El Derecho es la principal garantía de Justicia para los que no tienen poder ni riqueza, y especialmente para los desvalidos y los oprimidos. Goethe se equivoca, y que perdone el gran señor de las letras alemanas y europeas, cuando oponía Orden y Justicia, y optaba por el orden. Sin orden no hay justicia. Hay que asumir a la vez ambos valores. Orden y Justicia se manifiestan y se concretan en las leyes, constituciones, estatutos, leyes ordinarias, etc. Pero no solamente. El orden jurídico puede ser también “desorden establecido”(según fórmula afortunada de Mounier, el fundador de Esprit). En países en que ha arraigado la democracia. como los europeos y americanos, la democracia entra en contradicción con el Estado de Derecho. Pues la Democracia es un sistema que se basa en la consideración de que todos, hombres y mujeres que conviven en un país, son libres e iguales. Y el Estado de Derecho puede servir para legitimar la represión de las libertades y las políticas públicas que aumentan las desigualdades. Incluso podemos asumir que hay una contradicción de fondo entre ambos conceptos.
La democracia es un proceso histórico que ha avanzado mediante luchas sociales y revoluciones políticas. Momentos históricos que han generado inicios o progresos decisivos de la democracia han sido las revoluciones inglesa, americana, francesa (principalmente), las revoluciones europeas de 1848, la conquista de los derechos sociales promovidas por el movimiento obrero y las políticas de “welfare state” que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre los avances de la democracia, inspirados por los principios de igualdad y libertad, han sido resultado de conflictos políticos y de reconocimiento de nuevos derechos. La legitimidad crea nuevas legalidades como exponía recientemente en un interesante artículo Jordi Mir (en catalunyaplural.cat).
La legitimidad existe cuando se dan algunas condiciones: un importante apoyo social, unos valores legitimadores que son propios de todos los momentos históricos citados y que están codificados en tratados internacionales y principios generales del Derecho que un sector de las instituciones políticas y jurídicas reconocen como nuevos derechos. Pero la legitimidad sólo existe políticamente si estos elementos generan una fuerza socio-política que pueda imponer los cambios. La legalidad deja de ser legítima cuando una mayoría de la población no la reconoce.
El conflicto entre Estado de Derecho y Democracia está latente siempre. Emerge con fuerza en momentos críticos cuando sectores importantes de la ciudadanía no reconocen la validez de las leyes, o de algunas leyes, que niegan, recortan o reprimen lo que consideran sus derechos. ¿Por qué se da este conflicto? Las conquistas democráticas nunca son completas, a menudo se limitan a establecer derechos abstractos o incluso los poderes fácticos fuerzan que no se reconozcan. Por otra parte la evolución social, económica o cultural hace emerger nuevas necesidades y la demanda de nuevos derechos. Pero sobre todo hay que considerar que las Constituciones, debido a su generalidad, se desarrollan mediante leyes, decretos, jurisprudencia y doctrina jurídica, que a menudo pervierte o prescinde de unas normas y desarrolla otras que pueden vulnerar derechos básicos. Esta perversión se debe a la fuerza de los intereses y de las ideologías de los poderes dominantes (económicos, mediáticos, etc.) y los intereses corporativos de los representantes políticos que están instalados en las instituciones y que quieren reproducirse ad infinitum en el marco de un sistema que genera oligarquías y exclusiones.
La actual situación de conflicto entre Catalunya y el Estado español es un caso ejemplar de cómo la Democracia tiene su principal enemigo en el Estado de Derecho y cómo los intereses corporativos de las oligarquías políticas se convierten en los principales adversarios del avance democrático. La cuestión ahora no es si Catalunya puede ser independiente o no. Se trata de reconocer si el pueblo catalán tiene derecho a expresarse como sujeto político. El movimiento popular catalán pone en peligro el poder monopólico que hoy está concentrado en manos de una élite política y económica española y de la que participan también algunos clanes catalanes. Todos juntos no defienden la democracia ni la Constitución. Han pervertido una y otra. ¿Y cómo quieren que respetemos sus interpretaciones interesadas de la Constitución, de las leyes y de las sentencias del Tribunal Constitucional, que en lugar de promover desarrollos democráticos han puesto en marcha procesos “legales” represivos y políticas publicas contrarias a la gran mayoría de la ciudadanía?
La resistencia catalana va en favor de la democracia en España. Ha evidenciado el carácter de un régimen político profundamente antidemocrático, que no sólo ha llevado a cabo políticas contrarias a los derechos sociales y a las libertades públicas, sino que también ha negado el derecho de los pueblos a expresarse creando una crisis de convivencia perfectamente evitable. Si la Constitución y las leyes actuales son los instrumentos que utiliza el Gobierno español, quiere decir que la democracia hoy se confronta con un Estado de derecho pervertido que han hecho los dos partidos que se han alternado en el gobierno. Hoy la democracia y la regeneración del Estado de derecho se recuperarán mediante la irrupción de los movimientos sociales renovadores en las instituciones. Las elecciones municipales pueden ser la tumba de un régimen político podrido.
Sobre este blog
El blog Opinions pretende ser un espacio de reflexión, de opinión y de debate. Una mirada con vocación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana y también con la voluntad de explicar Cataluña al resto de España.
Llegir Opinions en català aquí.
