La Justicia mantiene la sanción a la Junta de Castilla y León de 840.000 euros por permitir la caza de 91 lobos

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha rechazado la petición de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) de que se aumente la indemnización que tiene que pagar la Junta de Castilla y León por anular el plan del lobo para las tres temporadas 2016-2018. La Administración autonómica deberá pagar finalmente 842.751 euros por el daño medioambiental causado tras la caza de 91 lobos solo en 2016-2017. “Dicha indemnización tiene por objeto reparar el daño causado, pero no retribuir el importe de cada lobo abatido”, subraya el TSJ.

La Sala considera que los ecologistas reclamaron inicialmente sólo una indemnización por los animales abatidos en la temporada de caza de 2016-2017, “sin hacer alusión alguna a la temporada 2017-18 sobre la que han aportados datos con posterioridad a la notificación de la sentencia”.

“No nos volverá a pasar”, asegura a eldiario.es Ignacio Martínez Fernández, miembro de la Junta Directiva de ASCEL, que entiende y ve “correcta” la decisión del TSJ. “Lo importante es el carácter inédito de la sentencia, que además le dice a qué tiene que destinar la indemnización, a un plan para la recuperación del lobo ibérico”. Martínez Fernández recuerda la “contradicción” ente la práctica de la Junta de Castilla y León y la decisión del TSJ.

ASCEL aspiraba a que la indemnización ascendiera hasta 1 .602.153 euros por la muerte de 173 lobos (91 abatidos en 2016 y 82 en 2017), puesto que la Sala anuló en mayo de 2018 el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

“Lo que pretende la asociación no es que se complemente la sentencia, sino una modificación de la misma a partir de datos que no estaban en el procedimiento”, justifica la Sala.

La Justicia anuló el plan del lobo y condenó a la Junta de Castilla y León a pagar 842.751 euros como indemnización el pasado diciembre porque consideró que faltaba “información suficiente, objetiva, científica y actual”. “Para dar cumplimiento a la sentencia, la Administración deberá presentar un programa que, como mínimo, deberá comprender las actuaciones necesarias para la recuperación del lobo ibérico, su conservación y para la divulgación de la importancia de la especie”, recuerda la Sala a través de un comunicado.

El programa que deberá elaborar la Junta de Castilla y León deberá especificar las concretas actuaciones que se llevaran a cabo, su duración, coste y su financiación. Para elaborar el programa tendrán que motivar “adecuadamente” los objetivos concretos y la idoneidad de los medios para alcanzarlos, “teniendo siempre presente que la finalidad es reparar el daño causado al medio ambiente por la caza de lobos”. La organización conservacionista ASCEL anuncia que supervisarán la ejecución de la sentencia para que no quede “en el olvido”.