Hace unos días el Presidente de la Generalitat anunció la creación de la condición del “directivo público” como una figura de gestión entre los cargos políticos y los funcionarios y funcionarias que, cabe recordar, han accedido a la función pública por méritos y capacidades, habiendo promocionado, en general, de forma transparente y siguiendo los mismos principios.
Con este anuncio parece que el gobierno quiere reactivar la reforma de la Administración Pública de la Generalitat, sobre la que no nos consta ninguna propuesta concreta. Entendemos que las intenciones irán en la línea del documento encargado a una comisión de expertos, que está claro que coincidirá plenamente con lo expresado la Vicepresidenta, Sra. . Joana Ortega, en una conferencia ante el auditorio convocado por una escuela de negocios.
Parece evidente que los informes no se encargan para qué te digan lo contrario de lo que quieres hacer, sino para justificar que hay que hacerlo y para qué te den orientaciones de cómo hacerlo. Seguro que la conferencia marca las intenciones del Gobierno para la reforma de la Administración Pública de Cataluña.
Por tanto, pese a no tener ninguna propuesta formal, creo que podemos hacernos una opinión clara de por dónde irán los tiros en cuanto a la reforma de la Administración Pública de Cataluña.
Estaremos de acuerdo en que queremos una Administración Pública más transparente, más eficiente, más profesional y más “inteligente”. Para ello no es necesario incorporar la figura de “directivo público”, lo que hay son responsables políticos que crean en la función pública y que quieran aprovechar la profesionalidad de los trabajadores públicos.
Con la incorporación de la figura del “directivo público”, parece que el gobierno pretende dotar a los diferentes departamentos de personal de confianza, sin que cuenten como altos cargos ni como cargos de confianza, en sustitución de los funcionarios que ahora realiza tareas de dirección y gestión.
No es eso lo que hace falta, lo que hay es una drástica reducción de asesores y cargos de confianza y encargar sus funciones y competencias al personal público actual, funcionario o laboral, que está perfectamente cualificado para desarrollar estas tareas y tiene vocación, profesionalidad, experiencia y capacidad probada de servicio público.
Llegados aquí cabe preguntarse si se quiere una administración eficiente al servicio de la ciudadanía o fiel al poder político de turno. ¿Y por otra parte no será que molesta e incomoda la independencia del funcionariado respecto de los gobiernos? Puede tener que ver con las denuncias hechas por servidores públicos, sobre prevaricación, malversación de recursos, falta de transparencia, etc?
Hay que decir también que el informe de los expertos rezuma la desconfianza ancestral y tópica sobre la condición de funcionario y de trabajador público. Se trata de seguir con la caricatura de persona lejana al ciudadano , poco amable, con falta de formación, cargado de rutinas burocráticas e incapaz de entender y atender las necesidades de una Administración moderna al servicio de la ciudadanía.
Quieren ignorar, de forma deliberada, que son las trabajadoras y trabajadores públicos, los funcionarios y el personal laboral de los servicios administrativos y técnicos, el personal docente, el sanitario y el resto de trabajadores del sector público, los que estamos garantizando con nuestro esfuerzo, el buen funcionamiento de los servicios públicos.
Lo hacemos, y lo seguiremos haciendo, con el sentido responsable de nuestra profesionalidad , aunque los continuos recortes en nuestras condiciones de trabajo económicas y sociales, ya pesar de la falta de reconocimiento hacia nuestro trabajo por parte de los responsables políticos.
En resumen, los trabajadores de las administraciones públicas somos los primeros interesados en una reforma de las administraciones y los servicios públicos pero con el objetivo de dar un mejor servicio a la ciudadanía, mejorar su transparencia y por seguir siendo los garantes de la objetividad y la legalidad del servicio que se presta.
Pero creemos qué esto no es lo más importante ni el primero de los intereses de este Gobierno.
Estamos en el convencimiento de que las intenciones del gobierno pasan por la introducción de fórmulas privadas de gestión, de la función y de los servicios públicos, que conllevará la pérdida de derechos a prestaciones y servicios a la ciudadanía y la reducción y precarización de los trabajadores, como un paso más en su política de desmantelamiento del Estado del Bienestar, aunque lo nieguen en sus declaraciones públicas.
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