Dirigentes de Junts piden a Borràs que dimita y ella lo rechaza: “Quien me quiera muerta, que se manche las manos”

El auto de apertura de juicio oral contra Laura Borràs que dictó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha supuesto un terremoto en Junts, pues aboca a la presidenta a ser suspendida de funciones en el Parlament. En una reunión mantenida poco después de conocerse la noticia entre dirigentes y el grupo parlamentario de Junts, miembros de la formación de JxCat se desmarcaron de la línea oficial del partido e invitaron a Borràs a apartarse del cargo, según fuentes citadas por EFE. La presidenta de la Cámara se negó y respondió con un extenso hilo de Twitter: “Si me quieren muerta, tendrán que matarme y mancharse las manos”, escribió.

Borràs ha optado por aferrarse al cargo pese a perder los apoyos en la Cámara. PSC, ERC y CUP, los tres partidos que integran la Mesa junto a Junts, ya han anunciado que consideran que Borràs debe ser suspendida este mismo jueves en la reunión extraordinaria que mantendrá el órgano. “Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía”, afirmó en las mismas declaraciones en Twitter.

La presidenta de Junts ha defendido también su “inocencia” y ha denunciado que es “víctima” de una “persecución política”. Borràs argumenta que no puede suspenderse porque en su caso no hay “corrupción lucrativa”: “Ha quedado evidenciado de que éste no es el caso”.

El artículo 25.4 del reglamento del Parlament dice que debe acordarse la suspensión de los “derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata” en los casos en que “la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción”. Es decir, no hace distinción alguna entre si es lucrativa o no, pese a la afirmación de la presidenta. A Borràs se le acusa de delitos de prevaricación y falsedad documental por presuntamente haber fraccionado contratos en beneficio de un amigo suyo informático, Isaías H, que en total habrían ascendido a 335.700 euros con IVA incluido.

Con todo, Borràs insiste en que “la finalidad” de este artículo del reglamento “era la suspensión preventiva de los diputados acusados ​​de delitos relacionados con la corrupción lucrativa; o sea, la malversación”. “Teniendo en cuenta todas estas circunstancias deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas y respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia la decisión política más ecuánime”, aseguró la presidenta del Parlamento.