Alerta por webs pornográficas que usan fotos de menores en redes sociales como reclamo

De Instragram a una web pornográfica sin consentimiento alguno. La Fiscalía de Barcelona ha detectado un aumento repentino de denuncias de mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad, que descubren que fotografías que habían colgado en sus redes sociales han terminado como reclamo de páginas pornográficas.

En lo que va de año, solo en la provincia de Barcelona se han recibido una quincena de denuncias de este tipo cada mes, cuando hasta antes de la pandemia no se habían detectado casos, según explica el fiscal delegado de criminalidad informática de la provincia de Barcelona, Roberto Valverde. El nuevo fenómeno se produce en un contexto de aumento de denuncias por delitos informáticos, desde estafas a pornografía pasando por el acoso o las extorsiones.

El fiscal destaca que la imagen sacada de las redes sociales de las jóvenes se usa exclusivamente como reclamo del sitio web pornográfico, por ejemplo para dar a entender que se podrá ver a la chica desnuda, aunque luego no es así. Valverde valora que el confinamiento ha influido en el aumento de estas prácticas, aunque cree que también hay que tener en cuenta un escenario novedoso, de mayor uso y cierta sobreexposición en redes sociales de algunos jóvenes.

Son las propias víctimas las que son alertadas por su entorno de que una foto que habían colgado libremente en una red social, en muchos casos en bikini o sin mucha ropa, se está utilizando para promocionar una web de pornografía. En ocasiones los portales se aprovechan de los perfiles de adolescentes que, si bien no son famosas, acumulan miles de seguidores en redes.

El hecho de que se trate de fotografías subidas a la red por las propias chicas dificulta enormemente la persecución penal de estas conductas, lamenta Valverde. No se pueden castigar como pornografía infantil porque, aunque son un reclamo, es una web de adultos. Tampoco está tipificada la suplantación digital de la imagen y de la identidad, pese a tratarse de una reivindicación histórica de la Fiscalía, que reclama su inclusión en el Código Penal desde hace más de una década.

La abogada penalista Laia Serra coincide en que con la legislación actual es “muy complicado” actuar contra este tipo de suplantaciones digitales, pero al mismo tiempo recuerda que, además de ser una reivindicación histórica de la Fiscalía, el pacto de Estado contra la violencia de género ya contempló en 2019 la modificación del Código Penal para cubrir conductas como la suplantación de identidad digital. La reforma sigue sin concretarse.

“Querer es poder, y de momento no se quiere”, lamenta Serra. Además de poner deberes al legislador para sancionar penalmente estas conductas, a criterio de esta penalista algunos casos, aplicando la perspectiva de género, podrían llegar a investigarse como un delito contra la integridad moral. Si no llegan casos a los juzgados, advierte Serra, es imposible que se dicten medidas cautelares para que se borren las imágenes de la web.

Sin embargo la opción más común entre los padres, aunque se interponga denuncia, termina siendo acudir a la vía civil para pedir una indemnización por el uso fraudulento de las imágenes, o instar a sanciones económicas por la utilización indebida de datos personales.

Más allá de su tratamiento penal, la socióloga y experta en innovación digital Liliana Arroyo, autora de 'Tú no eres tu 'selfie' (Milenio, 2020), cree necesario abordar este fenómeno desde la educación a los menores en el uso de las redes sociales pero también que desde las instituciones se obligue a las tecnológicas a crear “espacios seguros” en las redes para los adolescentes. “La industria tiene una responsabilidad”, recalca.

Esta experta pone como ejemplo de espacio seguro en las redes para los adolescentes la restricción en el uso de los datos derivados de las fotos, o la prohibición expresa de que terminen en bancos de imágenes. “Los jóvenes tienen que poder experimentar también en las redes su adolescencia, que no es otra cosa que explorar tu propia identidad, sin que luego les persiga toda la vida”, razona Arroyo.

Aumento de denuncias

Además de esta nueva conducta relacionada con las fotos colgadas en redes de las menores, el servicio que pilota Valverde ha detectado un aumento generalizado de delitos informáticos tras la pandemia. Solo en la provincia de Barcelona se abrieron el año pasado 61 procedimientos penales por pornografía infantil, un 169% más que en 2019, mientras que el acoso a menores a través de las telecomunicaciones casi se duplicó.

Por ahora no se ha abierto ninguna investigación penal abierta a los portales de internet que hacen apología de la anorexía y otros trastornos de la conducta alimentaria, uno de los problemas sanitarios que no ha dejado de afectar a los jóvenes durante el confinamiento. Las únicas sanciones son las dictadas por la Generalitat por vía administrativa, como la de 85.000 euros que se impuso en 2019 a una empresa irlandesa.

Además de las sanciones por infringir las normas de consumo, a nivel penal la apología de los trastornos alimentarios cuenta desde julio de estos años con mayor armazón legal, pues a raíz de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia se tipificó como delito la incitación a los trastornos alimentarios así como al suicido o las autolesiones.