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Aragonès advierte al Gobierno de que la “desjudicialización” debe concretarse antes de acabar 2022

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, comparece desde la delegación de Catalunya en Madrid

Arturo Puente

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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la llamada “desjudicialización” que negocia con el Gobierno central deberá concretarse durante el último trimestre de este año. “Antes de acabar el año debe haber habido cambios legislativos y acuerdos determinados en el proceso de desjudicialización”, ha dicho. Unos acuerdos que deben tener los “efectos de la amnistía”, ha asegurado Aragonès, que ha indicado que estos acuerdos serán “la manera de constatar si el Gobierno del Estado quiere realmente poner fin a la represión”. El jefe del Govern ha indicado también que la Moncloa no puede escudarse en una falta de mayorías porque, en su opinión, sí existen los votos suficientes para los cambios que reclaman.

Aragonès se ha referido así al proceso de diálogo que mantiene abierto con el Gobierno en el balance del curso político que ha hecho este martes, en la última reunión del Govern antes de la vacaciones. El líder republicano se ha mostrado confiando en que Junts no abandonará el Govern y ha anunciado que las medidas más importantes de la legislatura comenzarán a desplegarse en el próximo curso, entre las que ha citado la gratuidad de la educación entre 0 y 3 años o la energética pública. Estas políticas, ha dicho, deben llegar acompañadas de un nuevo presupuesto de la Generalitat, que desea aprobar “con la mayoría de la investidura” pero también “mirando al conjunto del soberanismo”, es decir, con la CUP o los comuns.

Respecto al diálogo con el Gobierno, Aragonès ha asegurado que los acuerdos a los que la mesa llegó la semana pasada son iniciales pero, a su juicio, importantes, en la medida que avanzan hacia “una solución contra la represión”. “Vamos paso a paso”, ha dicho, proyectando acuerdos más ambiciosos en la siguiente reunión de la mesa que debe celebrarse a partir de septiembre.

Sobre los acuerdos sobre modificaciones legislativas, Aragonès ha rechazado entrar en el detalle sobre qué delitos en concreto deberían tocarse, pero ha asegurado que los objetivos que se persiguen con esta reforma son: “Nadie más en la cárcel o el exilio a causa de su compromiso político, basta de atacar el patrimonio familiar debido al compromiso político y tampoco puede haber inhabilitaciones por esta causa”. Estas reformas, además, “ser efectivas antes de acabar el año”, ha dicho, imponiéndose un calendario muy ajustado para reformas que implican modificar leyes orgánicas en el Congreso.

Con todo, Aragonès ha indicado que la cuestión de la desjudicialización es únicamente uno de los ejes de la mesa de diálogo y ha indicado que “resolver el conflicto político para también por poder votar cómo queremos gobernarnos”, ha dicho. Sobre esto y respondiendo a las valoraciones del Ejecutivo central sobre la última mesa de diálogo, el president ha salido al paso y ha desafiado: “Si el presidente del Gobierno español está tan seguro de que el diálogo minimiza el independentismo, que ponga las urnas. Si no las ponen es porque saben que si ponen las urnas el sí a la libertad de Catalunya será el proyecto que ganará”, ha lanzado.

Septiembre y el tercer trimestre de 2022 son fechas subrayadas en el calendario del Govern pues Aragonès ha situado también allá el inicio de las medidas bandera de su legislatura. Sobre la gratuidad de la educación infantil, el president ha subrayado que tienen previsto comenzar por el curso para niños y niñas de 2 años, el primero que se ofrecerá sin coste. A partir de ahí, la idea de la Generalitat es ir generalizando la inversión en toda la etapa entre 0 y 3 años. Otra de las medidas destacadas es el nuevo Pacto Nacional por la Industria, que el president ha asegurado que se firmará en otoño y que debe servir para dar un nuevo impulso a la reindustrialización, con la mirada puesta en la cuestión verde.

Unido a esto, también en el próximo trimestre está previsto que comience a construirse la energética pública que prepara el departamento de Acción Climática. Según los planes iniciales, el Govern tenía la intención de poner en marcha una generadora energética, tras recuperar la concesión de hidroeléctricas con contratos caducados para ponerlas bajo el paraguas público. Un primer impulso que después podría completarse con la construcción de nuevas plantas de renovables desde la iniciativa pública.

Todo esto, ha señalado Aragonès, deberá ir ligado a un nuevo proyecto de presupuestos, que también deberán estar muy focalizados en mitigar el impacto social de la inflación. Tras recordar que el conseller de Economía ya ha comenzado la ronda con los grupos, Aragonès ha señalado a la CUP y a los comuns, además de a Junts. “Estos presupuestos deben tener el respaldo de la mayoría que permitió mi investidura”, ha dicho, tras asegurar que mira hacia “la izquierda nacional y el soberanismo” porque coincide con ellos “con la defensa del bienestar del conjunto de la ciudadanía, en el combate contra la desigualdad y en la necesidad de decidir nuestro futuro”.

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