Inmersos en una nueva campaña electoral, pareciera que el tema de la inversión social y del cumplimiento de los acuerdos y las resoluciones parlamentarias aprobadas quedan fuera de la contienda electoral. Solo algunos partidos lo recuerdan como una música de fondo, pero lo que de verdad preocupa ahora son otras cuestiones que condicionan los posibles pactos futuros que han de permitir la capacidad de gobernar.
Yo quisiera recordar que al sector social lo que más le preocupa es la mejora del bienestar de la ciudadanía, que pasa, como mínimo, por el cumplimiento de los acuerdo alcanzados en el pleno sobre emergencia social celebrado del Parlament de Catalunya. En el marco de aquella sesión se aprobaron una serie de medidas que eran, en buena parte, las que se habían acordado en el Plan de choque, que sumadas a algunas otras representaban un incremento significativo en políticas sociales.
Pero la no aprobación de los presupuestos nos ha dejado perplejos y diría que con poca capacidad de reacción. La desinformación sobre cómo puede gestionarse esta situación nos ha llevado a oír afirmaciones como que los 860 millones se pierden y se van a las arcas del señor Montoro, mientras otros sostienen que la previsión de ingresos no se pierde y es posible aplicarlos al ejercicio 2016.
He intentado asesorarme sobre esta cuestión y parece que existen algunas posibilidades de canalizar estos recursos por la vía de un decreto por el que el gobierno amplía el presupuesto en determinadas partidas por razones de compromisos adquiridos que no puede eludir. Entiendo que el departamento de Economía y Hacienda puede, tal como se contempla en la normativa vigente, autorizar excepciones a propuesta del departamento que necesita incrementar su presupuesto, compensando estos aumentos mediante transferencias de crédito o retenciones de crédito por el mismo importe.
Creo que los compromisos adquiridos en relación a la pobreza son realmente razones excepcionales que no pueden desoírse, y si existe una mínima posibilidad de llevar a cabo los acuerdos que en su día se adoptaron, no hay excusa para no hacerlo.
Pido, por tanto, a todos los partidos políticos, y en especial a los que gobiernan, que desde su responsabilidad y desde el convencimiento de que están gobernando para la ciudadanía, procedan con la máxima urgencia a publicar los decretos necesarios para cumplir con lo acordado. Porque para las personas que están esperando una beca para sus hijos, un piso, la garantía de unos ingresos mínimos para vivir dignamente, atención sanitaria sin largas listas de espera, escuelas de calidad y universales, políticas activas de ocupación u otras muchas cosas que necesitan, resulta difícil entender que el desacuerdo político haya convertido las promesas consensuadas en papel mojado que ha quedado, una vez más, para el olvido.
La misma valentía que se pide últimamente para romper con el orden político establecido la pediría yo para responder a las necesidades de las personas que hoy están sumidas en la más absoluta pobreza, y que no pueden esperar a la llegada de esa tierra prometida.
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