Ecologistas en Acción considera que Valladolid ha perdido una oportunidad histórica para municipalizar el tratamiento de residuos

El responsable de Ecologistas en Acción Valladolid, Javier Gutiérrez, asegura que el Ayuntamiento ha perdido una “oportunidad histórica” para municipalizar el Centro de Tratamiento y Eliminación de Residuos (CTR) de la ciudad, después de que el consistorio haya anunciado la adjudicación del contrato a la UTE formada entre el grupo Zarzuela y FCC para los próximos nueve años, por un importe de 50 millones de euros.

Para el ecologista vallisoletano, el Ayuntamiento, gobernado por la coalición de izquierdas entre PSOE y Valladolid Toma la Palabra, debería haber apostado por la gestión municipal del CTR, como sucede con el servicio de aguas municipales. “Un Gobierno que se jacta de gestión pública y que rechaza tomar partido... Es un poco decepcionante”, indica indignado.

El anuncio del nuevo contrato con la adjudicataria hecho este miércoles deja, según Gutiérrez, más dudas que certezas. “No queda claro como quedarán los precios de los servicios”, señala. Lo que más preocupa a la asociación ecologista es si se está abriendo la puerta a que Valladolid tenga el contenedor amarillo para el reciclaje de plásticos, un servicio que actualmente no se da en la ciudad. “A quien le interesa el contenedor amarillo es a Ecoemebes” subraya. “En otros países no tienen contenedor amarillo y se fomenta la reutilización de envases”.

En Valladolid, desde que se comenzó con el servicio de reciclaje, además de los contenedores de vidrio y papel, se optó por privilegiar un contenedor gris para residuos, y uno marrón, para restos exclusivamente orgánicos destinado al compostaje. “Con el anuncio del Ayuntamiento no nos queda claro qué va a pasar con los residuos orgánicos. A nosotros no nos importa que todo vaya al gris si hay uno exclusivamente orgánico porque luego se puede separar”, explica. Pero a Gutiérrez el anuncio del miércoles le preocupa porque según él no se aclara si se va acabar perjudicando al orgánico.

Según el responsable de Ecologistas en Acción en la capital del Pisuerga, la asociación estará atenta para comprobar en qué dirección se aclaran esta y otras dudas que generan el anuncio del nuevo contrato, como el poco rendimiento actual del CTR, que funciona “horrorosamente” , o problemas que varias fincas de alrededor están sufriendo, porque el viento provoca que se vuelen bolsas de basura y acaben en terrenos agrícolas cerca de Zaratán y Fuensaldaña.

El Ayuntamiento defiende que es necesaria una inversión de 44 millones y que de hacerla incumpliría las reglas fiscales

La concejala de Medioambiente, María Sánchez, explica a elDiario.es los motivos que han llevado al consistorio a optar, de nuevo, por una concesión en lugar de remunicipalizarlo. Por un lado, la planta no da servicio exclusivamente a la ciudad de Valladolid, sino que el 55% de los residuos vienen de toda la provincia, lo que imposibilita que sea el ayuntamiento quien lo gestione. Además, la concesión incluye la gestión de las basuras, pero también obras de mejoras a las que el Ayuntamiento deberían ejecutarse en 24 meses, lo que supondría que el importe de dicha inversión, valorado en 44 millones de euros, debería anticiparlos el Ayuntamiento de Valladolid.

“El actual CTR está obsoleto y es necesaria una inversión millonaria. La reforma tiene que hacerse de golpe y el interventor nos advirtió de que que incumpliríamos las reglas fiscales”, asegura Sánchez. Según la edil, la comparación con el servicio de aguas, remunicipalizado en 2015, no es pertinente, porque la inversión que debe hacerse en el CTR es muchísimo mayor. Sin embargo, para obras de canalización la inversión, aunque constante es mucho menor, se materializa a lo largo de 15 años en función de las prioridades marcadas y se financia con los ingresos derivados de la tasas.

Sánchez defiende que en el convenio, de 10 años frente a los 20 del anterior firmado cuando gobernaba el PP, establece una cláusula que indica que, si desde el ámbito provincial si tuviera dinero para pagar las obras, se podría plantear asumir la gestión aunque de manera provincial. Para la edil el nuevo contrato no perjudica “en absoluto” el reciclaje de los residuos orgánicos, “de hecho, se establece penalizar con las tarifas a los municipios que no lleven la basura separada”. También señala que buena parte de los 250.000 euros previstos para campañas de concienciación, irán destinados a informar exclusivamente sobre la separación de la materia orgánica.