JxCat se resiste a buscar un candidato a la investidura que no sea Puigdemont, Sànchez o Turull
“Nos hemos ganado el derecho a gestionar los tiempos de forma que nos permitan poner el espejo ante un Estado incapaz de respetar lo que dice la ONU”. Con estas palabras ha explicado este miércoles el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, que la decisión del grupo sobre una nueva investidura va para largo. Vetada por el juez la investidura de Jordi Sànchez, la formación se resiste a pasar aún al llamado “plan D”, es decir, proponer al que sería ya cuarto candidato a la presidencia.
Los miembros de JxCat se han reunido este miércoles en Berlín con el president cesado, Carles Puigdemont, para analizar los próximos pasos en esta legislatura que no acaba de arrancar y que se acabará, como tarde, el 22 de mayo si ese día no hay un president investido por el Parlament. Pese a la premura del calendario, la formación postconvergente no cierra la puerta a ninguna opción. Ni siquiera a volver a proponer a Carles Puigdemont.
En las últimas horas voces internas de la formación han defendido rescatar la candidatura del president cesado, tal y como pide la CUP, aunque desde el entorno de Puigdemont se asegura que no es una idea impulsada por él. Lo que sí ha quedado claro en la reunión del grupo de este miércoles es que, por el momento, los únicos nombres sobre la mesa son los del propio Puigdemont, el de Sànchez y el de Jordi Turull. “Pueden ser investidos porque son diputados, no han sido inhabilitados y por tanto tienen sus derechos políticos intactos”, insisten desde la candidatura.
Fuentes de JxCat indican, sin embargo, que la razón que está detrás del enroque en los nombres ya propuestos tiene que ver con las diferencias que mantienen las diversas corrientes internas e, incluso, los diputados particulares. En las últimas semanas se han llegado a barajar hasta media docena de nombres alternativos. Ninguno reuniría el beneplácito de los 34 diputados y las diferentes familias políticas de JxCat.
El pacto de Sant Jordi se demora
La aparente desgana con la que JxCat afronta la búsqueda de un nuevo candidato contrasta con el compromiso adquirido con ERC hace dos semanas. Tras la vuelta a prisión de varios diputados que truncó la investidura de Turull, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una comunicación, el 25 de marzo pasado, instando a España respetar los derechos políticos de Sànchez. Por esta razón JxCat reclamó a los republicanos que volvieran a intentar investirlo.
A cambio, los postconvergentes se comprometieron a buscar un candidato viable antes del 23 de abril, día de Sant Jordi, si la vía Sànchez fracasaba. Según fuentes de las negociaciones, en el pacto firmado no constaría por escrito ninguna la fecha límite, y hablaría de un candidato “viable”.
Habiendo conseguido que JxCat aceptara la llamada “opción D”, el president del Parlament, Roger Torrent, propuso por segunda vez a Sànchez como candidato. Tal como se esperaba, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó que pudiera ser investido, al entender que la comunicación de la ONU no es vinculante. Ahora desde ERC apremian a sus socios a cumplir con lo pactado, algo que estos no parecen tener previsto en el corto plazo.
La reforma de la ley de la Presidència, improbable
Una vía que desde JxCat nunca han descartado es impulsar una reforma de la ley de la Presidència gracias a la mayoría independentista en el Parlament, con el objetivo de calzar legalmente una investidura a distancia. La Mesa del pasado martes, de hecho, aprobó que la reforma continuara su trámite, que actualmente se encuentra en la fase de dictamen por parte del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE).
Con todo, diversas fuentes independentistas reconocen la dificultad de que esta reforma legal sirva para investir a Puigdemont de forma efectiva. Las medidas cautelares impuestas por el Constitucional a la primera candidatura del líder de JxCat dejarían la investidura del expresident suspendida en el momento que se realizara, incluso si la reforma legal llega a aprobarse. Pero ni siquiera es probable que esto suceda, ya que el Gobierno español podría recurrir la reforma en el mismo momento en que el Parlament le dé luz verde, suspendiéndola automáticamente.
