ha orientado decididamente las fiscalizaciones de sus planes anuales hacia temas de interés prioritario de la Comunidad, como la garantía de los pilares básicos del Estado del Bienestar, las estrategias frente al cambio climático o el reto demográfico contra el fenómeno de la despoblación, en su objetivo último de vigilar y mejorar la gestión económica y financiera del sector público de Castilla y León.

En este sentido, el presidente del Consejo de Cuentas no ha descartado la posibilidad de estudiar “de cara al futuro” la posibilidad de fiscalizar los fondos que “presumiblemente” reciba Castilla y León del Fondo para la Transición Justa o similares para analizar distintos aspectos como el uso y el destino del dinero o su carácter operativo y legal.

Según ha recordado a este respecto, el objetivo es que esa financiación sirva para reindustrializar y para reactivar la economía de las zonas de Castilla y León afectadas por la desaparición de la minería ante la posibilidad, ha añadido, de que en el pasado no toda haya servido para generar oportunidades en esos territorios.

Para Mario Amilivia, el informe que ha elaborado el Tribunal de Cuentas sobre las ayudas al carbón entre 2006 y 2017, que concluye que han sido un pozo sin fondo, es “suficientemente claro y nítido” por lo que ha considerado que el Consejo de Cuentas de Castilla y León no puede aportar más a ese respecto, por lo que ha apuntado a esa posibilidad de analizar los fondos de cara al futuro.

Por otro lado, Amilivia ha anunciado una próxima reunión con los responsables de la Cámara de Cuentas de Aragón para poner en común tanto el informe sobre la despoblación como asuntos como los fondos de convergencia interior que, en el caso de Castilla y León, no se ponen en marcha desde el año 2009 a pesar de que están contemplados en el Estatuto de Autonomía.

El presidente del Consejo de Cuentas ha destacado la “intensa actividad” que ha llevado este órgano estatutario a lo largo de 2019, año en el que se inició el nuevo mandato de la institución y en el que se aprobó el primer Plan Estratégico 2019-2022 como una de las “novedades más significativas”, a las que se sumaron reformas normativas, la modernización de la estructura de los informes para facilitar su estructura y comprensión y la incorporación a la plantilla de una especialista en materia de auditoría informática.

En este punto, el presidente del Consejo de Cuentas ha abogado por hacer una reflexión respecto a la necesidad de modificar la normativa para alcanzar un “óptimo” número de funcionarios, a lo que ha añadido la necesidad de seguir impulsando la independencia y la autonomía funcional de este órgano de control.

Según ha recordado, el Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó el pasado año un total de 19 informes que suman un registro histórico de 192 de los que previsiblemente a principios de abril se habrá dado cuenta en las Cortes de cerca de 40, lo que corrobora la “intensa” actividad de este órgano estatutario, como ha significado por su parte el presidente del Parlamento regional, Luis Fuentes.

Fuentes, que ha recibido la Memoria de 2019 de mano de Amilivia y de los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, ha destacado la “magnífica labor” realizada por este organismo y ha puesto valor especialmente la relevancia de la institución que se encarga de fiscalizar la gestión del dinero de todos los castellanoleoneses.

También ha valorado el avance y mejora de los resultados en la rendición de cuentas y el seguimiento de sus recomendaciones así como su mayor proximidad a la ciudadanía y el impulso a la independencia y a la autonomía funcional del órgano de control.