Desde que el nuevo modelo de Transporte Sanitario Integral de Catalunya se puso en marcha el pasado 3 de noviembre, empezando por la Región Sanitaria de Lleida, ha ido levantando polvareda por casi todo el territorio, a medida que se iba implantando de forma gradual. Después del último tramo del despliegue, que se hizo en Girona, el Alt Maresme y el Camp de Tarragona el pasado 14 de enero, la UGT ha denunciado este jueves que el nuevo modelo de transporte sanitario provoca incongruencias, despidos y peor servicio para los usuarios.
Con la adjudicación de los 13 lotes -uno por región sanitaria- en el último concurso para prestar asistencia del Servicio Catalán de la Salud y con un presupuesto de licitación de 214 millones de euros anuales, se apostaba por primera vez para unificar la gestión del transporte no urgente (hasta entonces coordinado por el CatSalut) y el urgente (coordinado por el Sistema de Emergencias Médicas) en manos de un solo gestor, el SEM, para “mejorar la coordinación de las dos modalidades de transporte y aumentar la eficiencia de recursos y de gestión ”. Otra novedad importante era la contratación de los llamados 'Vehículos de Intervención Rápida (VIR)', un vehículo tipo monovolumen dotado de un equipo asistencial formado por un médico y un técnico de transporte sanitario que puede hacer asistencia pero no puede realizar transporte de pacientes.
Una de las incongruencias que denuncia a Catalunya Plural Ramon Vilella, secretario del sector Transporte Sanitario UGT de Catalunya, es que la formación por parte de las empresas adjudicatarias a los trabajadores, con el fin de explicarles el funcionamiento de los nuevos vehículos y los aparatos de electromedicina con los que cuentan, ha sido desigual en el territorio. “En algunos casos se ha hecho once horas de formación mientras que en otros se ha hecho una sesión informativa de 30 minutos”, explica Vilella. La formación, destaca, es básica para adaptarse a los nuevos vehículos, que funcionan con cambio de marchas automático y pesan más que los anteriores.
Por otra parte, ocurre lo mismo con el aparato médico. Hasta ahora los vehículos disponían de Desfibriladores Automáticos (DEA) mientras que ahora disponen de desfibriladores semiautomáticos (DESA) y la falta de conocimiento suficiente de las posibilidades y el funcionamiento del nuevo aparato suponen un claro impedimento para quien debe usarlo. “Los nuevos aparatos son de uso profesional, están muy bien pero hace falta una formación adecuada”, matiza Vilella. De hecho, desde el sindicato apuntan a que en dos meses se han producido cinco accidentes con los nuevos vehículos.
Otra incongruencia es que en algunos casos los Vehículos de Intervención Rápida (VIR), introducidos según el SEM para “priorizar la asistencia cualificada sobre el traslado de pacientes”, está llegando más tarde que otros vehículos, lo que puede suponer un problema ya que hay un tipo de vehículo, los de Soporte Vital Básico (SVB), que sólo cuentan con dos técnicos y no cuentan con ningún médico. Es el caso de Lleida, donde el VIR está situado en Alcarràs. “En algunos casos el problema con los VIR es por la disposición y también porque no se ha protocolizado adecuadamente”, dice Vilella.
Una demanda que no es nueva pero que se acentúa con este modelo, aseguran desde UGT, es la reducción de las demoras y una mayor eficiencia en el transporte no urgente. “No se prioriza la calidad del servicio”, señala Vilella que explica que las cuatro horas máximas de espera se incumplen en muchos casos y que un vehículo puede llegar a hacer recorridos que a pesar de pasar por delante del hospital no pare porque ha de ir a buscar pacientes de varios municipios y que incluso podrían ser de una mutua.
Cuando la empresa que provee el transporte sanitario es la misma en más de un lote, como ocurre ahora en el Vallès Oriental y el Occidental, se produce el hecho, según Vilella, que se intenta con menos personal cubrir más territorio. En este sentido, esta semana la plantilla de la UTE Falck-Ambulancias Sabadell, la empresa que opera en el Vallès, aprobó convocar tres días de huelga para exigir la readmisión de ocho trabajadores que habrían sido despedidos hace unos días.
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