El Govern catalán se apunta a legislar por decreto ley y sin pasar por el Parlament

El Parlament debatió el pasado 29 de junio sobre la convalidación de un decreto ley importante: los criterios sobre los proyectos lingüísticos en la escuelas catalanas, uno de los dos textos (el otro es una ley de amplio consenso) pensados para frenar la imposición del 25% de castellano en todos los centros. La legislación salió adelante con los votos de los grupos del Govern y los comuns. Pero, como marca el reglamento, una vez convalidado el decreto la presidenta del Parlament preguntó a los grupos si deseaban tramitarlo como proposición de ley. Pese a que la normativa ya estaba en vigor y que no hubiera supuesto ningún retraso, la mayoría votó en contra.

Aquella fotografía no fue una anécdota sino el reflejo de una tendencia de fondo. Como ha ocurrido con otros gobiernos, tanto autonómicos como el central, el Ejecutivo catalán se ha apuntado al carro de legislar por decreto ley y, por tanto, suprimiendo la mayoría de los trámites a través de la Cámara. De las 48 normas aprobadas durante el curso parlamentario que acaba de cerrarse, 38 fueron decretos ley, entre modificaciones y nuevos articulados, y solo el resto, un 21%, siguieron los trámites parlamentarios completos.

El decreto ley es una herramienta pensada para la legislación urgente, hasta el punto que tanto la ley como los tribunales reclaman que se argumenten las razones de la celeridad. Cuando concurren estos casos, los gobiernos que lo tienen autorizado (en Catalunya no se hizo hasta el año 2006, con el nuevo Estatut) pueden aprobar extensas normas con rango de ley directamente desde el Ejecutivo y que entran en vigor al día siguiente.

En el caso del decreto ley, el Parlament solo interviene para convalidarlo o rechazarlo en un plazo de 30 días. Nada que ver con los trámites de un proyecto o proposición de ley, donde los representantes tienen tiempo y recursos para debatirlos, enmendarlos o ampliarlos durante meses, por lo que se considera la vía adecuada para los temas de calado.

Pero las materias sobre las que se legisla mediante decreto ley no siempre cumplen con esta condición de urgencia. El Govern por ejemplo estableció por decreto el nuevo marco del alquiler de vehículos con conductor, que además ni siquiera era una legislación completamente propia del Ejecutivo sino que estuvo negociada con el principal grupo de la oposición. También se enmendó por vía del decreto ley los impuestos verdes sobre los vehículos contaminantes o la integración de nuevos centros educativos en la red pública de la Generalitat.

No fueron las únicas operaciones que se hicieron mediante la vía legislativa acelerada. También se aprobó así una de las medidas estrella del plan contra la segregación escolar, para redistribuir alumnos entre centros, u otra más polémica, como fue la concesión de un aval de más de 100 millones de euros en cuatro años al Circuito de Montmeló para mantener allí la Fórmula 1.

De la misma manera se elaboró la reorganización del sistema sociosanitario catalán, aprobada en diciembre pasado. O el paquete de medidas contra la violencia vicaria, que entre otras cosas prohibió que los padres acusados de agresiones de género se puedan comunicar con sus hijos. O el cambio legal para permitir la consulta sobre los Juegos Olímpicos de invierno que se acabó suspendiendo.

Medidas económicas o sanitarias

La mayoría de los 38 decretos ley que se han aprobado lo han hecho “rozando el palo” de lo que esta figura legislativa permite, reconocen fuentes parlamentarias. Sin embargo, no todas las normas son así. Como viene pasando desde 2020, el decreto ley se ha convertido en una herramienta muy útil a la hora de aplicar medidas sanitarias o económicas con la inmediatez que requiere una pandemia mundial, primero, y las consecuencias de la guerra en Ucrania ahora.

En el último curso parlamentario el Govern ha aprobado hasta cinco decretos de estas características: tres específicos sobre la COVID-19 y uno mixto en el que se combinan las medidas de choque para hacer frente a la guerra con las que tienen que ver con la pandemia. Estos últimos decretos ley serían el ejemplo de normativas que sí tienen cabida en una herramienta para la que tanto la Constitución como el Estatut exigen que ocurra una “extraordinaria y urgente necesidad”, y una muestra de para qué está pensado el decreto ley.

Aunque la proliferación del decreto ley es reciente y se ha disparado con la pandemia, el Tribunal Constitucional lleva tiempo tratando de dar una interpretación sistemática sobre lo que son necesidades urgentes y lo que no, aunque sigue sin estar claro. Una de las últimas polémicas ocurrió con la reforma laboral aprobada por el Gobierno mediante real decreto ley en diciembre pasado, que el PP criticaba al entender que debía llevarse al Parlamento. El tribunal de garantías decidirá sobre cuál de las dos partes tenía razón.

El ritmo legislativo aumenta

El balance del Parlament al cierre por vacaciones fue de 48 normas aprobadas, entre nuevos articulados y reformas de otros ya existentes. Un ritmo que ha crecido respecto a años anteriores, marcados por la pandemia y, también, por el bache legislativo que supuso el Govern de Quim Torra. Las 10 leyes aprobadas por la Cámara catalana están en la media de un curso normal, aunque seis de ellas se trate de modificaciones legislativas con uno solo o unos pocos artículos.

Entre las normas nuevas que se han aprobado están la ley de Presupuestos y su norma complementaria de medidas fiscales, la que crea el fondo de complementario de riesgos que actúa como seguro para pagar las fianzas de altos cargos y funcionarios ante el Tribunal de Cuentas, o la que regula el uso del catalán en la enseñanza.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció además la semana pasada la voluntad del Govern de acelerar la llegada de algunas de sus medidas estrella a partir de este septiembre. Entre los proyectos que quiere priorizar está la puesta en marcha de una energética pública, la promoción del nuevo 'hub' audiovisual o la gratuidad de la educación infantil, que comenzará a partir de este curso con el curso para las niñas y niños de 2 años. Según los planes del jefe del Govern, 2023 será un curso parlamentario en el que se multiplicarán las iniciativas legislativas.