Las Cortes de Castilla y León instan al Gobierno a no trasladar presos de ETA a la comunidad

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles una iniciativa de Vox en la que insta al Gobierno de España a evitar que el Gobierno Vasco transfiera más presos peligrosos y de ETA a las cárceles de Castilla y León, pide considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad y plantea para ellos un estatuto propio.

El Grupo Socialista y el único representante de Unidas Podemos han rechazado esa iniciativa, ante la que se han abstenido UPL-Soria ¡Ya! y el resto de miembros del Mixto (Cs y Por Ávila), mientras que la han secundado los representantes del PP y Vox durante el pleno de las Cortes celebrado este miércoles.

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha recordado que las agresiones graves a los funcionarios se han quintuplicado “en dos años” y subrayado que las prisiones provinciales de Palencia y de Salamanca han pasado al quinto y sexto lugar en número de agresiones en España.

Menéndez ha valorado el trabajo de los 1.400 funcionarios que trabajan en los ocho centros penitenciarios en Castilla y León, y ha criticado a la política nacional del PSOE en materia de prisiones, que en su opinión responde “a los peajes de Pedro Sánchez para obtener a los apoyos de PNV y Bildu para mantenerse en la Moncloa”.

“Negligente política penitenciaria del Gobierno”

El parlamentario del grupo proponente ha reprochado que los funcionarios de prisiones de Castilla y León -representados en el hemiciclo a través del sindicato 'Tu abandono me puede matar'- paguen la “negligente política penitenciaria del Gobierno” y ha acusado que al PSOE de aplicar la políticas de reinserción, hasta el punto de que “reinsertan a presos de ETA en las listas electorales”.

El parlamentario del PP Raúl Hernández también ha criticado al Gobierno de España, ya que la prisión que iba a descongestionar la situación penitenciaria en el País Vasco, se iba a inaugurar en mayo de este año, y ha acusado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que se ha referido como “el que menos ha trabajado” en este departamento, de que el módulo penitenciario del hospital de Salamanca siga cerrado “a cal y canto”. 

También ha reprochado la inacción en el parlamento nacional sobre esta materia y ha acusado al PSOE de permitir que el documento presentado por su partido, Vox y Cs en el Congreso hace dos años “sigue perdiéndose” en la burocracia de la Cámara Baja.

El PSOE defiende que los traslados se ajustan a la legalidad

La procuradora socialista Yolanda Sacristán ha defendido al Gobierno de España y ha justificado esta situación “en la antigüedad y la poca capacidad operativa de las cárceles” en el País Vasco, e incidido en que no solo Castilla y León recibe presos de este territorio y que la derivación de competencias y estos traslados “se ajustan completamente a la legalidad”.

Sacristán también ha valorado que el ejecutivo central haya mejorado las tasas de reposición muy por encima de 110 por ciento, la puesta en marcha de un plan de infraestructuras de más de mil millones de euros y el acuerdo del pasado 1 de marzo “para la subida salarial de los funcionarios”.

La abstención de los otros grupos

Por su parte, el parlamentario de UPL, Ramón García, ha destacado que este asunto debería tratarse en el Congreso de los Diputados y añadido que en España “hay ciudadanos de primera, segunda y tercera”, ejemplificado con en el caso de las cárceles de Castilla y León, donde los ciudadanos y trabajadores “son de segunda” y que, pese a tener menos presos, “hay más problemas”.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha agradecido el trabajo de los funcionarios de prisiones y se ha dirigido a la bancada del PP “no sea que después de julio o en septiembre tengan que pactar con el PNV”.

El texto final recoge el reconocimiento “sin demora” de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad y la creación de un estatuto propio para estos empleados públicos, así como que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “cese en la utilización” de los centros penitenciarios de Castilla y León para derivar y concentrar presos en las cárceles de la Comunidad “con el fin de pagar las deudas políticas a sus socios de Gobierno”.