El cine fue para los republicanos una herramienta de propaganda y de difusión ideológica muy importante. El régimen franquista era consciente y pronto aplicó una política que consistió en la censura y la persecución. El objetivo de esta práctica no era exclusivamente extirpar las ideologías enemigas que sustentaban las instituciones de la segunda república, sino permitir la viabilidad, la consolidación y la perpetuación de un nuevo modelo político autoritario desde los inicios.
Todo filme estaba bajo sospecha y era objeto de exhaustiva revisión. Política e historia fueron dos de los ámbitos más perseguidos por el Régimen. Las películas debían reflejar “la verdad de la Historia” y se prohibían las temáticas “de orden comunista o tendencia marxista, como huelgas, boicots y manifestaciones y que pudieran afectar al glorioso Movimiento y a su ideología”.
El aparato censor del régimen comenzó a tomar forma en enero de 1938 cuando Franco nombró Ministro del Interior Ramón Serrano Suñer, también conocido como “el gran censor”, con las competencias de propaganda. El falangista Dionisio Ridruejo sería el Director General de Propaganda del Ministerio del Interior.
El 1 de abril de 1938 se creó el Departamento Nacional de Cinematografía bajo la dirección de Manuel Augusto García Viñolas con el objetivo de vigilar y orientar el cine para que “sea digno de los valores espirituales de nuestra patria”, pero también para producir noticiarios y documental políticos y de propaganda. Por primera vez, siguiendo los pasos del frente republicano, los organismos oficiales promovieron una producción cinematográfica propia.
El 2 de noviembre de 1938, Suñer dictaba una orden que establecía la creación de dos nuevos organismos para la censura en el cine: la Comisión de Censura cinematográfica y la Junta Superior de Censura Cinematográfica. El objetivo era especializar la censura en función del material a revisar y asegurar un mejor control. Así, el primero de ellos asumió las producciones privadas, mientras que el segundo controlaba los noticiarios y documentales, aunque también hacía las funciones de apelación.
La ocupación de Barcelona en enero de 1939 que marcó casi el final de la guerra, supuso la confiscación de todas las películas producidas para posterior depuración, sobre todo documentales y noticiarios que permitieron la identificación y persecución de muchos republicanos. Mucho material fue destruido o manipulado y, al final del conflicto, el fondo fue requisado. Los materiales que sobrevivieron a la censura del régimen pasaron a formar parte, desde 1953, del patrimonio de la Filmoteca Nacional Española, entre ellos producciones de Laya Films. En el año 2001 se firmó un acuerdo de propiedad compartida entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña.
Laya Films era la productora de la Generalidat de Cataluña promovida por el propio presidente Tarradellas a través del Comisionado de la Propaganda, una vez se instauró la República se convirtió también la herramienta de propaganda del gobierno republicano. Nutrida con los mejores cineastas de la época retrató de manera excepcional los hechos más impresionantes de la Guerra Civil y de la sociedad del momento. Imágenes que no han visto nunca la luz y que fueron escondidas por el franquismo, y que sólo se conservaron en la memoria de los perdedores.
Laya Films realizó las funciones informativas que ahora hacen los medios de comunicación públicos. Produjo noticiarios y documentales, con el objetivo principal de difundir la cultura catalana y crear una industria cinematográfica propia, sólida y con continuidad. Siendo una escuela de profesionales de cine. Se calcula que produjo unas 100 ediciones de noticiarios, lo que equivaldría a entre 900 y 1.000 noticias. El documental de investigación de Pep Garrido y Joaquim Roqué, Borrado por el fascismo, recuerda cómo los primeros cineastas de guerra de la historia filmaban por Laya Films algunas de las imágenes más reveladoras de la Guerra Civil Española.
No es extraño, pues, que profesionales de diferentes ámbitos del sector audiovisual pidan que se retiren las tasas en concepto de derechos y licencias de uso de las productoras históricas oficiales NO-DO y Laya Films y otras fuentes públicas con las mismas características. En una declaración firmada en el Festival Memorimage de Reus, argumentan que los documentos audiovisuales de NO-DO y Laya Films han sido generados por organismos públicos ya extinguidos con gran valor documental.
El fondo fílmico NO-DO fue creado por la dictadura de Francisco Franco en 1942. Era un servicio de noticiarios cinematográficos de carácter monopolític de obligada exhibición en las salas de cine de España y sus colonias hasta el 1975. Se consideraba un elemento primordial de propaganda. Es un fondo con documentos fílmicos, registros sonoros y documentos textuales imprescindible para conocer y explicar críticamente un periodo de la historia de España.
Además de pedir la gratuidad del acceso y de la reproducción de los archivos, exigen incrementar y acelerar la prestación de servicios, la visualización en línea y la descarga de los documentos. La declaración considera que las dos fuentes son una pieza capital para trabajar en la recuperación de la memoria histórica de la sociedad. Los noticiarios semanales y documentales rodados durante la Guerra Civil y que han sobrevivido, son uno de nuestros tesoros patrimoniales y una parte importante de la memoria de aquellos cineastas que pusieron su cámara al servicio de la democracia.
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