ERC se arroga el cambio de criterio del Tribunal de Cuentas como un éxito del diálogo con el Gobierno

Sigue habiendo causas judiciales en cola, pero los líderes independentistas han vivido esta semana una tregua en uno de los frentes que más les preocupaba, el del Tribunal de Cuentas. El organismo ha resuelto aceptar las fianzas avanzadas por el propio Govern para hacer frente a las multas de hasta 5,4 millones de euros impuestas a 34 funcionarios y exdirigentes, entre ellos los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont. La razón ha sido una combinación de factores, entre ellas la aprobación de una nueva ley catalana para autorizarlo pero, también, el cambio de mayorías en el ente fiscalizador. Desde ERC exhiben este aparente éxito como un logro de la mesa de diálogo, mientras en Junts felicitan al conseller de Economía, Jaume Giró.

“Ha salido porque cada parte ha hecho lo que tenía que hacer”, conceden fuentes republicanas que, si bien aceptan que la ley promovida por Giró ha ayudado, argumentan que la palanca decisiva ha sido “mantener la presión al Gobierno”. Una presión que a su juicio se ha concretado en la renovación del consejo del Tribunal de Cuentas, pactada por PSOE, PP y Unidas Podemos en noviembre pasado, y que ha dado una nueva mayoría progresista en el organismo. “En esta negociación nosotros necesitamos la prueba del algodón de que las cosas avanzan. Y lo que ha ocurrido [con los avales] es una prueba de que hay voluntad de avanzar”, resumen fuentes del Govern.

Lo que se vivió este lunes en el Tribunal de Cuentas fue un giro de calado, pues la institución ha pasado en cuatro meses de negar que una entidad vinculada al Govern como es el Institut Català de Finances (ICF) pudiera avanzar los avales a permitirlo. La ley que regula este nuevo fondo de riesgos, aprobada la semana pasada en el Parlament, incluye una disposición que obligará a devolver el dinero si los acusados acaban siendo condenados por sentencia firme, con lo que se trata en todo caso de un alivio parcial. Pero, a corto plazo, soluciona la situación económica de varios exmiembros del Govern, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, a quienes se les reclama una responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para la acción exterior de la Generalitat.

Este lunes la Sala de Justicia del Tribunal quedó dividido por la decisión, en la que acabó imponiéndose la mayoría progresista recién nombrada. Sectores de la derecha interpretaron este cambio de criterio como una concesión al independentismo y desde Ciudadanos cargaron contra el PP, a quien acusaron de haber permitido que la renovación del órgano haya acabado permitiendo que se destinen “fondos públicos al intento de golpe de Estado”. Además este jueves la Fiscalía, que ya descartó imputar a Aragonès y a los consellers Vilagrà y Giró por la operación, ha archivado las pesquisa respecto a los miembros de la Junta de Gobierno del ICF.

En el Gobierno siempre han desvinculado cualquier decisión judicial con lo que se trata en la mesa de diálogo a la que, desde el principio, han marcado como límite el respeto a las leyes. Fuentes socialistas, sin embargo, recuerdan que es cierto que en el Tribunal de Cuentas hay ahora una mayoría progresista que puede ver con otros ojos la cuestión. Más directos son en Unidas Podemos, que vinculan directamente que el Tribunal de Cuentas haya aceptado ahora las fianzas del ICF con el cambio de mayorías. Según defendió Jaume Asens, el cambio de actitud está “relacionado con la renovación”, de la que su grupo participó, porque ha acabado “con la politización” que a su parecer sufría el organismo.

También ERC ha evitado vincular en público la mesa de diálogo con las fianzas del Tribunal de Cuentas. Entre otras razones porque la última vez que Aragonès trazó una relación entre los indultos y la negociación con el Gobierno, sus socios de Junts, empezando por el propio Carles Puigdemont, se le echaron encima. Con todo, en el Govern no esconden su satisfacción por cómo ha acabado encajándose el problema de las fianzas y dejan claro que es el tipo de soluciones que buscan en el diálogo con el Gobierno. “En el ámbito de la represión, tienen que pasar cosas y pasarán”, remachan desde el Ejecutivo catalán sin entrar en detalles.

Pugna con Junts por la autoría de la operación

El pasado lunes, cuando se conoció la decisión del Tribunal de Cuentas de aceptar los avales, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, hizo un tuit felicitando al conseller de Economía, Jaume Giró, a su propio partido y “al trabajo discreto y todo el mundo que lo haya hecho”. Y añadió un dardo: “El ruido y las apariencias de diálogo no ayudan. Nunca. El trabajo decidido y coherente sí”. Un mensaje que enervó a algunos republicanos, que vieron en el mensaje un intento de desgastar la mesa de diálogo.

Quien respondió al dirigente de Junts fue Albert Castellanos, hombre de ERC, actual secretario de Empresa. “Fue tan discreto mi trabajo que se te olvida que como presidente del ICF de entonces fui yo quien firmó los avales. De nada”, lanzó Castellanos. El intercambio sacó a la luz la pugna que los dos partidos mantienen, no solo por la paternidad de los avales, tal y como ocurrió en el mes de julio, sino sobre todo por cuál es la llave para solucionar problemas como el de las fianzas. Los republicanos defienden que el canal de diálogo abierto está sirviendo para “desempedrar el camino”, en palabras que en su día usó el exministro José Luís Ábalos. Para Junts, en cambio, es la confrontación y las acciones que se emprendan desde el Govern.

El propio Giró convocó a los medios tras conocerse la noticia. “Podemos estar satisfechos porque permite a los servidores públicos puedan actuar con libertad”, tras describir el fondo de riesgos como una “medida jurídica y política impecable”. Esto último es algo en lo que los republicanos coinciden aunque, en su caso, subrayan que han sido los servicios jurídicos del Govern los que han trabajado para pulir la ley y que pudiera pasar el filtro del Tribunal de Cuentas.