El anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha suscitado un amplio rechazo en el sector educativo catalán. Además de la Generalitat, que ya ha manifestado su firme oposición al texto, los sindicatos, los principales movimientos de renovación pedagógica, las familias y numerosos maestros y estudiantes ya han expresado su indignación ante una reforma que choca contra un modelo de consenso como es, en la opinión mayoritaria, el de la escuela catalana.
Dos convocatorias, previstas para los días 10 y 13 de diciembre, llaman a tomar la calle para defender el sistema de inmersión lingüística. La primera, organizada de urgencia por Somescola.cat -plataforma vinculada a Òmnium Cultural-, anima a toda la sociedad catalana escenificar el rechazo al borrador de la ley el próximo lunes en Barcelona; la segunda, también en la capital catalana, la convocan el Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), la Marea Amarilla y varias asambleas de facultad, y va más allá de la defensa de la lengua, porque además reclama una educación pública de calidad. Ambas, sea como sea, cuentan con el apoyo de los principales actores de la educación catalana.
“Bastante nos cuesta mantener a flote la educación pública que encima tenemos que aguantar los golpes contra un sistema que pensábamos que ya todo el mundo tenía asimilado”, lamenta Jaume Aguilar, presidente de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica. Aguilar considera que el modelo de normalización es innegociable, porque “hace más de 30 años que se trabaja con él con un éxito innegable, contrastado internacionalmente”, y asegura que “en Cataluña, sobre todo con la inmigración, está demostrado que el catalán ha sido y sigue siendo esencial como factor integrador”.
Rosa Cañadell, portavoz del principal sindicato de maestros, USTEC-STEs, coincide con Aguilar en que “atacar a la inmersión es atacar la cohesión social: sin el modelo actual, muchos alumnos no catalanohablantes no aprenderían el catalán, y esto perjudicaría su integración en nuestra sociedad”. Además, considera que el conflicto se da “por culpa de una posición partidista”, que es “lo último que nos faltaba con los problemas que tenemos en la educación catalana”.
“La batalla de la lengua es la única que tenemos ganada”
“Aparte de la rabia que le tengamos a Wert, la batalla de la lengua es la única que le tenemos ganada, porque no existen fisuras”, asegura Montse Ros, responsable de Enseñanza de CCOO en Cataluña. “Hay una base social y política enorme que apoya el sistema de inmersión, y aparte del PP y Ciutadans, nadie lo rechaza”.
En cambio, hay muchas otras cuestiones del borrador de la LOMCE que preocupan a la comunidad educativa. “Hacía días que trabajábamos en una convocatoria conjunta de la comunidad educativa para el dia 13, porque aunque no conocíamos el actual borrador, el anterior ya era horrible”, considera Ros.
“Nuestra educación no pagará su deuda”
En el encuentro de estudiantes y profesores de todo el Estado -sobre todo de universitarios- que se realizó hace dos semanas en Barcelona se decidió convocar una manifestación a nivel estatal bajo el lema “Nuestra educación no pagará su deuda”. En Cataluña, el ataque a la inmersión ha ampliado los motivos de la convocatoria, pero tampoco desaparecen sus causas originales.
Ayoze Alfageme, portavoz de la Asociación de Estudiantes Progresistas, explica que “el gasto en pagar intereses de la deuda asciende a 38 mil millones de euros, mientras el presupuesto en eduación baja un 17% en relación al año pasado”. “Está claro que la prioridad de este gobierno es pagar la deuda de los banqueros y no invertir en educación, que es lo que nos da futuro”, concluye.
Alfageme también expresa preocupación por la situación del profesorado. “Se sigue congelando el sueldo a los trabajadores de la educación, que con lo que llevan acumulado representa una reducción del 16% de su poder adquisitivo”, asegura
Montse Ros es muy contundente contra la LOMCE: “No me puedo imaginar un texto más ofensivo para la educación, para la integración social y para toda la investigación hecha en cuestiones pedagógicas”. La responsable de CCOO lamenta que la crítica se centre exclusivamente en la cuestión de la lengua porque encuentra alarmantes muchos otros aspectos de la ley y cree que “la Consejera los quiere firmar, porque no ha dicho nada al respecto”.
Avances para las privadas
Entre estos aspectos está, por ejemplo, el poder que recibirían las entidades de enseñanza privadas si se aprueba la nueva norma. Hasta ahora, la regulación de la enseñanza estaba en manos exclusivamente de las administraciones, pero el proyecto incluiría a su vez a las escuelas privadas. Ros critica también el hecho de que por primera vez se hable de “beneficiarios de la educación” en un texto jurídico. “Esto quiere decir que hay personas que no son beneficiarias de este servicio”, asegura.
Rosa Cañadell se suma a esta crítica. Considera “una barbaridad” las ayudas que tendrían que recibir las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano para que acudan a escuelas privadas. “No hay dinero para la pública y los tenemos que dar a la privada?”, pregunta la portavoz de USTEC-STEs con indignación. “Por no hablar del avance en la privatización de la educación que esto supondría”, añade.
La representante de CCOO también dedica una crítica a CiU. “Se hacen los abanderados de algo que nació de CCOO, del PSUC y de los movimientos de renovación pedagógica, y que fue la defensa de la escuela catalana. No es que sea el caso de la consejera Rigau, que en aquel momento no era del partido, pero CiU defendía un modelo de escuelas diferenciadas en catalán y en castellano, aunque finalmente les convencimos”, asegura Montse Ros.
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