En España estamos viviendo una profunda crisis de régimen político fruto de la erosión que ha sufrido su base social con la gestión de la crisis en beneficio de unos pocos y perjuicio de los más. Una democracia construida sobre la base de la tutela y desconfianza a la ciudadanía, que cerraba la posibilidad de solucionar democráticamente la cuestión nacional en España, tenía que venir a ser cuestionada por unas generaciones que hemos crecido y madurado en democracia.
Y es que la escasa vida democrática que históricamente ha vivido este país hace que los debates y conflictos latentes se cierren en falso, con apaños provisionales y de escasa calidad. Lo que en otros países donde en su día existió un proceso de ruptura democrática con el fascismo, como en Grecia y Portugal, ha constituido una crisis política profunda y un cambio en su sistema de partidos, en España se expresa como una crisis de régimen y el cuestionamiento de su ordenamiento jurídico-político e instituciones básicas.
La cuestión territorial del estado fue uno de los debates principales durante la Transición, pero como apunta Javier Pérez Royo, el estado de las autonomías, estructura territorial no contemplada en la Constitución de 1978, representaba una propuesta más de llegada que de partida para posteriores lecturas expansivas. Así mismo, aunque las opciones de izquierdas lo contemplaron en sus primeros programas, el resultado de la Transición dejó fuera de la Constitución el derecho de autodeterminación, que hasta la fecha había sido un elemento de consenso entre las fuerzas democráticas.
Ahora tenemos la oportunidad de dar a esta cuestión secular una solución democrática y abierta, propia de una ciudadanía madura para un país de todos y todas que sepa reconocer la riqueza en la diversidad. Esta solución no puede ser otra que más democracia, incluyendo un referéndum vinculante donde los catalanes y catalanas podamos decidir nuestro futuro colectivo como nación.
Desde Catalunya hemos asistido los últimos años a un movimiento recentralizador y castrador de la realidad plurinacional de España en el ámbito educativo, lingüístico y sobre la autonomía financiera. Una lectura regresiva de la Constitución que culmina en 2010 con la suspensión parcial del Estatut d’Autonomia aprobado por el pueblo catalán (vía referéndum, que, no obstante, Artur Mas y Rodríguez Zapatero recortaron), cataliza un movimiento soberanista que termina desbordando los límites del régimen constitucional vigente. En el marco de crisis económica, comienza un ciclo de movilizaciones soberanistas masivas desde la sensación de humillación a un ejercicio democrático. El reclamo del derecho a decidir es masivo en las calles, que a su vez es respaldado por el 80% de los y las catalanas según las encuestas.
Al mismo tiempo, quiebra en Catalunya un singular régimen bipartidista, no basado en la alternancia sino en el reparto de los niveles de la administración. Los dos principales partidos entran en crisis: el PSC, que responde al agotamiento estructural de las terceras vías con un añadido de subalternidad al PSOE; y Convergència i Unió, coalición que ha fundamentado su propuesta política en la gestión de la Comunidad Autónoma de Catalunya, que forma parte del sistema bipartidista en que se viene apoyando el régimen y que entra en fase de descomposición por su apoyo a la gestión de la crisis en favor de los ricos y poderosos.
No obstante, en 2012, Convergència Democràtica de Catalunya consigue situarse en la pugna por expresar políticamente el movimiento soberanista, reinventándose como campeona del derecho a decidir, convocando elecciones autonómicas al calor de la movilización soberanista y, a la postre, obteniendo un resultado más discreto del esperado. Sus responsabilidades en la gestión de la crisis con recortes y privatizaciones en sanidad y educación, en entramados de corrupción estructural, así como en la represión de la movilización social, no podían dejar de pesar electoralmente.
A partir de entonces el movimiento democrático soberanista catalán de amplia base ciudadana muta, pasando a ser un proceso político institucional dirigido por el president Artur Mas. En especial, esta captura se perfecciona a partir de la solución a la frustrada consulta del 9N, prohibida por el estado y el gobierno del PP, celebrada sin censo y por voluntarios y capitalizada políticamente por Artur Mas.
Las elites catalanas reciclan un elemento de la crisis de régimen en una tabla de salvación y un instrumento de división de la mayoría popular, con la figura del presidente Mas encabezando un proceso soberanista que dibuja un modelo de país en forma de utopía homérica que, de forma interesada, a duras penas logra esbozar. No es otra que la continuación de la tradición del pujolismo, que incorpora un fino sentido de conquista de la hegemonía a partir del liderazgo y la construcción de un sentido de país, reciclando y haciendo meramente estéticos elementos de la conciencia y práctica rupturista. Se transforma el movimiento por el derecho a decidir en un movimiento independentista, de la que una parte importante de las clases populares catalanas se sienten desinteresadas, cuando no excluidas. La ruptura democrática se confunde e identifica interesada y equívocamente con la ruptura con España, convirtiendo lo que es parte de una crisis de régimen político y la exigencia de más democracia en una cuestión entre catalanes y españoles, que a su vez retroalimenta lo más conservador, e incluso reaccionario, de los instintos políticos, fortaleciendo al PP y a Ciudadanos por un lado y la figura presidencial de Mas por el otro.
El último episodio en esta estela son las elecciones autonómicas del 27S, que bajo un guión plebisicitario del Sí versus el No, ha instaurado una situación de bloqueo político en que el pueblo de Catalunya aparece dividido. Además sin las condiciones políticas para un proceso independentista que carece de mandato democrático mayoritario. Un proceso independentista que aparece ya nítidamente como la coartada para investir a Mas presidente y no como un proyecto serio de país.
Es por ello que hace falta una solución superadora que permita construirse desde y para una base social mayoritaria en Catalunya. Esta solución tiene que ser de encuentro y fundamentarse sobre bases democráticas, por tanto, en un referéndum donde poder decidir, que es la base para la construcción, mediante un proceso constituyente, de una propuesta que suscite un amplio apoyo y que no puede ser, hoy por hoy, ni la continuidad del actual régimen autonómico, ni la desvinculación de un proyecto común con España. Tenemos que superar el 48/35 de la división entre un Sí que es ensoñación interesada para mantener a Mas en el poder y un No que es un sí a un statu quo ya superado por los acontecimientos, en el marco de un art. 135 que dinamita, entre otras cosas, la actual estructura territorial al establecerse una lógica de recentralización del estado central fiscalizador del presupuesto a costa de unas autonomías a priori sostén del estado del bienestar.
El panorama político catalán sólo se podrá desbloquear desde presupuestos que sean ampliamente compartidos y mayoritarios. La propuesta de Podemos y de En Comú Podem de celebrar un referéndum en Catalunya es expresión en sí misma de un proyecto democrático, porque supone reconocer en España el derecho de autodeterminación para las naciones, además de un reconocimiento de la soberanía de Catalunya. El referéndum es ya el inicio práctico de un proceso constituyente que debe incluir no solo una solución de encuentro de naciones en España, sino también una serie de puntos elementales para un nuevo pacto de la ciudadanía en el ciclo político que iniciamos en 2016: más democracia, blindar los derechos sociales, cero corrupción y una administración de justicia independiente.
Óscar Guardingo es cabeza de lista al Senado por Barcelona (En Comú Podem). Luis Juberías y Marc Llaó son miembros de Podem Catalunya
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