El juez imputa por grupo terrorista a otros cuatro CDR y amplía la causa a las protestas contra la sentencia del procés

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a otros cuatro activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR), a los que vincula con el supuesto grupo terrorista denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT). Se trata de cuatro personas, una de ellas concejal de la CUP en Senmenat Queralt Casoliva, que habrían participado en las protestas que siguieron a la sentencia del procés.

Los cuatro nuevos imputados habrían mantenido contactos con los nueve investigados iniciales, que desde finales de año permanecen en libertad después de que los magistrados encargados de revisar las decisiones del instructor cuestionaran la hipótesis terrorista. Junto a los dos investigados que quedaron en libertad el mismo 23 de septiembre, han sido citados a declarar por videoconferencia el próximo 30 de junio,

En una de las cédulas de citación, a las que ha tenido acceso este diario, el magistrado García Castellón insiste en la misma hipótesis y cita a declarar a uno de los nuevos investigados por pertenencia a organización terrorista “y otros delitos”. Además de su supuesta relación con los otros nueve investigados, el magistrado incluyo como hecho supuestamente delictivo “su participación activa y determinación mostrada” en las protestas que siguieron a la sentencia del procés de mediados del pasado octubre.

En concreto, el juez implica al investigado en los “hechos violentos” ocurridos durante la protesta del 14 de octubre que intentó bloquear los accesos al aeropuerto de El Prat, a la del día siguiente frente a la Delegación del Gobierno así como en los “hechos violentos del bloqueo” de la frontera franco-española del mes de noviembre.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuestionó la atribución de grupo terrorista a los investigados al no ser los ERT una organización terrorista conocida previamente a esta investigación. Asimismo, en el caso de uno de los investigados los magistrados concluyeron que que no había “referencias” en él a la existencia de explosivos como la termita “y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos”.

El magistrado instructor mantiene abierta la causa por los supuestos delitos de integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos. Respecto a los nuevos investigados, el juez asegura que mantuvieron una “participación activa” en los CDR y los ERT, que describe como “un grupo fuertemente organizado y clandestino cuyos miembros clamaban por un aumento de la radicalidad en sus acciones”.

De uno de los nuevos imputados el juez señala que “tenía conocimiento de los hechos que se desarrollaban en el 'laboratorio clandestino'” donde, continúa el instructor, “se preparaban diversos compuestos explosivos, principalmente termita” y que también habría servido para “almacenar y depositar para terceros diferentes precursores y sustancias químicas peligrosas”. También apunta a que los investigados compartían grupos “reducidos” de la aplicación de mensajería Signal.

La organización Alerta Solidària, que defiende a los investigados, ha criticado en un comunicado la ampliación de la causa. “El Gobierno del Estado, de la mano de la Fiscalía, sigue impulsando un proceso contra el independentismo y empecinado en calificar de terrorismo la movilización y la organización popular ampliando los seguimientos y la persecución”, ha aseverado la entidad.