Turull acusa a Llarena de convertirle en un “preso político” y le pide que rectifique

El exconseller de Presidencia Jordi Turull ha acusado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de ser quien le ha convertido en un “preso político” por haberle encarcelado en la causa del 1-O. Ha añadido que en su mano está revertir esta situación, dejar de meter “la justicia en la política”. “Rectifique”, le ha dicho Turull, en la línea de la estrategia de ataque que han exhibido los exconsellers en prisión durante las declaraciones indagatorias.

“No pretendan decir quién debe ser president de la Generalitat”, ha dicho Turull durante su declaración indagatoria, en la que se le han comunicado los hechos por los que ha sido procesado y se le ha preguntado sobre ellos. “No sé si yo era un preso político en noviembre, pero ahora no tengo ninguna duda: usted me ha puesto en la cárcel porque como ha dice literalmente en su auto yo 'no garantizo un acertado retorno al autogobierno'”.

El excandidato a presidir la Generalitat también ha puesto en cuestión la separación de poderes, como hizo ayer Josep Rull. Mientras el Gobierno anunciaba cuando iban a ser los procesamientos y en qué iba a consistir la condena, ha dicho, el Supremo iba diciendo a qué presidente había que elegir para el Govern. Así, Turull le ha pedido que rectifique y que “haga justicia y no política”.

Reclama a Llarena un informe forense

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Turull ha utilizado un tono especialmente duro en su declaración. Ha dicho que no piensa renunciar a sus ideas independentistas y que de los “presos políticos” que salieron de prisión, solo han vuelto a ella quienes han continuado en política. De hecho, ha preguntado a Llarena qué ha hecho durante sus meses en libertad que le hayan llevado a decretar de nuevo su prisión.

Turull se ha mostrado especialmente molesto con una de las frases con las que el juez motivó su vuelta a prisión. “Puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente”, escribió Llarena. El exconseller le ha reclamado el “informe forense” en el que apoya esa afirmación.

Al igual que hizo Rull, ha sacado a colación las declaraciones del Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en las que negaba que el 1-O se pagase con dinero público. Ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se expresó en los mismos términos y que eso descarta el delito de malversación.

El auto de procesamiento acusa a Turull de impulsar la movilización desde sus funciones de portavoz del Gobierno de la Generalitat. Además, señala que gestionó y diseñó la publicidad del referéndum y coordinó las infraestructuras informáticas para la votación y reclutamiento de voluntarios. Lleva en prisión desde el pasado 23 de marzo, cuando el juez le encarceló en medio de las votaciones para elegirle president de Catalunya.

Forcadell se desentiende de las leyes de ruptura

A Forcadell, como presidenta de la Mesa del Parlament, se le otorga una “participación medular” desde el comienzo del procés. El auto le acusa de dirigir el incumplimiento de las prohibiciones del Constitucional impulsando las leyes que sustentaron el referéndum. “Su participación ha ido de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del proceso”, añade el auto, que recuerda su participación en distintas manifestaciones.

Durante su declaración indagatoria, Forcadell ha dicho que siempre se respetó el reglamento del Parlament y ha trasladado la responsabilidad de las leyes de ruptura a los grupos o al propio Govern, que eran quienes las registraban. Ella se limitó, ha dicho, a garantizar que “se pudiera hablar de todo”.

Ha reiterado el carácter pacífico de las movilizaciones de la ANC, organización que presidió: “Soy una persona absolutamente pacifista y, si para perseguir mis convicciones políticas es precisa la violencia, antes renunciará a estas que permitir ningún acto violento”.

Bassa, por su parte, controló los locales dependientes de la Consellería de Trabajo y permitió que su departamento soportara parcialmente el gasto de papeletas, censo y citaciones a los componentes de las mesas electorales. En su declaración, de apenas unos 15 minutos, ha dicho que la violencia el 1-O la causó la intervención policial. Asegura que esperaba que fuese una consulta como la del 9N, pero que las cargas policiales lo convirtieron en un acto violento.

La exconsellera pedido al juez que la deje en libertad porque no hay riesgo de fuga y ha abandonado la política, así que no hay riesgo de fuga.