El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictaminado que el departamento de Enseñanza de la Generalitat debe introducir el castellano como lengua vehicular en las aulas donde esté escolarizado un alumno cuyos padres hayan pedido que su hijo atienda a clases en castellano. El alto tribunal así lo ha decretado en varios autos correspondientes a los recursos de varias de las familias afectadas. Según el texto, la exigencia de bilingüismo de los padres deberá “adaptarse a toda la clase -o unidad escolar- de la que forma parte el alumno”.
Esta decisión choca con la atención que ofrecía hasta ahora la Generalitat. A pesar de contar con el sistema de inmersión lingüística en catalán, la Administración se comprometía a garantizar una atención individualizada en castellano a los alumnos que pidieran el castellano como lengua vehicular. Incluso recientemente el Tribunal Supremo (TS) parecía que avalaba este derecho individual sin necesidad de cambiar el modelo lingüístico en su totalidad. Pero la solución individualizada ha sido rechazada ahora por el TS, según el auto, porque el alumno padecería una situación discriminatoria, parecida a la que se produciría si los alumnos quedaran separados por clases en funcion de su “lengua habitual”, añade el documento.
Por su parte, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha salido al paso de la decisión del TSJC para avanzar que la Administración recurrirá esta medida cautelar y que no la ejecutará hasta que no haya una sentencia firme por parte del tribunal. En este sentido, Rigau ha asegurado que la Generalitat “exprimirá al máximo” la defensa de la inmersión, un modelo que ha reiterado que genera un “amplio consenso parlamentario”, y se ha mostrado confiada en que el Supremo sabrá reconocer la razón del Govern dado que el auto “choca -en su opinión- con la ley catalana”.
La consellera también ha destacado que no entiende cómo la voluntad de un alumno -o de su familia- puede acabar por anteponerse a la del resto de la clase. El auto, sin embargo, ya prevé este argumento defensivo, y arguye que ninguna ley “garantiza el derecho de opción a recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales”.
El texto, además, esquiva otro de los principales argumentos a favor de la inmersión: el que la defiende como único modelo posible para garantizar que los alumnos catalanes dominen el catalán y el castelano al acabar sus estudios obligatorios. En este sentido, el TSJC dice que “no se discute la bondad (o no) del sistema lingüístico catalán [...], sino la presencia y proporción adecuada del castellano como lengua vehicular en la enseñanza”.
De este modo, el texto confirma el auto del pasado 3 de enero de la sala contenciosa administrativa del TSJC, que requirió a la conselleria dirigida por Rigau, que adoptase las “medidas necesarias” para que los alumnos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, una petición en sintonía con el anteproyecto de ley de educación que prepara el ministro Wert, que prevé la introducción del castellano como lengua vehicular en la proporción que la Generalitat estime, y acorde con la célebre sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut en 2010.
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