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Opinión – Lo de Madrid, por Antón Losada

Barcelona aprueba cobrar 71 euros al año por cada moto y bici de 'sharing' que ocupe espacio público

Ada Colau

Las motos y bicis de uso compartido que han proliferado en las aceras y aparcamientos públicos de las grandes ciudades deberán pagar en Barcelona una tasa de 71,51 euros al año. El Ayuntamiento ha aprobado modificar sus ordenanzas fiscales para introducir este impuesto –con los votos de BComú, ERC y PSC– a la espera de elaborar un reglamento, que sería pionero, para ordenar esta pujante actividad económica, a la que el Gobierno municipal quiere poner coto.

Las empresas aprovechan la falta de regulación para convertir la movilidad verde en un negocio privado

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Con el 'sí' del plenario municipal a la tasa, se abre un período de exposición pública de 30 días para presentar reclamaciones. La intención del gobierno de Ada Colau es que este gravamen suponga un primer freno al aumento descontrolado de vehículos de compañías como Cooltra o Scoot, de motos eléctricas compartidas, o Donkey Republic y Mobike, de bicicletas. La filosofía de los grupos que han sacado adelante la propuesta es que si un agente privado obtiene un beneficio del uso del espacio público debe retornar una parte de él en forma de tasa.

Ante los votos negativos de PDeCAT, Ciudadanos y CUP, la abstención del PP ha sido decisiva para otorgar la mayoría simple a BComú, ERC, PSC y el concejal no adscrito Juanjo Puigcorbé. Se trata por lo tanto de un acuerdo por la mínima que deja un mensaje para el gobierno municipal: no les será fácil lograr el consenso de los grupos para el reglamento que se han propuesto elaborar para fijar las condiciones en las que estas empresas pueden operar en Barcelona.

La medida de mayor calado que tiene en mente el ejecutivo de Ada Colau es poner límite a estos vehículos. Si en la actualidad estiman que hay 2.300 motos y 1.500 bicis de sharing, su intención es fijar un máximo de 3.500 y 2.500, respectivamente.

Otra propuesta que esbozó la teniente de alcaldía de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz, pasa por establecer un máximo de empresas que puedan operar en el mercado barcelonés –al que accederían por sorteo– y obligarlas a compartir con el consistorio los datos que se generan del uso de los vehículos, puesto que la práctica totalidad de ellas funciona a partir de aplicaciones de móvil. Este reglamento dejaría fuera de entrada a firmas de coches y patinetes eléctricos.

Partidos como Ciudadanos o PDeCAT han votado en contra al considerar que no se puede aprobar una tasa antes de tener consensuado cuál será el modelo de regulación. "Lo que presentan genera más dudas que certezas", ha lamentado la concejal de C's Carina Mejías. Por su parte, la CUP se ha opuesto al considerar que se están haciendo pasos para legitimar una iniciativa privada.

Por su parte, siete de estas empresas han creado esta semana una plataforma, Smart Mobility, para tratar de negociar conjuntamente con el Ayuntamiento. En su presentación este jueves se mostraron favorables a la tasa de 71,51 euros –aunque con una implantación progresiva– e incluso a compartir sus datos, pero mostraron preocupación hacia el límite de licencias, puesto que consideran que necesitan un gran volumen de vehículos repartidos por la ciudad para que el servicio cubra las necesidades de los usuarios.

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