Vox reclama ahora que el Comisionado de Transparencia pueda multar pese a su rechazo cuando gobernaba con Mañueco

Vox se suma al resto de la oposición de Castilla y León y reclama ahora que el Comisionado de Transparencia pueda multar a las Administraciones incumplidoras a pesar de que el partido lo veía innecesario cuando gobernaba con el PP de Alfonso Fernández Mañueco. El procurador de Vox Carlos Menéndez ha subrayado este martes durante una comisión de las Cortes de Castilla y León que es necesario que haya “mecanismos legales para forzar” la ejecución de las resoluciones del Comisionado de Transparencia, que son de obligado cumplimiento pero no se dispone de un sistema coercitivo. “Cuando una Administración Pública no cumple, al final la única consecuencia es que queda reflejado en una memoria y en una página web. Eso no es Transparencia. Es una mera pena de escaparate que no puede considerarse una garantía”, ha defendido Menéndez ante el responsable de esta institución propia, Tomás Quintana, que lleva tres años con el mandato prorrogado por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios.

“La responsabilidad es política. Durante años, no se han traído a estas Cortes una reforma que permita sancionar y obligar”, ha mentido el procurador de ultraderecha este martes. En 2022 el procurador Francisco Igea llevó al parlamento autonómico el Proyecto de Ley que habían consensuado Ciudadanos y Partido Popular durante su coalición en la anterior legislatura, pero PP y Vox votaron en contra siquiera de debatir esta norma, que proponía sanciones de entre 1.000 y 3.000 euros para aquellas administraciones y entidades que no acataran las resoluciones del Comisionado de Transparencia. Este comentario ha provocado las protestas de Francisco Igea, por lo que ha sido llamado al orden por el nuevo presidente de la comisión parlamentaria, del PP. “Se trajo una iniciativa legislativa a esta cámara y algunos intervinientes que ha dedicado 10 minutos a decir que esto había que hacerlo votó en contra. Es de una desmemoria notable. No hay multas coercitivas porque PP y Vox votaron en contra”, ha aclarado Francisco Igea en su segunda intervención.

El procurador socialista Luis Briones ha ironizado sobre que Vox pida ahora esas sanciones coercitivas y reclame transparencia cuando el 64% de los procuradores de Vox ocultaba hace unos meses su currículum o su declaración de bienes. También ha alertado de la “vertiente peligrosa” de estos incumplimientos, aunque ha puesto el foco en los ayuntamientos más pequeños y en la falta de medios que suelen tener estos consistorios, lo que hace la situación “prácticamente imposible”.

Desde el Grupo Popular, Pablo Trillo-Figueroa ha defendido que “la Junta mantiene un alto grado de cumplimiento” de las normas de transparencia y ha considerado que estas sanciones coercitivas resultarían “imprescindibles” para reforzar el compromiso institucional. El PP respaldó en un principio el Anteproyecto de Ley de Transparencia que impulsó Ciudadanos, aunque después también se negó a tramitarlo. Antonio Palomar (Soria Ya) ha lamentado la falta de medios del Comisionado para atender a las más de 5.000 entidades analizadas, que además no poder exigir el cumplimiento de la norma, y ha incidido en que el principio de colaboración entre administraciones “es meramente retórico”.

El Comisionado de Transparencia ha destacado la importancia de este tipo de medidas coercitivas, que se utilizan en otras autonomías en pocas ocasiones porque las administraciones se ven “compelidas” a cumplir ante la amenaza de una sanción.

Reproches a la empresa pública Somacyl

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha criticado los incumplimientos año tras año de la Consejería de Medio Ambiente —que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones— y de la empresa pública de la Junta de Castilla y León, Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente). “Incumplen sistemáticamente sus obligaciones, obligando a acudir al comisionado a decenas de personas. Hay más de 118 reclamaciones aún pendientes entre los dos”, ha cuantificado Igea, que ha considerado que la mejor estrategia para “prevenir un delito” es la transparencia. Luis Briones ha afeado que Somacyl, que maneja un presupuesto anual de 170 millones de euros y que tiene previstas inversiones por 284 millones de euros, no haya atendido los requerimientos de transparencia. “Parece mentira, y aquí no pasa nada. Es intolerable”, ha zanjado el socialista.

Igea ha acusado al consejero de Medio Ambiente de “resistirse de manera reiterada” a la obligación de transparencia. “Ya durante la pandemia con los contratos de urgencia —puedo demostrarlo— y sigue a rienda suelta evitando cumplir sus obligaciones. Es llamativo que quien más incumple sea un miembro de la carrera judicial; peculiaridades de esta comunidad”, ha reprochado el procurador del Grupo Mixto. Igea ha propuesto al Comisionado de Transparencia que acuda “a la vía penal” para que las dos cumplan con sus obligaciones de transparencia por si pudiera considerarse que se producen delitos como la prevaricación por omisión, impedir los derechos fundamentales o por la desobediencia a los órganos de control.

Tomás Quintana le ha respondido a esta propuesta con que ningún Comisionado aplicará instrumentos legales que vayan más allá del Derecho Penal y de sus funciones, por lo que estaría “abocado al fracaso” o se enfrentaría a una querella.