El Parlament aprueba debatir la ILP de los grandes dependientes un año después de aceptarla a trámite
Hace un año, la Mesa del Parlamento de Cataluña admitió a trámite una iniciativa legislativa popular que reclamaba que los pagos de las ayudas a las personas con gran dependencia lleguen puntualmente a los beneficiarios y a las entidades proveedoras de los servicios que necesitan. Esta ILP fijaba como “prioritarios” estos pagos. Este jueves 5 de febrero, por fin, el Pleno del Parlamento ha acordado su tramitación, a pesar de la oposición del grupo mayoritario de la Cámara, CiU. Todos los diputados y diputadas de los otros grupos avalado esa tramitación. Han sido Pere Bosch (ERC), Eva Granados (PSC), Rafael López (PPC), David Companyon (ICV), José María Espejo-Saavedra (C 's), Isabel Vallet (CUP) y Marina Geli (diputada no adscrita) .
El presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), Andrés Rueda, ha intervenido en el Pleno del Parlamento para defender la ILP y ha considerado que su aplicación tendría “coste cero” para las finanzas públicas, contrariamente a la opinión de la diputada que ha defendido la enmienda a la totalidad, Maria Senserrich. Rueda ha pedido que se apruebe una ley que garantice el pago que corresponde a los mayores dependientes para evitar “sufrimiento al que ya sufre”. También ha dicho que esta cuestión no debería haber llegado al Parlamento, porque tendría que haberse resuelto antes, y que para hacer frente al sufrimiento no hacen falta pastillas sino “comprensión, solidaridad y el compromiso de las instituciones con las personas que lo necesitan ”.
Senserrich le ha replicado que priorizar el pago a los grandes dependientes iría en perjuicio de otros beneficiarios de prestaciones sociales, como los niños que tienen becas de comedor o las personas que reciben rentas mínimas de inserción. Ha acusado a los diputados que han derrotado la enmienda a la totalidad por engañar a la ciudadanía y al gobierno español por no pagar la parte que le corresponde de la Ley de la Dependencia. “Que hoy se rechace nuestra enmienda a la totalidad no significa que su ILP se acabe aprobando”, ha advertido.
La Ascad comenzó a trabajar en la elaboración de esta iniciativa legislativa en 2012. El departamento de Bienestar Social y Familia emitió entonces un informe desfavorable a su tramitación. La Mesa del Parlamento, sin embargo, aceptó hacerlo. Lo mismo sucedió con la iniciativa legislativa popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía, que entró en el Parlamento más tarde que la de los pagos a la gran dependencia pero que está ya en fase de comisión de trabajo.
El siguiente paso parlamentario es la puesta en marcha de una comisión que analice la ILP y reclame las comparecencias de los expertos que considere necesario. Si las elecciones al Parlamento se adelantan al 27 de septiembre, como ha anunciado el presidente de la Generalitat, es previsible que esta comisión no tenga suficiente tiempo como para aprobar una ley que garantice el pago a los grandes dependientes antes de que se disuelva la cámara legislativa.
